Diez años después: las grietas del modelo de negociación de paz y de justicia en Colombia

En artículos anteriores he planteado algunos elementos críticos para analizar la justicia transicional en perspectiva colombiana. Por un lado, destaqué los aportes que podría ofrecer una justicia transformativa a los procesos transicionales, entendida como una dinámica orientada a generar transformaciones profundas y estructurales que superen la lógica restringida de los derechos civiles y políticos, e incorporen también los derechos económicos y sociales².

Por otro lado, señalé la paradoja y el estado liminal en el que se encuentra hoy la construcción de paz en Colombia: tras la firma del Acuerdo en 2016, el país ha experimentado procesos de reorganización, resurgimiento y reciclaje de las violencias del conflicto armado, fenómeno que puede analizarse a la luz de experiencias transicionales comparadas en otras regiones del mundo³.

Tras diez años de la firma del Acuerdo de Paz, surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo evaluar el proceso colombiano a partir de estos dos componentes —las transformaciones profundas prometidas por un acuerdo de paz y un modelo transicional, y el posible advenimiento de un tercer ciclo de violencia—?

La respuesta depende del enfoque de análisis. El primero se relaciona con el modelo de negociación y de justicia transicional diseñado, mientras que el segundo se vincula con su implementación. En esta ocasión me concentraré en el primero.

En lo que respecta al modelo de justicia transicional, es innegable que introdujo innovaciones importantes, especialmente en el componente extrajudicial y judicial, como la Comisión de la Verdad, la investigación macrocriminal y la apuesta por mecanismos de justicia restaurativa. Sin embargo, desde el inicio se estableció un límite claro, formulado por el entonces presidente Juan Manuel Santos: no negociar el modelo económico y productivo del país.

Este punto resulta fundamental en un país caracterizado históricamente por la extrema desigualdad rural y por un modelo de producción agrícola profundamente vinculado al latifundismo.

De hecho, buena parte de los análisis recientes sobre las causas estructurales de la guerra en Colombia señalan una relación causal entre diversos factores: los legados violentos de la época de La Violencia (1948-1958), la profunda desigualdad rural, los conflictos agrarios de las décadas de 1960 y 1970, los cerrojos democráticos del Frente Nacional (1958-1974), los procesos de colonización armada y no armada del campesinado colombiano, la consolidación de élites regionales débiles con acceso a grandes medios de violencia —que posteriormente darían lugar a estructuras paramilitares de escala regional y nacional—, así como el despojo sistemático de tierras a campesinos y comunidades rurales para destinarlas a la ganadería extensiva y al monocultivo de exportación.

En otras palabras, un modelo de negociación que pretendía cerrar un ciclo de guerra sin abordar la distribución estructural de la posesión y de la riqueza, y que propuso una reforma rural relativamente débil —basada principalmente en la compra de tierras por parte del Estado— genera dudas razonables sobre su capacidad real para poner fin al conflicto armado. Este mecanismo, además de incrementar el gasto público, termina fortaleciendo aún más a los gremios y asociaciones de grandes propietarios rurales.

Las implicaciones de este diseño institucional se reflejan con claridad en los territorios. La persistencia de estructuras de exclusión económica, sumadas a formas de racismo estructural que afectan a múltiples comunidades, se combinan con un modelo de negociación que limitó la participación activa, colectiva y democrática de los territorios. La negociación de La Habana terminó reducida, en gran medida, a un proceso entre actores armados, dejando en un segundo plano la voz directa de muchas comunidades afectadas por la guerra.

Esta restricción participativa obliga también a revisar críticamente el compromiso del Estado colombiano a nivel regional y local. Más allá de los hoy cuestionados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el modelo de negociación no logró construir un marco sólido de participación institucional y comunitaria en los territorios. De haberse desarrollado con mayor profundidad, este enfoque territorial habría permitido identificar con mayor precisión el alcance real de los grupos criminales en diferentes regiones, e incluso fortalecer estrategias locales para enfrentarlos.

