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En Colombia la posibilidad de tener empleo estable, familia y vivienda digna se ve entorpecida por factores como la violencia y la burocracia. Yolanda Cuesta, una desplazada de 31 años, ha padecido los dos. Por proteger su vida y salir adelante llegó a Bogotá en el 2002, pero la pandemia hizo imposible cumplir el sueño de tener a sus hijos bajo un techo digno.
Antes del COVID-19, vivía con sus tres hijos en una habitación alquilada en Kennedy. Frente a la casa tenía un puesto de arepas, que le servía para conseguir “unos pesos y llevarles comida a mis tres negros”, dice. No obstante, por las restricciones y las cuarentenas, tuvo que cerrar su única fuente de ingresos.
Al no poder pagar la habitación, ella y sus tres hijos tuvieron que tomar la calle, algo injusto, dice, pues lleva años luchando para que el Gobierno le cumpla la promesa de una vivienda. Inicialmente fue beneficiaria de una casa gratis, en el proyecto La Victoria, cerca de San Victorino, pero no se la entregaron. Y luego, en un segundo intento, que hizo ahorrando unos pesos para la inicial, no le dieron el subsidio.
Por eso comenzó en mayo del 2020 una protesta, frente a la antigua sede del Ministerio de Vivienda (carrera 18 con calle séptima). Primero se encadenó, pero como la espera se alargó, levantó un cambuche y hoy tiene una casa, que es fortín de su resistencia. Desde allí no solo lucha por un techo, sino por recuperar a sus hijos, que se los quitó el ICBF, paradójicamente, por no tener casa.
Incumplimientos
La travesía de Yolanda comenzó cuando salió favorecida en 2014 en la convocatoria de casas gratis, del Minvivienda. Entre sus cosas guarda una carpeta rosa, donde tiene los documentos que lo prueban. “Cumple los requisitos para vivienda gratuita”, se lee en uno de ellos, pero eso no le ha servido.
Ese año, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) publicó el listado definitivo de beneficiados, en el que aparecía. Sin embargo, meses después, le notificaron que el proyecto no se ejecutaría. En el lote, en cambio, hicieron el centro comercial y de vivienda Vista, donde vendieron apartamentos, dice, excluyendo a los beneficiados.
Sin embargo, no desistió y en enero de 2020 se postuló con un ahorro programado para acceder a un apartamento en el proyecto Parque Primaveral, de la constructora Las Galias. Pagó casi $10 millones y esperaba que el Ministerio le asignara un subsidio de $54 millones. Pero, según ella, le incumplieron de nuevo. La constructora ahora dice que no puede devolverle el dinero y que la única forma de usarlos es en otro proyecto, lo cual, dice, es imposible pues no tiene cómo pagar las cuotas.
Sin sus hijos
Con las puertas cerradas y en la calle, empezó su protesta en mayo de 2020. Pero para Yolanda y sus hijos los primeros días fueron tortuosos. No la quisieron atender en el Ministerio y en las noches la Policía la obligaba a alejarse del lugar. “Me iba por la calle séptima hasta el Parque Santander”. A la semana, y en vista de que ella y sus hijos (Matías, Alejandra y David) dormían en la calle, el ICBF apartó a los menores de su madre, pues la situación vulneraba los derechos de los niños.
Esta separación y el silencio del Gobierno la llevó a cambiar las cadenas por un cambuche de madera y plástico en el andén frente al Ministerio. Ese refugio ahora es una casa con paredes de ladrillo, puertas, ventanas, estufa de alcohol y hasta cerca. En las noches alumbra con velas o los paneles de sol que carga en el día.
“El Estado debería sentir orgullo de que una mujer negra, desplazada y sin educación hubiera construido esta casa”. La sede del Ministerio de Vivienda la trastearon el 16 de febrero de 2021 y Yolanda, entre risas, dice que fue por su culpa. “Cuando otros desplazados vienen a preguntar por subsidios, les digo que esta es la casa que da el Gobierno”.
Persistencia
Ahora son dos sus luchas: que el Gobierno le cumpla y recuperar a sus tres hijos, que ve todos los días, pero en las fotos que tiene pegadas en la fachada. Para lograrlo, según el ICBF, debe conseguir empleo y vivienda. Sin embargo, Yolanda dice que la casa que construyó en el andén es apta para que le devuelvan a sus hijos. “Me quitaron el derecho a una vivienda y después de que me robaron, porque eso hicieron, me quitaron a mis niños, por no tener casa”.
Cuando Yolanda no está atendiendo llamadas del ICBF, sale a vender cachivaches. Dice que con eso se sostiene y a sus hijos no les faltaría la comida. “Antes de la pandemia ellos estaban estudiando. Aunque con dificultades, siempre pudimos comer, nunca se les maltrató”. Hoy los tres niños están en un hogar del Instituto, en Usaquén. La mujer solo puede hablar por teléfono con ellos y pelea para que no le quiten la custodia.
Antes de construir esta casa a modo de protesta, el lugar lo usaban drogadictos y habitantes de calle y era un botadero de basura. Ahora, se han ido agrupando más personas, que han instalado cambuches. Yolanda sigue adecuando la suya, a la que incluso le instaló un lavadero y un lavamanos.
Esta situación ha sido monitoreada por la Alcaldía local de Santa Fe, que asegura a Yolanda se le ha respetado el derecho a la protesta. Sin embargo, dicen que hay una querella en una inspección de Policía, pero no se ha iniciado ningún proceso de desalojo, ya que la protesta es contra el Minvivienda y es esta entidad la que debe responderle a Yolanda.
Aunque ya hay más de siete familias en el lugar, la Alcaldía solicitó a la Policía impedir nuevas construcciones. El Espectador intentó establecer contacto con Minvivienda por diferentes medios, pero no obtuvo respuesta.
Por su parte, Yolanda Cuesta seguirá con su protesta en el sitio y su pelea legal como las tutelas que radicó contra el DPS, el Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda. Ahora promoverá nuevos recursos para acceder a servicios básicos como agua y luz. Su lucha sigue y está claro que no terminará hasta que tenga a toda su familia reunida bajo el techo que siempre soñó.
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