En diciembre de 2012, cuando el alcalde Gustavo Petro renegoció los contratos de recolección de basuras con las empresas privadas, el Distrito indicó que tendrían vigencia hasta que se adjudicara una nueva licitación en la que se definiría qué operadores y en qué zonas podrían trabajar. Este proceso, según la administración, duraría menos de seis meses. Han pasado casi dos años y lo que se anunció como transitorio parece permanente.
Esto a pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó en septiembre pasado que el Distrito debía retornar a un sistema de recolección de basuras en el que reinara la libre competencia o que al menos funcionara con áreas de servicio exclusivo para los operadores. Aunque ese esquema es similar al que se aplica actualmente, debería estar amparado en una licitación con términos y plazos claros.
La historia se remonta a 2010, cuando se vencieron los contratos de concesión que les permitían trabajar a cuatro operadores privados: Ciudad Limpia, Lime, Atesa y Aseo Capital. En 2011 (administración de Samuel Moreno) la Corte Constitucional tumbó la licitación que prorrogaba la concesión, pues no aseguraba la inclusión de la población recicladora. En 2012, Petro, con su apuesta por un nuevo modelo, sacó a Atesa, renegoció con los otros tres y metió en el negocio a Aguas de Bogotá, empresa pública filial del Acueducto, que hoy recoge basuras en el 52% de la ciudad.
Pero la intervención del Distrito no tuvo el aval de la SIC, que en septiembre pasado consideró que a los privados se les impusieron condiciones que limitaban la libre competencia. Como sanción, además de multar al Distrito por $80.000 millones, le dio seis meses para que retornara a las áreas de servicio exclusivo, que deben ser adjudicadas mediante licitación, y le indicó que los recicladores debían ser parte del nuevo esquema, como había ordenado la Corte.
El plazo para el cambio se cumple este mes y le corresponde a la SIC pedir explicaciones a la Alcaldía sobre los pasos que ha dado para cumplir la orden. Hasta ahora, aunque la administración ha avanzado con la inclusión de la población recicladora, no hay noticia de la licitación. De hecho, hace un mes Petro afirmó que no era necesaria y esta semana declaró ante la Corte Constitucional: “Si el fallo de la SIC se aplica (...) sacan a miles de recicladores del mercado y los condenan de nuevo a los estados de indigencia en los que estaban”.
Prueba de la poca intención de la administración de abrir la licitación de aseo se deduce de la información que suministra la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA), que indica que en noviembre de 2012 el Distrito le presentó por última vez una propuesta para abrir el proceso, que fue rechazada porque el modelo no era sostenible.
Lo cierto es que hoy a cada operador privado le corresponde un sector de la ciudad, pero desde que Petro renegoció con ellos trabajan con contratos diferentes al de concesión y sin término definido, ya que existe una cláusula que señala que operarán hasta que se adjudique una nueva licitación. Hoy los privados, además de tener menos responsabilidades, tienen ingresos fijos garantizados por el Distrito, como cualquier contratista. Es decir, no dependen de lo que recauden vía tarifa, como ocurría antes de Petro.
Según conoció El Espectador, aunque los privados reconocen que se quitaron obligaciones de encima, como el manejo de cartera, sienten que hay un panorama incierto que les impide, por ejemplo, hacer una certera planeación financiera. Además temen cambios abruptos en las reglas del juego, ante los que estarían blindados con una concesión. Tampoco creen que haya licitación este año.
Al margen, resulta paradójico que esta alcaldía hoy no le apueste a la licitación, pues inicialmente dio muestras de darle importancia al proceso. En el plan de inclusión que estructuró para los recicladores indica que el proceso licitatorio serviría para otorgarles rutas de servicio exclusivo y así cubrir el 100% de la ciudad, algo que hoy no ocurre. Cifras con corte al 31 de diciembre indican que, tras acuerdos con algunas organizaciones recicladoras, sus rutas cubren el 56%. Nohra Padilla, líder de esta población, reconoce la labor de Petro, pero afirma que la licitación “es una incertidumbre para todos”.
Segundo, el decreto que el alcalde firmó en 2012 para poner en marcha su modelo de aseo dice: “La forma más idónea y conveniente para garantizar la libre competencia (…) es la adjudicación, mediante licitación pública, de contratos de concesión en áreas de servicio exclusivo”.
El Espectador contactó hace una semana a la Uaesp, entidad responsable de abrir la licitación, para conocer su posición, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta. Lo que queda claro es que Petro terminó sintiéndose cómodo avanzando por su cuenta con los recicladores y sin tener que supeditar ese trabajo a lo estipulado en una licitación.
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Por Carlos Hernández Osorio
