Científicos se salen de los laboratorios

César Rodríguez, director de Dejusticia, una organización que se dedica a apoyar casos judiciales estratégicos, siempre ha estado rodeado de abogados. Unos son expertos en derecho internacional, otros en problemas de género, algunos en derecho constitucional, pero al fin y al cabo, todos cortados con la misma tijera.

Hace unos seis años, cuando viajó con un grupo de investigadores sociales para entender el conflicto desatado por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá y apoyar a las comunidades emberas en sus reclamos, los líderes le dijeron que la historia de ese lugar sería distinta si al principio del problema hubieran recibido la visita de hidrólogos y expertos en ríos que les explicaran con claridad los impactos de una hidroeléctrica.

“Me quedé con esa inquietud. El conocimiento que los abogados y los de ciencias sociales pueden llevar a otras comunidades tiene un límite. Me puse a pensar cómo podíamos interactuar con otras ciencias”, cuenta César Rodríguez.

En Estados Unidos muchos científicos están acostumbrados a donar algunas horas de su tiempo a causas sociales. César temía que aquí no funcionara muy bien ese modelo así que, con el apoyo de unos donantes internacionales, decidió invitar a un grupo de científicos a conformar un panel asesor trabajando junto a los abogados. Entre los invitados figuran un botánico, una bióloga experta en ciénagas, un médico cirujano, un geógrafo, un ingeniero civil, un sociólogo, un economista y una antropóloga.

“Estamos experimentando. Por ahora funciona como un panel de arbitraje o comités de ética. El grupo de expertos recibe la información de un problema y con su experiencia previa deben ofrecer ideas sobre el tipo de intervención que se puede realizar. Si luego están interesados y se le miden al reto, buscamos caminos para hacerlo. También funciona como una red de conocimiento”, comenta Rodríguez.

El experimento de DeJusticia es una de los caminos que en Colombia comienzan a recorrer científicos que tradicionalmente se refugian en las universidades y la academia. Algunas empresas también han comenzado a ver el valor de vincular en sus nóminas a personas con Ph.D y un alto grado de especialización.

Mariano Ghisays, presidente ejecutivo de la empresa SuperBrix, con sede en Barranquilla, dice que el éxito de su empresa en un mundo tan cambiante se lo deben a una apuesta por la innovación. La compañía, dedicada a la fabricación de maquinaria para procesar cereales, fue la primera en recibir un crédito de cofinanciación de Colciencias. En 1989, con el acompañamiento de la Universidad del Norte, desarrollaron un horno para aprovechar la cascarilla del arroz como combustible. “El aprovechamiento de desechos es hoy uno de los negocios de mayor expectativa para nuestra compañía”, relata Mariano.

Esa primera experiencia le demostró que colaborar con las universidades y los investigadores podía mejorar su posición en el mundo empresarial. Desde entonces han colaborado con otras cinco universidades, el Sena y centros de apoyo tecnológico. Y a la plantilla de 130 trabajadores le sumaron dos personas con doctorado y varios ingenieros con maestría.

“Somos unos bichos raros en nuestro sector. No es lo común contratar este tipo de profesionales”, cuenta Mariano, quien durante siete años perteneció al consejo directivo de Colciencias atraído por su interés de impulsar la ciencia entre otros empresarios.

Marcela Carvajalino, vicepresidenta de asuntos corporativos de Procaps, también ha sido testigo de los buenos resultados de sacar a científicos de sus laboratorios para involucrarlos en retos diferentes. En vez de copiar productos de otras empresas, han apostado por desarrollar los propios. Y para lograrlo han creado una cultura de innovación. Entre sus orgullos está un listado de 18 patentes en diferentes países y 25 más que están en trámite. Una de las más exitosas ha sido Unigel, una forma farmacéutica que incorpora varios medicamentos en una sola cápsula.

“La palabra científico muchas veces asusta y genera exclusión en el sector empresarial colombiano. Preferimos hablar de investigación, innovación y desarrollo –cuenta Marcela–, “parte de innovar es ser humildes y entender que tenemos que aprender. No vemos la innovación como un costo. Eso es un error. Es una inversión en nosotros”.

En 2013, la Unión Europea planteó que la interacción entre ciencia, política y ciudadanos era una de las herramientas más importantes para resolver ciertos problemas. En el documento titulado “Green Paper on Citizen Science” resaltaron proyectos como GAP2, en el que científicos y comunidades de pescadores trabajan juntos para monitorear y manejar las pesquerías. También Wesenseit, una iniciativa de observatorios ciudadanos para el manejo de agua. O Citalops, en la que ciudadanos y científicos colaboran para monitorear el estado de las costas.

“El reto está en descubrir el modelo de trabajo, porque los científicos hoy se necesitan por todos lados”, comenta César Rodríguez.

