En la edición del 23 al 29 de marzo, El Espectador publicó un artículo sobre el funcionamiento ilegal de algunos bares en la zona rosa, enmarcada entre las calles 81 y 85; y las carreras 11 y 15. Allí se habló sobre la incomodidad que los habitantes del sector estaban teniendo generada por el volumen de la música, la inseguridad del sector y el uso indebido del suelo por parte de algunos establecimientos. Los barrios afectados son El Nogal, El Retiro, El Espartillal, Teruel, Parque 80, Nepar, Parra y Acero.
La historia comenzó en 2002 cuando se radicaron reclamos ante el entonces alcalde Antanas Mokus, quien le pidió a la Alcaldía Local de Chapinero analizar las quejas y tomar las medidas del caso. En 2003 se enviaron comunicaciones a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación. En 2004, la Alcaldía Local informa que está adelantando procesos administrativos en contra de casi 30 bares, y en junio de ese año el Departamento Administrativo de Planeación responde que efectivamente dichos bares no están permitidos. En 2005 la Fundación Parque 80 radica una acción popular en contra de la Alcaldía de Chapinero. En 2007 se expidió el decreto 059 de febrero 14 de 2007, que es la normativa que rige actualmente las UPZ (Unidades de Planeación Zonal) 88/97 El Refugio y Chicó-Lago. La norma reza que este sector sólo tiene como usos permitidos, aparte de la vivienda, edificaciones para museos, bibliotecas, oficinas y establecimientos de comercio de bajo impacto, como tiendas de videos y servicios de internet. No están permitidos los servicios de alto impacto, como bares y discotecas. Esto aplicaría para el área contemplada entre las calles 79 y 81, entre las carreras 11 y 15.
En marzo de este año, el Consejo de Estado falló a favor de la Fundación Parque 80 y de la comunidad y ordenó el cierre definitivo de los bares que no cumplen con la normatividad, en un plazo de tres meses; cierre temporal de establecimientos que violen alguna regla de convivencia ciudadana por uso indebido del suelo y cierre definitivo en caso de reincidencia. Asimismo, ordenó conformar un comité de seguimiento para adelantar operativos dos veces por semana durante seis meses.
“El plazo se venció el pasado 28 de junio y hasta la fecha, más de un mes después, la alcaldesa no ha tomado todas las medidas ordenadas”, afirma la concejala Ángela Benedetti, quien le ha hecho seguimiento al tema. Por su parte, la actual Alcaldesa de Chapinero, Blanca Inés Durán, asegura que los propietarios de estos establecimientos conocen la decisión. “Todos estos bares tienen expediente de cierre, pero en su mayoría han interpuesto reposiciones o apelaciones y debemos esperar al fallo que emita el Consejo de Justicia. Pero como el proceso es tan lento, esto puede durar muchos meses”, explica la alcaldesa. Es decir que, en el momento de emitido el fallo y durante los tres meses de plazo, ellos podían apelar la
decisión y esperar una respuesta. Esto lo hicieron algunos propietarios. Antes de una decisión judicial definitiva, ninguna autoridad puede cerrar dichos establecimientos, pero sí hacer un cierre temporal.
Sin embargo, aún hay cuatro establecimientos que no interpusieron apelación alguna y siguen funcionando normalmente. Al respecto, la alcaldesa dice: “Ellos ya tienen orden de cierre definitivo y en estos días la Policía debe adelantar el proceso”. Según declaraciones de Benedetti, hasta mediados de esta semana todos los establecimientos funcionaban normalmente. En cuanto al comité de seguimiento y verificación, Benedetti afirma que las visitas no se están haciendo en las fechas ordenadas por el fallo, que son viernes y sábado. La alcaldesa explica: “Los hacemos jueves y viernes u otro día de la semana, ya que el sábado no hay tanta gente. Además, no contamos con el personal ni las herramientas necesarios para hacer cumplir las normas debido a que los procesos del Consejo Superior de Justicia son muy demorados y no podemos cerrar los bares así no más porque se debe cumplir el debido proceso”.
Lo cierto del asunto es que, a pesar de que se han tomado las medidas preventivas y correctivas por parte y parte, después de todo, los vecinos de la zona rosa siguen desvelados, afrontando problemas de ruido intenso, drogadicción e inseguridad.
Por Vannesa Romero Castrillón
