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El 3 de octubre de 2023, el gobierno colombiano presentó, en El Tambo, Cauca, su Política Nacional de Drogas: “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”. Una política ambiciosa en su diseño, que, a 2 años de ser publicada, parece que va a dejar varias expectativas a medio cumplir.
Si bien los gobiernos están constantemente implementando políticas públicas, los documentos, como este, suelen ser parte de un proceso de planeación que a veces se queda más en el deber ser. Estos documentos tienen como objetivo, ser la hoja de ruta que crea un gobierno para dar solución a un problema que afecta a la sociedad. En el caso del fenómeno de las drogas, esta es apenas la segunda vez que contamos con un documento de este tipo, y la primera que se aborda este fenómeno desde un enfoque integral, que no se centra exclusivamente en los pilares de la seguridad y la salud pública, sino que busca entender la complejidad del fenómeno de las drogas en una sociedad como la colombiana.
Esta política tuvo grandes aciertos en su diseño, comenzando por los espacios de participación que se crearon a principios de 2023 para la construcción de la misma, y que llevaron a varias entidades del gobierno nacional a entablar diálogos en 27 espacios territoriales en todo el país para recoger los aportes de los ciudadanos en municipios como Cáceres, El Tambo o Corinto, los cuales sirvieron de insumos para la construcción de la política, haciendo de esta una política que no sería construida exclusivamente desde los escritorios en Bogotá.
Este ejercicio, sin precedentes en materia de política de drogas, trajo resultados importantes que se evidencian al leer el documento publicado hace dos años. La política va mucho más allá de los clásicos enfoques de salud para el consumo y seguridad para el narcotráfico, y desde sus primeras páginas deja claro que en el centro de la política se encuentran las personas y las comunidades más afectadas por el narcotráfico y por la mal llamada “guerra contra las drogas”.
Sin embargo, hoy, a 2 años de su publicación, y a sólo 10 meses de que se termine el gobierno de Gustavo Petro, parece que el cumplimiento de varias de las metas planteadas en esta política va a quedar echado al azar, esperando que el gobierno que venga decida continuar, o no, la implementación de esta política; pues, al ser esta una hoja de ruta, no existe una obligación legal que obligue al próximo presidente a cumplir las metas que se propuso el actual.
¿Qué hizo falta?
La política de drogas nació con un pecado original no despreciable para una política pública. Como bien expliqué en un principio, estos documento son como hojas de ruta para el gobierno, en este orden de ideas, además de tener un diagnóstico del problema y plantearse estrategias para solucionar sus diversas causas, es imprescindible que no se queden en ideas abstractas y genéricas, sino que tengan un plan de acción, esto es, una lista de tareas con cierto detalle, con responsables, metas, tiempos e indicadores, que permitan hacer seguimiento a la gestión de las entidades que se comprometieron con implementarla. Sin esto, una política pública no es más que un manifiesto ideológico, y la política de drogas, que nació sin plan de acción, no cuenta con uno hoy, a 2 años de su presentación.
Si bien la ausencia de un plan de acción no implica que la política no se haya comenzado a implementar, sí quiere decir que, muy probablemente, su implementación se esté dando de una forma poco ordenada; pues, sin esta herramienta, lo más probable es que las entidades se enfoquen en cumplir un pequeño número de propuestas estratégicas o que actúen de forma reactiva a la coyuntura política, implementando así a medida que la agenda política se lo exige y dejando en el olvido algunas iniciativas que pueden no ser mediáticas, pero sí estructurales para solucionar los problemas relacionados con el narcotráfico y la guerra contra las drogas.
Esto explicaría, por ejemplo, que el programa de sustitución de cultivo de uso ilícito “Renhacemos Catatumbo” fuera lanzado apenas unos días después de que la grave situación de violencia en esta región inundara todos los medios de comunicación. Sin embargo, este programa no hace parte de una estrategia nacional de sustitución de cultivos y repite muchos de los errores del fracasado PNIS.
En medio de todo, es importante resaltar logros como los que presentó la nueva directora de política de drogas en el último consejo de ministros, donde se evidenció que el fortalecimiento de la interdicción ha funcionado, llevando a que se alcanzaran cifras históricas de incautaciones de grandes cargamentos de cocaína. Asimismo, destacamos los logros en titulación de tierras, política internacional y el hecho de que, por lo menos en el discurso, se le ha dado un papel importante a la reducción de riesgos y daños, aunque en la práctica falta mayor apoyo.
En últimas, a pesar del debate que se ha abierto por la reciente descertificación, no se pueden desconocer algunos logros que ha tenido este gobierno en algunos campos de la política de drogas, el sólo hecho de cambiar la narrativa, dejar de amenazar con glifosato a los campesinos -hasta hace poco- e intentar llevar oportunidades de desarrollo a las comunidades que dependen económicamente de la coca.
Sin embargo, siempre quedará la duda del “qué hubiera sido”, si la política que fue diseñada con una amplia participación nacional, hubiera sido implementada de forma más sistemática. Seguramente, no se hubieran quedado en el tintero asuntos tan importantes como el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores; las estrategias para mitigar el daño ambiental derivado del narcotráfico y la “guerra contra las drogas”; y las regulaciones necesarias para abrir las puertas a usos lícitos de la coca, el cannabis y la amapola.
*Jorge Forero, coordinador de investigación de Elementa DDHH**
Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.