César Rodríguez, director de Dejusticia, una organización que se dedica a apoyar casos judiciales estratégicos, siempre ha estado rodeado de abogados. Unos son expertos en derecho internacional, otros en problemas de género, algunos en derecho constitucional, pero al fin y al cabo, todos cortados con la misma tijera.

Hace unos seis años, cuando viajó con un grupo de investigadores sociales para entender el conflicto desatado por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá y apoyar a las comunidades emberas en sus reclamos, los líderes le dijeron que la historia de ese lugar sería distinta si al principio del problema hubieran recibido la visita de hidrólogos y expertos en ríos que les explicaran con claridad los impactos de una hidroeléctrica.

“Me quedé con esa inquietud. El conocimiento que los abogados y los de ciencias sociales pueden llevar a otras comunidades tiene un límite. Me puse a pensar cómo podíamos interactuar con otras ciencias”, cuenta César Rodríguez.

En Estados Unidos muchos científicos están acostumbrados a donar algunas horas de su tiempo a causas sociales. César temía que aquí no funcionara muy bien ese modelo así que, con el apoyo de unos donantes internacionales, decidió invitar a un grupo de científicos a conformar un panel asesor trabajando junto a los abogados. Entre los invitados figuran un botánico, una bióloga experta en ciénagas, un médico cirujano, un geógrafo, un ingeniero civil, un sociólogo, un economista y una antropóloga.

“Estamos experimentando. Por ahora funciona como un panel de arbitraje o comités de ética. El grupo de expertos recibe la información de un problema y con su experiencia previa deben ofrecer ideas sobre el tipo de intervención que se puede realizar. Si luego están interesados y se le miden al reto, buscamos caminos para hacerlo. También funciona como una red de conocimiento”, comenta Rodríguez.

El experimento de DeJusticia es una de los caminos que en Colombia comienzan a recorrer científicos que tradicionalmente se refugian en las universidades y la academia. Algunas empresas también han comenzado a ver el valor de vincular en sus nóminas a personas con Ph.D y un alto grado de especialización.

Mariano Ghisays, presidente ejecutivo de la empresa SuperBrix, con sede en Barranquilla, dice que el éxito de su empresa en un mundo tan cambiante se lo deben a una apuesta por la innovación. La compañía, dedicada a la fabricación de maquinaria para procesar cereales, fue la primera en recibir un crédito de cofinanciación de Colciencias. En 1989, con el acompañamiento de la Universidad del Norte, desarrollaron un horno para aprovechar la cascarilla del arroz como combustible. “El aprovechamiento de desechos es hoy uno de los negocios de mayor expectativa para nuestra compañía”, relata Mariano.

Esa primera experiencia le demostró que colaborar con las universidades y los investigadores podía mejorar su posición en el mundo empresarial. Desde entonces han colaborado con otras cinco universidades, el Sena y centros de apoyo tecnológico. Y a la plantilla de 130 trabajadores le sumaron dos personas con doctorado y varios ingenieros con maestría.

“Somos unos bichos raros en nuestro sector. No es lo común contratar este tipo de profesionales”, cuenta Mariano, quien durante siete años perteneció al consejo directivo de Colciencias atraído por su interés de impulsar la ciencia entre otros empresarios.

Marcela Carvajalino, vicepresidenta de asuntos corporativos de Procaps, también ha sido testigo de los buenos resultados de sacar a científicos de sus laboratorios para involucrarlos en retos diferentes. En vez de copiar productos de otras empresas, han apostado por desarrollar los propios. Y para lograrlo han creado una cultura de innovación. Entre sus orgullos está un listado de 18 patentes en diferentes países y 25 más que están en trámite. Una de las más exitosas ha sido Unigel, una forma farmacéutica que incorpora varios medicamentos en una sola cápsula.

“La palabra científico muchas veces asusta y genera exclusión en el sector empresarial colombiano. Preferimos hablar de investigación, innovación y desarrollo –cuenta Marcela–, “parte de innovar es ser humildes y entender que tenemos que aprender. No vemos la innovación como un costo. Eso es un error. Es una inversión en nosotros”.

En 2013, la Unión Europea planteó que la interacción entre ciencia, política y ciudadanos era una de las herramientas más importantes para resolver ciertos problemas. En el documento titulado “Green Paper on Citizen Science” resaltaron proyectos como GAP2, en el que científicos y comunidades de pescadores trabajan juntos para monitorear y manejar las pesquerías. También Wesenseit, una iniciativa de observatorios ciudadanos para el manejo de agua. O Citalops, en la que ciudadanos y científicos colaboran para monitorear el estado de las costas.

“El reto está en descubrir el modelo de trabajo, porque los científicos hoy se necesitan por todos lados”, comenta César Rodríguez.