La paradoja del resurgimiento de la violencia en tiempos de construcción de paz

Gran parte de la evidencia empírica sobre procesos de paz en distintos países del mundo sugiere que los procesos de reorganización, reacomodamiento y resurgimiento del conflicto armado son una constante. Incluso las fases denominadas “posconflicto” representan transiciones que, lejos de garantizar una mejora general frente a la etapa previa, pueden abrir nuevos escenarios de violencia.

Durante estos períodos de cambio, es plausible el resurgimiento de conflictos armados, impulsado por la aparición o expansión de organizaciones criminales. También pueden intensificarse las disputas entre facciones, tanto históricas como emergentes, vinculadas a las bases económicas y políticas del conflicto, o motivadas por momentos de incertidumbre y debilitamiento del control gubernamental.

Por ejemplo, en las últimas dos décadas, se han desarrollado importantes estudios sobre la relación entre criminalidad organizada y escenarios de posconflicto, abordando diversas perspectivas y casos. Uno de los antecedentes históricos más ilustrativos ha sido el colapso de la Unión Soviética, que propició la proliferación de miles de organizaciones criminales.

Por otro lado, diversas investigaciones han profundizado en los procesos de reorganización de la violencia tras la guerra, enfocándose especialmente en el rol de los excombatientes que regresan a la violencia organizada -removilizados-. Estudios comparativos en países como Sierra Leona y la República del Congo han mostrado que la removilización se produce a partir de relaciones complejas entre élites dentro de las estructuras, mandos medios y bases combatientes.

Estas relaciones pueden manifestarse mediante incentivos —como recursos o acceso a información—, sentimientos de afinidad y confianza, o dinámicas de coacción sustentadas en el miedo. Tales factores, en contextos de interacción específicos, generan un ambiente propicio para que antiguos combatientes asuman un rol central en el retorno a la violencia.

Asimismo, investigaciones sobre el papel de las élites en escenarios de transición han evidenciado que, en contextos posacuerdo, los procesos de reacomodamiento de las élites políticas y económicas pueden promover dinámicas de crecimiento desigual y configurar tensiones sociales, económicas y políticas que dificultan la implementación de los acuerdos de paz y la reconstrucción estatal. Tal ha sido el caso de Liberia.

En Sudáfrica, desde la finalización del apartheid, se ha observado que la violencia tiende a consolidarse como una constante en las transiciones. En este caso, se han identificado factores clave como la incapacidad estatal para enfrentar la criminalidad local y las posibles conexiones con redes criminales transnacionales, especialmente de origen asiático.

De hecho, se ha argumentado que el advenimiento de la democracia coincidió con un aumento de la criminalidad organizada, especialmente en zonas fronterizas, lo que dio lugar a nuevas áreas de operación criminal. A esto se suma la intensificación de la presencia de redes transnacionales procedentes de Asia Oriental, Nigeria y Europa, que identificaron en Sudáfrica un punto estratégico para el tráfico ilícito, dada su ubicación geográfica.

'Calarcá' (centro), junto a dos miembros del Bloque Jorge Briceño del EMBF en los llanos del Yarí.

Foto: Julián Ríos Monroy

En la primera década del siglo XXI, se ha consolidado evidencia que demuestra cómo el vínculo entre estructuras criminales y procesos de transición tiende a generar nuevos focos de violencia organizada, lo cual desestabiliza las posibilidades de transformación institucional y social.

Este fenómeno ha sido especialmente evidente en África Occidental, donde países como Malí han visto cómo el crimen organizado se convierte en un obstáculo clave para la consolidación de procesos pacíficos. Actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, el control de territorios fronterizos por parte de grupos yihadistas y el reclutamiento armado han configurado un entramado criminal que impide la superación del conflicto armado.

De forma paralela, el caso de Bosnia, atravesado por un complejo proceso de transición, evidenció que las estrategias de seguridad orientadas a contener el crimen organizado requirieron una depuración profunda de las fuerzas de inteligencia, debido a sus vínculos con Estados vecinos y redes criminales y terroristas.

También se fortaleció el servicio estatal de fronteras para combatir el contrabando transfronterizo. No obstante, estas medidas resultaron insuficientes y con impactos limitados. Durante los primeros años de la década del 2000, se hizo aún más evidente la imbricación entre poder político y crimen organizado, revelando la participación de instituciones estatales en el tráfico de armas sofisticadas hacia países como Irak y Libia.

Colombia no ha sido la excepción. De hecho, la evidencia disponible muestra que, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, se produjo un proceso de reconfiguración de grupos disidentes y removilizados —aquellos que no firmaron el Acuerdo o que, habiéndolo hecho, retornaron a las armas—. Estos grupos, denominados pos-FARC, se expandieron territorialmente y reactivaron escenarios de violencia en diversos territorios, alcanzando niveles similares a los de los peores años del conflicto armado.

Entre 2018 y 2022, la expansión territorial y operativa de los grupos pos-FARC no obedeció a factores espontáneos, sino a una estrategia organizada, basada en la continuidad histórica del control que ejercieron en varios territorios del país. Este proceso ha sido facilitado por las condiciones sociales y políticas preexistentes, así como por la débil implementación del Acuerdo de Paz en ciertas zonas, que ha incentivado la reincidencia de mandos medios con experiencia en el conflicto armado.

La removilización de excombatientes y la emergencia de nuevos liderazgos han sido fundamentales en la continuidad del conflicto. La ausencia de estrategias efectivas de reintegración ha permitido que actores con conocimientos en organización militar y armada impulsen el fortalecimiento de estructuras armadas, consolidando redes operativas desde el suroccidente del país hasta la frontera oriental.

La evolución de estas estructuras revela que su permanencia no se explica únicamente por una resistencia ideológica al Acuerdo de Paz, sino también por su capacidad de adaptación a contextos cambiantes, donde la regulación de la violencia y la gobernanza criminal siguen siendo elementos centrales del ejercicio de poder.

Esta paradoja —guerra en medio de la paz— nos obliga a repensar la complejidad de los procesos de paz y los escenarios de posacuerdo como espacios liminales: territorios inciertos donde lo viejo aún no ha desaparecido por completo y lo nuevo aún no ha emergido, pues está en construcción.

*William Andres Mesa Cardenas

Grupo de Berlin (GIFK)

Research Fellow Geneva Graduate Institute

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