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Han sido unas semanas agridulces para la comunidad científica y académica. Pero después de la agria noticia de la reducción del presupuesto de Colciencias para el próximo año, llega una más dulce. El Congreso aprobó una reforma al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que recibe el 10 % de las regalías del país, para que no sean los gobernadores los que decidan cuáles son los proyectos que valen la pena, sino un mecanismo más meritocrático.
En el 2011, bajo el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, se acordó que el 10 % de las regalías debían destinarse a este fondo para darle un nuevo impulso a la ciencia. Sin embargo, en el diseño de la reforma constitucional se cometieron errores garrafales.
Para evitar una supuesta centralización de los recursos, se estableció que los encargados de estructurar los proyectos y manejar los recursos eran los gobernadores. Desde ese momento hasta hoy, las universidades, centros de investigación y científicos no han parado de sufrir y quejarse.
Tan mal resultó el esquema que en marzo de este año la Controlaría General, al estudiar 33 proyectos de ciencia y tecnología, encontró irregularidades tan deplorables como la destinación de recursos para un asadero de pollos y un spa.
El error logró enmendarse gracias al fast track, el mecanismo por el cual se están aprobando las leyes para el posconflicto. Cuando el Gobierno anunció que tomaría $1,2 billones del fondo de ciencia para la construcción de carreteras, lo cual exigía una nueva ley, distintos miembros del propio Gobierno, representantes de universidades y centros de investigación plantearon la oportunidad de corregir el error.
Ajustar este modelo, explica Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias, era casi imposible, pues se trataba de un acto constitucional. “Ahora que el Gobierno decidió reinvertir regalías en paz empezamos una discusión para arreglar el problema”, señala.
Puntualmente, la reforma cambia dos principios fundamentales. El primero es que todos los proyectos que se presenten a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), buscando recursos para sus desarrollos en ciencia y tecnología, deben hacerlo por medio de una convocatoria pública. Por ende, se acaban las decisiones arbitrarias desde las gobernaciones y se financian las mejores iniciativas.
El segundo cambio es que la entidad que se gana el proyecto debe ser la que lo ejecuta. “Veníamos viendo que en el 85 % de los casos las gobernaciones se proponían como ejecutor, pero cuando miramos el rango de desempeño, a las que peor les va son las gobernaciones. Mientras las universidades son a las que mejor les va”, afirma el subdirector de Colciencias.
El paso siguiente es definir la reglamentación del nuevo esquema y formular una ley ordinaria para aprobarla.