El 22 de mayo de 2025, una requisa policial en Suba terminó en tragedia. Angie Rodríguez Morales, de 27 años, murió tras recibir un disparo en medio de un procedimiento rutinario de control en el espacio público. Días después familiares, amigos y vecinos se reunieron frente al CAI La Gaitana para exigir justicia. La velatón comenzó en calma, pero terminó en disturbios.
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En contexto: Velatón en Suba en memoria de Angie Rodríguez terminó en disturbios
La indignación no solo era por la muerte de Angie, sino por lo que parecía condensar: la posibilidad de que un procedimiento cotidiano derivara en el uso letal de la fuerza.
Según la versión oficial, el patrullero —hoy retirado— disparó tras una supuesta agresión con arma blanca. Sin embargo, organizaciones de DD. HH. dicen que la joven no portaba armas, no representaba amenaza real y que el uso del arma de fuego fue desproporcionado. Además, que tras el disparo la obligaron a caminar varias cuadras mientras se desangraba, lo que impidió una oportuna atención. Este fue uno de los tres homicidios por violencia policial en el país en 2025 registrados por la plataforma GRITA, de la ONG Temblores. Los otros dos fueron en Cundinamarca. Pero más allá de la gravedad, el caso ilustra un patrón más amplio.
Bogotá, epicentro de agresiones
El informe de Temblores documentó 94 hechos de violencia policial en Colombia durante 2025, con al menos 122 víctimas. Bogotá concentra el 50 %, para una tasa de 6,5 casos por cada millón de habitantes, muy por encima de cualquier otro territorio. Para Camilo Mendoza Zamudio, investigador del Observatorio de Violencia Policial de Temblores, esta concentración no responde solo al tamaño de la ciudad. “Bogotá es un espacio donde confluyen desigualdades muy profundas, economías informales y múltiples formas de habitar el espacio público que, desde ciertas visiones institucionales, son leídas como problemáticas”, explica. Esa lectura, añade, se traduce en prácticas de control que, en muchos casos, terminan en abusos.
El espacio público como escenario de conflicto
El informe señala que el 48,9 % de los casos de violencia policial en el espacio público se da en contextos como actividades de ocio, tránsito o trabajo informal. Lejos de situaciones excepcionales, los datos apuntan a una tendencia: la violencia policial se inserta en la regulación cotidiana de la ciudad. Estar en un parque, consumir alcohol, hacer arte urbano o simplemente reunirse en la calle puede convertirse en motivo de intervención. En ese proceso, prácticas como requisas, comparendos o controles de identidad —muchas veces irregulares— abren la puerta a escaladas de violencia.
“La Policía termina operando como una herramienta para expulsar a ciertos sectores del espacio público”, señala Mendoza. “Hay una idea de orden que privilegia ciertos usos y excluye otros”. Esa lógica también se refleja en el perfil de las víctimas. El 54 % involucra a poblaciones en condición de vulnerabilidad, entre ellas estudiantes (15,7 %), consumidores de sustancias psicoactivas, artistas urbanos y líderes sociales.
Procedimientos irregulares
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el aumento en 33 % de los llamados “procedimientos irregulares”, que incluyen desde requisas abusivas hasta retención de documentos, daños a pertenencias o actuaciones sin identificación policial. Muchas, advierte Temblores, están normalizadas tanto por los agentes como por la ciudadanía. Pedir la cédula sin justificación, impedir que un procedimiento sea grabado o imponer comparendos sin sustento legal son ejemplos.
Aunque puedan parecer menores, estos actos suelen ser el punto de partida de violencias más graves. El caso de Angie ilustra esa escalada: una requisa derivó en un disparo. A esto se suman las tensiones por el consumo de marihuana en el espacio público. Aunque la ley permite la dosis personal, su regulación en Bogotá es dispersa y, en muchos casos, contradictoria, lo que deja amplio margen a la interpretación de los uniformados. Para Temblores, este vacío ha convertido a los consumidores en uno de los focos más frecuentes de intervenciones que terminan desbordándose.
Menos casos, pero no necesariamente menos violencia
Desde 2022, los casos de violencia policial han disminuido. En 2025 fue del 14,5 %, frente al año anterior. Sin embargo, la caída es leve, lo que, según Temblores, sugiere un estancamiento en las transformaciones institucionales. Además, no todas las violencias siguen la misma tendencia. Mientras algunos indicadores bajan, otros —como los procedimientos irregulares— aumentan.
A esto se suma el subregistro. La organización reconoce que muchos casos no se denuncian debido al miedo a represalias (más cuando el victimario es un agente del Estado), la desconfianza en la justicia y las barreras institucionales. Datos de Medicina Legal, por ejemplo, reportan al menos 65 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por la Policía en 2025, pero ninguno apareció en los rastreos de la plataforma GRITA.
Discrecionalidad y uso de la fuerza
Uno de los puntos críticos, advierte la organización, es la amplia discrecionalidad que aún tienen los policías para decidir cuándo usar la fuerza. Aunque en los últimos años se han expedido normas que priorizan el diálogo y se establecen límites —como la transformación del Esmad en la Undmo y nuevas regulaciones sobre armas “menos letales”—, en la práctica sigue siendo el agente quien evalúa la situación.
Ese margen de decisión es clave para entender por qué procedimientos aparentemente menores pueden escalar. En el caso de los tres homicidios registrados en 2025, el 100 % fue cometido con armas de fuego. Para Temblores, esto plantea la necesidad de revisar el porte de este tipo de armamento en labores de patrullaje.
El informe también documenta 10 muertes en contextos de custodia policial. Nueve ocurrieron en estaciones de policía y una en un centro de traslado por protección. Ocho de esas muertes estuvieron relacionadas con un incendio, en medio de denuncias de negligencia y falta de atención oportuna. El problema, advierten, es estructural: hacinamiento, falta de infraestructura y ausencia de formación adecuada para los agentes encargados de la custodia.
El giro que se plantea en la regulación de la protesta
En medio de este panorama, la discusión sobre el uso de la fuerza no se limita a lo que ya ocurre en las calles. También se juega en los cambios que la administración distrital estudia para regular la protesta social.
Actualmente, las movilizaciones se rigen por el Decreto 053 de 2023, que prioriza el diálogo y establece límites al uso de la fuerza. Sin embargo, la Alcaldía ha planteado la necesidad de modificar este protocolo, en medio de tensiones por bloqueos y, particularmente, por las afectaciones a la movilidad. Aunque los detalles de la reforma aún no son públicos, la discusión ha generado preocupación en organizaciones de DD. HH. que advierten sobre un posible endurecimiento de la respuesta institucional.
Para Temblores el riesgo es claro: que, bajo la idea de proteger el orden y la movilidad, se amplíen los márgenes para el uso de la fuerza en contextos de protesta. El debate es el mismo que atraviesa todo el informe: cómo regular el espacio público sin convertir ese control en una forma de exclusión o violencia.
Más allá de las cifras
Aunque los datos muestran una reducción en el número de casos, el informe concluye que las transformaciones han sido insuficientes para cambiar las dinámicas que permiten la reproducción de la violencia. El control del espacio público, lo que la organización considera la “militarización de la cotidianidad” y la discrecionalidad en el uso de la fuerza, las barreras para denunciar y las condiciones de custodia aún son puntos críticos.
El caso de Angie Rodríguez no es solo un hecho aislado, sino una muestra de cómo, en ciertos contextos, la frontera entre el control de las autoridades y la violencia letal puede ser más delgada de lo que indican las normas. Además, de cómo, en la práctica, el uso de la fuerza sigue siendo parte de la vida cotidiana de la ciudad.
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