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Desplazados por el ruido. Así se sienten cientos de habitantes de Bogotá de sur a norte. Aunque la Ley 2450 llegó como un consuelo para los bogotanos agobiados por el alto volumen en zonas de rumba, casos como el de Catalina Benavides*, quien sufre hiperacusia y es atormentada por el ruido de una discoteca que funciona hace seis años al lado de su casa, en Chapinero; el de Lina Castañera, de La Marichuela (Usme), cuya madre murió siendo dependiente de las gotas para dormir, y la molestia de los vecinos de la calle 93 con 11, a quienes las chivas rumberas les impiden conciliar el sueño, evidencian que su aplicación está en entredicho.
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La norma fijó responsabilidades a entidades territoriales, autoridades ambientales y la Policía para reducir la contaminación sonora y proteger la salud de la ciudadanía. En Bogotá, esta tarea le corresponde a la Secretaría de Ambiente, junto a las alcaldías locales y la Policía, que deben vigilar cualquier actividad que provoque ambientes sonoros con más de 65 decibeles (dB) en el día y 55 dB en la noche, pero el problema crece, como lo muestran las denuncias que recogen y mapean colectivos como Activos X El Ruido, que piden que se cumpla la ley, con campañas como #LaPesteDelInsomnio enferma.
Violencia acústica
Iván, administrador del edificio JS (calle 65 con 11), coincide con lo que afirman varios entrevistados: “Después de la pandemia empezó una proliferación de cervecerías y discotecas. En el sur, Lina Castañera añade: “Llevo 20 años en La Marichuela. Cuando llegamos había un bar y hoy hay 20 en la cuadra. El ruido es terrible. Mi mamá tenía que tomar gotas para dormir. Murió de un paro. No sabemos si eso influyó”.
No existe un dato preciso de cuántos bares y discotecas hay en la capital, pues muchos operan sin permiso. Datos de la Cámara de Comercio y el Distrito dicen que hasta 2019 había registro de 30.473 establecimientos de venta de licor, pero solo localizaron 13.404 y 158 tenían licencia de construcción. En el caso de Usme, por ejemplo, denuncian la presencia de establecimientos cerca a colegios, a pesar de que está prohibido, así como su instalación cerca de predios residenciales. En el barrio La Marichuela han enviado solicitudes a las autoridades, sin éxito. La constante entre los denunciantes es que sí hay respuestas y trabajos de inspección, incluso les han reportado operaciones y cierres de negocios por irregularidades, “pero el ruido persiste al día siguiente”, comentó Lina.
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Igual sucede en Chapinero, en donde la alcaldesa local, Alexandra Mejía, reconoce que ha tenido que denunciar en la Fiscalía la reapertura inmediata de establecimientos cerrados por ruido u otras faltas. “Esto implica voluntad política y pisarles los callos a algunas personas. La primera vez que me amenazaron fue en un sitio que no cumplía con las medidas de red contra incendios, pero desde que estoy trabajando el tema de ruido han aumentado”, dice la funcionaria, quien destaca que entre enero y mayo han abierto 33 procesos sancionatorios. El año pasado fueron seis.
Chivas y otras rumbas
“Llegué con mi familia hace un año desde Nueva York buscando una vida más tranquila. Al principio estuvimos en casa de mi suegra hasta que encontramos lo que creímos era el apartamento perfecto: en la carrera 11 con calle 93. Está en una zona segura, con buenas opciones de entretenimiento, restaurantes y una excelente oferta educativa para mi hijo. Todo parecía ideal… hasta la noche del primer viernes”, contó un ciudadano.
Las chivas rumberas, que circulan por el parque de la 93, se estacionan justo frente a su edificio. “Bloquean un carril y generan un nivel de ruido insoportable, principalmente los viernes y sábados, y, a veces, también los miércoles”. El vecino radicó derechos de petición ante la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía de Chapinero. “Ambas reconocieron que esta actividad es ilegal, pero que la ley no contempla sanciones. Ambiente, incluso, después de pedirme direcciones y nombres de las chivas, concluyó que no era de su competencia. La última respuesta vino de la Secretaría de Movilidad, reconociendo que no tienen cómo sancionar, aunque aseguran estar haciendo operativos. Todo sigue igual”.
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Y los problemas por el ruido también afectan la sabana. En Madrid (Cundinamarca), por ejemplo, una familia acudió a la tutela para enfrentar el ruido de bares alrededor de un colegio y una zona residencial. Además, denunciaron ante la Fiscalía amenazas en su contra, por liderar un proceso comunitario para que los bares bajen el volumen. “Me considero desplazada por el ruido. Somos dos personas mayores que hemos tenido problemas al vivir frente a tres bares. Tengo sustentado, por conceptos de mis terapeutas en la EPS, trastornos de ansiedad, estrés y depresión producto de la violencia acústica. Lo he anexado a los procesos, pero no los han tenido nunca en cuenta”. Los otros denunciantes también dijeron padecer trastornos de sueño, síntomas de depresión y agotamiento diario.
Aplicar la ley
“En una ley tan nueva, con tanto desconocimiento y tantos intereses de que no se aplique, ha sido difícil hacer cumplir la norma”, comentó la alcaldesa de Chapinero, quien reconoce que lo más difícil ha sido articular a la Policía. “He tenido que ir hasta el CAI Lourdes, a las 6:00 de la mañana, a decirle a la patrulla que venga y verifique. Al barrio le dicen: “Pero es que estamos maniatados por la Policía”, dice un vecino de Chapinero.
“La Policía nos ha dicho de frente: ‘Yo ahí no me meto’”, concluye la alcaldesa. “¿Cuál es su temor? Y aquí hay que ser solidarios y entenderlos. Cuando un policía —que gana entre $1’800.000 y $2’800.000— pone la medida del comparendo, el empresario lo demanda. Para el dueño del negocio —que factura por botella de whisky $500.000— no es problema hacerlo, pero la institución no le presta servicio de abogado al policía; él tiene que pagarlo solo”, indicó.
La Comisión de Seguimiento a la Ley contra el Ruido, en el Congreso, continúa llevando registro de los retos y acuerdos para la aplicación de la Ley. Hace poco se logró concertar que la Policía delegara a un mayor para hacer el ABC de la aplicación de la Ley contra el Ruido, que dote de más herramientas a las autoridades para hacerla cumplir.
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Este paso, sin duda, será complejo en una ciudad densa que requiere mayor articulación para establecer los límites entre los derechos de los comerciantes, con su derecho al trabajo, y el de los habitantes, que buscan descanso. Podría ser la oportunidad para demostrar que en Bogotá estas leyes, que son una victoria de la gente, no queden únicamente en un texto de 29 páginas y sean efectivas para que todos puedan conciliar el sueño.
* Los nombres de los denunciantes fue cambiado debido a las amenazas que han recibido
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Por Juan Camilo Parra
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