Al invisibilizar el nivel local dentro del diseño de la negociación, el proceso no solo limitó la participación territorial, sino que tampoco delimitó con claridad el papel de las instituciones regionales ni evaluó el peso que continúan teniendo las élites regionales —legales e ilegales— en la transformación de las condiciones sociales y económicas de las comunidades. En Colombia, la historia —y también la evidencia estadística— demuestra que los grupos hegemónicos locales, tanto económicos como políticos, suelen limitar, obstaculizar o bloquear procesos de cambio.

A ello se suma otro elemento central: el modelo transicional no planteó una reforma estructural del sector defensa, pese a que este tipo de transformaciones constituye el ABC de cualquier proceso de justicia transicional. Las consecuencias de esta omisión se evidencian no solo en el conflicto armado actual, sino también en el manejo de la conflictividad social en general, como ocurrió durante el estallido social de 2021, marcado por una respuesta estatal predominantemente represiva, punitiva y el mantenimiento de un paradigma de enemigo interno.

Tampoco se produjeron reformas sustanciales —ni siquiera debates estructurales— en torno a la política criminal, que debería establecer una estrategia clara frente a fenómenos delictivos estrechamente vinculados al conflicto armado. Entre estos aspectos se encuentran, por ejemplo, la reducción de la carga punitiva sobre los eslabones más débiles de las economías ilícitas, o el desmantelamiento efectivo de las organizaciones criminales que controlan amplias zonas del país.

La interacción entre élites regionales, debilidad institucional en los territorios y ausencia de reformas en los sectores de seguridad y política criminal tiene hoy consecuencias visibles en la consolidación de la paz: la persistencia de gobernanzas criminales locales, la expansión de los cultivos de coca —fenómeno que no puede reducirse a una simple explicación rentista del conflicto— y la creciente operatividad de economías ilegales en las zonas fronterizas.

Estos factores no actúan de manera aislada. Por el contrario, se superponen, se mezclan y se retroalimentan, afectando negativamente dos etapas fundamentales de cualquier proceso transicional: la consolidación y la estabilización de la paz.

Paradójicamente, el proceso de paz colombiano de 2016 suele presentarse hoy en escenarios internacionales como un nuevo paradigma exitoso de construcción de paz, centrado en el funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, este enfoque tiende a reducir el conflicto armado a una relación binaria entre víctimas y victimarios, mediada por el Derecho Internacional Humanitario y los marcos normativos globales, cuyo alcance real hoy se encuentra cada vez más cuestionado, diría, colapsado.

El problema de fondo radica en que este modelo transicional aplicado sigue haciendo parte de esta industria global de pacificación, aplicada a contextos de guerra o a países considerados estratégicamente relevantes (por recursos o por estrategia geopolítica) dentro de los procesos de securitización occidental (liderado por la OTAN). La evidencia empírica, sin embargo, sugiere lo contrario: en muchos casos, los países que adoptan estos modelos terminan enfrentando nuevos ciclos de violencia o profundizando sus desigualdades económicas bajo esquemas de liberalización económica impuesta.

Por ello, cualquier intento futuro de negociación en Colombia debería incorporar con mayor seriedad los aspectos redistributivos, no solo en términos de acceso a la tierra, sino también en la reducción de brechas económicas y sociales (acceso a bienes y servicios propios del estado de derecho). Igualmente, resulta indispensable considerar el peso institucional, político y criminal de las regiones, así como la necesidad de reformas profundas en el sector seguridad y en la política criminal.

Solo integrando estos elementos será posible reducir de manera más contundente la probabilidad de que el conflicto colombiano resurja nuevamente en su dimensión más belicosa.

[1] PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Fellow Research – Geneva Graduate Institute

[2] La importancia de la justicia transformativa en la construcción de paz | EL ESPECTADOR

[3] Violencia y conflicto armado en Colombia: razones por las que el posconflicto y los acuerdo de paz crean otros grupos armados

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