El inicio de diciembre fue amargo para Noelia* y su hija Liliana*. El primer jueves del mes estuvieron ante un juez en audiencia virtual, escuchando de una fiscal la imputación por violencia intrafamiliar agravada. Los cargos se los endilgaron luego de que Jorge* interpusiera en cinco meses seis denuncias penales, asegurando que ellas lo habían agredido verbal y psicológicamente en medio de discusiones por la custodia de la hija, de un año, que tiene con Liliana.
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En la audiencia narraron cómo supuestamente las imputadas amenazaron de muerte a Jorge. Noelia y Liliana no aceptaron los cargos y, luego, la fiscal formuló acusación, con la cual quedaron ad portas de un juicio, por un delito con una pena hasta de ocho años.
Una historia de maltrato
Liliana y Jorge iniciaron una relación y vivieron juntos nueve meses, hasta antes de que naciera su hija Diana*. Según Liliana, ese tiempo estuvo marcado por maltratos. “Tenía 19 años y él 31. Cuando empezamos a convivir empezaron los problemas. Era posesivo, me quería en la cocina, que no me viera con nadie y él era mi único medio de comunicación. Me ocultaba que mi mamá me llamaba. Después de separarnos, él seguía tocándome cuando iba por la niña, y me decía que debía aceptarlo”.
Tras la separación y el nacimiento de la pequeña, Liliana volvió a la casa de su madre. La situación, lejos de mejorar, empeoró. Comenzaron las citaciones en la Comisaría de Familia, para definir la custodia de la niña. Primero le otorgaron el cuidado a Noelia (su abuela, de 39 años) por cuatro meses. Luego volvió a estar bajo custodia de su mamá, con la obligación de que Jorge pagara $150.000 al mes como cuota de alimentos, con derecho a dos visitas al mes.
Sin embargo, las dos relataron que, bajo la excusa de las visitas, él intentó retomar la relación con Liliana. “Nunca ha aceptado que Liliana no quiere una relación con él. Es una persona posesiva y machista. No acepta eso y la manipula por la niña”, dijo Noelia. La manipulación se podría constatar en lo dicho por Jorge ante la Comisaría Novena de Familia de Fontibón, la Fiscalía y en los mensajes vía WhatsApp a Noelia. Actas, denuncias y chats en poder de El Espectador.
Las denuncias contra madre e hija
Según la acusación contra Liliana y Noelia, ellas hasta lo han amenazado de muerte. Además, dice que la niña ha sido “víctima de maltratos por su abuela”. El padre la llevó en varias ocasiones a que la valorara Medicina Legal, diciendo que “aparecía con un morado en la pierna, en el brazo o en la cara, como si la maltrataran”.
Noelia, por su parte, explica que el golpe en el rostro fue producto de una caída en casa, “porque está aprendiendo a caminar” y que su brazo estuvo inflamado producto de las vacunas. Sin embargo, en el acta de incidente de levantamiento de medida de protección de la Comisaría de Familia, Jorge expresó que agradecía a Noelia por ayudarle a ver a la niña.
“A Liliana solo le pido que tengamos una relación cordial por la niña” y, en la parte del análisis probatorio, ambos ratificaron, bajo la gravedad de juramento, que “no se han presentado hechos de violencia en contra de la niña (…)”. Así mismo, un mensaje que le envió a su celular muestra que tenía la intención de retractarse: “Voy a la Fiscalía para quitar la denuncia suya”.
Un patrón recurrente
Según cifras de la Secretaría de Integración Social, entre enero y noviembre de 2021 atendieron en Bogotá a 44.560 personas que solicitaron citas por conciliación de alimentos, custodia o visitas a niñas, niños y adolescentes. Un promedio de cinco personas por hora.
No obstante, la conducta de Jorge no parece un caso aislado. Según Adriana Alquichides, abogada especialista en Derecho de Familia, “son más comunes de lo que uno se imagina, pues el agresor traslada al ámbito público las violencias que ejercía en el ámbito privado, usando la administración de justicia para ejercer daño a su expareja e instrumentalizando el ejercicio de la custodia y las visitas de los hijos”.
Para Alquichides, en los casos donde los agresores denuncian a sus exparejas, los fiscales y jueces deberían aplicar criterios del bloque de constitucionalidad sobre la violencia contra las mujeres, para “que sus decisiones no sean otro elemento de violencia y que analicen que no haya discriminación por el hecho de ser mujeres”.
La profesional opina que cuando un proceso avanza a una imputación fortalece al agresor. “Se debe analizar si es una instrumentalización de la justicia para perpetuar violencias, porque llegan al punto de decirles: ‘No declaro contra ti, ni tú contra mí’. Y se les debe garantizar una defensa técnica con perspectiva de género”, puntualizó.
Ahora, Noelia y Liliana aguardan con angustia la próxima citación ante el Juzgado 40 Penal el 14 de febrero de 2022, tiempo en el que tendrán que conseguir un abogado de confianza, pues la defensora pública asignada se los aconsejó. Una tarea complicada para las dos (una en la informalidad y otra en el desempleo), pues no cuentan con recursos para pagar uno. “Luego de las deudas por la pandemia, perder días de trabajo por citaciones es complicado. Eso significa estar atrasada en arriendos y en los pagos. La parte emocional es difícil, te levantas pensando en eso y es angustiante”, dice Noelia.
La Secretaría de la Mujer está al tanto de este caso, para poder brindar asesoría y acompañamiento psicosocial. Y, por su parte, Liliana espera que la denuncia que interpuso contra Jorge por agredirla a ella y a su hermana, en mayo pasado, avance con igual rapidez que el proceso contra ella y Noelia, quien hace un llamado de alerta y auxilio: “Tengo siete hijos y nunca he tenido un lío de estos con los papás de ellos. Ahora tengo miedo, porque si un juez me condena, ¿qué pasará con mis hijos? Y todo porque una persona se siente con el derecho a agredir a las mujeres”.
*Nombres cambiados por protección.
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