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En la zona rural de Chocontá, a la altura de la vereda Chingacio, las autoridades ambientales detectaron un nuevo vertimiento contaminante sobre el río Bogotá. Esta vez, la descarga provenía de una curtiembre que arrojaba aguas residuales industriales sin tratamiento previo, pese a contar con una autorización vigente para realizar las descargas con los protocolos adecuados en otro punto.
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El hallazgo se produjo durante un operativo de control en el que participaron técnicos ambientales y la Policía. Durante la visita las autoridades descubrieron salida directa de aguas residuales derivadas del curtido de pieles, con niveles que superan los límites permisibles, directamente en aguas del maltrecho río Bogotá. Aunque la curtiembre tiene permiso para verter residuos, la descarga observada no correspondía al punto autorizado y se encontraba a unos 40 metros de distancia del lugar aprobado, confirmó Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR.
La inspección permitió establecer que, si bien la empresa cuenta con una planta de tratamiento, las aguas que llegaban al río no estaban pasando por ese sistema, pasándose por alto todos los protocolos que habían acordado respetar. Pruebas de laboratorio confirmaron que el vertimiento, que además de sumar detritus en las aguas del río, afecta gravemente el suelo que lo rodea.
Durante la visita también se identificaron otras irregularidades, como el manejo inadecuado de residuos peligrosos y el abandono de envases de productos químicos utilizados en el procesamiento de pieles. Estas prácticas agravan el impacto ambiental de una actividad que históricamente ha sido señalada como una de las principales fuentes de contaminación del río, especialmente en los municipios del norte de Cundinamarca.
El caso de Chocontá se suma a una larga cadena de episodios similares en los que curtiembres operan con permisos formales, pero incumplen las condiciones técnicas y ambientales establecidas. A pesar de las órdenes judiciales que desde hace años exigen soluciones estructurales para la recuperación del río Bogotá, los vertimientos ilegales continúan apareciendo, lo que evidencia las limitaciones de los controles y la lenta transformación del sector.
El operativo frenó de manera puntual la descarga contaminante, pero vuelve a dejar en evidencia un problema persistente: la distancia entre las normas ambientales, las sentencias judiciales y la realidad cotidiana de un río que sigue recibiendo residuos industriales a cielo abierto.
El nuevo plan que busca saldar una deuda histórica con el río Bogotá
Hablar hoy del río Bogotá, y de cualquier intento por protegerlo y descontaminarlo, exige partir de una verdad incómoda: la región se planeó, y ha vivido durante décadas, a espaldas del agua que la sostiene. La deuda histórica que la región tiene con uno de sus afluentes más importantes es tal, que pese a los intentos, mesas técnicas y estrategias de cooperación para garantizar su protección, el río Bogotá sigue siendo sinónimo de suciedad y desamparo.
En ese escenario crítico, la CAR y la RAP-E (Región Administrativa y de Planificación Especial), suscribieron un convenio de COP 60.300 millones, cuyo objetivo fundamental es impulsar la recuperación de las cuencas alta y media del río Bogotá. El anuncio coincide con un debate aún más profundo que ha estado marcado por múltiples tensiones: las reglas que definirán qué se puede construir en la sabana y qué se debe proteger para garantizar un futuro que no repita los errores del pasado. Esa discusión está hoy en manos del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), entidad encargada por el Consejo de Estado de liderar un proceso amplio de concertación sobre estos lineamientos.
Un territorio que ignoró el agua
Como lo explica el exgerente de la RAP-E Ricardo Agudelo, el problema no es nuevo ni técnico, sino estructural. Bogotá y sus municipios vecinos se expandieron ignorando su base hídrica. Borraron humedales, urbanizaron las rondas de ríos y quebradas, maltrataron los páramos y se permitió que la ciudad creciera sobre lo que antes era un sistema hídrico integrado, sin una planeación capaz de soportar semejante reto a futuro.
Con los años, la sabana terminó entendiéndose como un soporte inmobiliario y un espacio para la expansión industrial, y no como un ecosistema vivo fundamental en cuya protección recae la salud de la región. Las consecuencias son evidentes: desbalance hídrico, pérdida acelerada de ecosistemas claves en la regulación hídrica y del suelo agrícola, además de cuerpos de agua altamente contaminados y una expansión urbana sin control.
Cuando Agudelo advierte que la demanda de agua ya supera la oferta en un 43 % no exagera: resume lo que diversos estudios vienen advirtiendo hace años y es que, de seguir con ese modelo, las consecuencias en términos de suministro y contaminación serán cada vez más complejas de asumir, máxime con una región cada vez más habitada.
Es preciso señalar que la contaminación del río Bogotá tiene múltiples aristas que necesitan atención urgente. En la parte alta del afluente, las curtiembres, la minería y los escombros, entre otros agentes, generan un alto impacto. A estas fuentes se suman fertilizantes y pesticidas usados en actividades agrícolas y las aguas residuales que arrastran los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, tres de sus principales afluentes en la parte baja del río.
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Por Redacción Bogotá
