La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Regalías, adelantó una Actuación Especial de Fiscalización transversal en sectores estratégicos como Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ciencia, Tecnología e Innovación, Minas y Energía, Vivienda y Transporte. En el proceso se revisaron 14 proyectos por $183.146 millones, de los cuales surgieron hallazgos fiscales por $78.874 millones.
El organismo de control señaló que estas irregularidades se deben, principalmente, a obras inconclusas, fallas técnicas, ausencia de planes de sostenibilidad y pagos por bienes o servicios que no cumplen lo contratado. Situaciones que, además de reflejar deficiencias de gestión, tienen un impacto directo en territorios rurales y en los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Uno de los casos más relevantes se presentó en Putumayo, en un proyecto de tecnologías digitales para educación que registró un hallazgo con incidencia fiscal por $32.826 millones. Allí, la Contraloría encontró alteración de actas de entrega, reducción injustificada de sistemas fotovoltaicos, equipos sin especificaciones técnicas, internet satelital inoperante y falta de sostenibilidad. Estos problemas afectan a comunidades rurales y estudiantiles que dependen de la conectividad para acceder a educación de calidad.
En el Cesar, un proyecto de realidad aumentada dejó un hallazgo por $9.232 millones, debido a su baja utilidad social y al incumplimiento de requisitos técnicos. En Antioquia, los auditores identificaron irregularidades en un programa de vivienda rural por $8.976 millones, asociadas a falta de supervisión y deficiencias en la calidad de las obras.
Los problemas también alcanzaron proyectos de energías renovables. En Puerto Gaitán (Meta), la Contraloría reportó un hallazgo por $8.901 millones en sistemas fotovoltaicos debido a incumplimientos técnicos y ausencia de mantenimiento. En San José del Fragua (Caquetá), un proyecto similar registró un hallazgo por $7.556 millones, pues no contaba con contrato de operación y corre el riesgo de convertirse en una obra inconclusa.
De acuerdo con la Contraloría, estos resultados dejan tres impactos negativos de fondo. El primero es la afectación a la conectividad y al acceso a servicios esenciales por proyectos que no se ejecutaron adecuadamente. El segundo es la débil sostenibilidad de las inversiones, al no existir planes de mantenimiento ni integralidad en la planeación. Y el tercero es el deterioro en la confianza institucional y en las comunidades, que ven ampliadas las brechas sociales y digitales por obras que no cumplen su propósito.
La entidad advirtió que seguirá de cerca la situación para exigir la terminación de los proyectos o, en su defecto, adelantar los procesos fiscales que correspondan. Según la Contraloría, el objetivo es asegurar que los recursos del Sistema General de Regalías efectivamente reduzcan las desigualdades en regiones apartadas y contribuyan al cierre de brechas en sectores estratégicos como educación, vivienda y energía.
