Luego del susto por el deslizamiento de dos millones de metros cúbicos de tierra como consecuencia de la explotación minera bajo el suelo en el que está construido el barrio Villa Jackie, y tras la reubicación temporal de 88 familias que vivían en 81 predios de la zona, la gran pregunta es qué va a pasar con dichos terrenos.
La multinacional cementera Cemex, que extrae grava en la mina, comenzará el jueves la negociación de los seis predios más cercanos al deslizamiento.
Dicha labor cuenta con acompañamiento de la Personería y la Defensoría del Pueblo, pero los habitantes de la zona están inconformes por el precio que se les pagará por sus predios, que partiría del avalúo comercial. Otros dicen que antiguos habitantes decidieron volver para intentar beneficiarse con la negociación. Piden hasta $90 millones por viviendas registradas por menos de la tercera parte de ese valor.
Mientras se concreta la venta, la cementera pagará el arrendamiento de dichas familias hasta por un valor de $400 mil mensuales.
Pero así como los habitantes de la zona han visto muy activas a las directivas de la firma en su afán por evitar una tragedia, también hay quienes le cuestionan la supuesta continuidad de la explotación minera en plenas labores de emergencia. Es el caso de la representante Lucero Cortés, quien sostiene que de acuerdo con la Resolución 1507 del 28 de julio de 2006, ante un deslizamiento como el del 20 de mayo no sólo se ha debido suspender la explotación, sino que la autoridad ambiental tendría que haber iniciado procesos sancionatorios en caso de incumplimiento. Oficialmente, Cemex suspendió sus labores de explotación en el área el día del derrumbe.
Por Élber Gutiérrez Roa
