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Una vez más, Integración Social informó que algunos líderes de familias de la comunidad emberá asentada en el Parque Nacional, bloquearon el acceso de servicios a los menores que allí se encuentran.
A través de un comunicado, la entidad distrital señaló que este lunes funcionarios se acercaron a ofrecer los servicios sociales y educativos como jardines infantiles, colegios y Centros Amar, pero voceros prohibieron la entrada. Incluso, una fotografía deja ver el mensaje en una lona donde expresan que está “prohibida la entrada a funcionarios a partir de hoy”.
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Según Integración Social, los líderes justificaron su decisión, entre tanto las entidades distritales contraten a miembros de su comunidad, les entreguen kits de alimentos y los reubiquen en un nuevo albergue. “Negar este acceso profundiza su situación de vulnerabilidad y va contra las acciones del distrito dirigidas a la protección de las niñas, niños y adolescentes según lo ordena nuestro mandato constitucional”, señaló la entidad.
En el Parque Nacional, permanecen cerca de 240 niñas, niños y adolescentes en condiciones precarias y de alto riesgo. De esta manera, el Distrito anunció que radicará la denuncia penal correspondiente. “La garantía de los derechos de la niñez no puede estar sujeta a ninguna negociación o exigencia de carácter transaccional. Lo dispuesto en el Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, señala que los derechos de la niñez prevalecen por encima de los derechos de los demás y deben ser protegidos integralmente para garantizar su desarrollo armónico”, concluyeron.
¿En qué va el proceso de relocalización?
En cumplimiento de una orden judicial, tras un incidente de desacato que interpuso la Personería de Bogotá, el Distrito trasladará a finales de agosto a 1.100 indígenas emberá, que hoy viven en la UPI La Rioja y el Parque Nacional, a un lugar con condiciones más dignas. Se trata de la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC, cerca de la terminal de transporte del Salitre.
Sin embargo, la decisión no cayó bien entre los vecinos del sector de Ciudad Salitre Occidental, que protestaron y adelantaron mesas de conversación con la Secretaría de Gobierno.
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El Distrito recordó que el traslado de estas familias a un nuevo predio, es una medida transitoria, mientras el Gobierno Nacional, en cabeza de la Unidad de Víctimas, concreta los procesos de reubicación o retorno como parte de la solución sostenible para esta comunidad indígena.
Desde la Unidad para las Víctimas indicaron el pasado 26 de mayo que avanzan en la definición de una ruta de retorno en los próximos tres meses.
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Por Redacción Bogotá
