Bogotá: los ecos de la prohibición

Quienes trabajamos en política de drogas desde un enfoque de derechos humanos abrazamos una metáfora para describir la frustración de nuestro campo: la de la bicicleta estática. Es la imagen del esfuerzo inmenso, del pedaleo constante —en foros, mesas técnicas, debates, audiencias públicas— que sin embargo no produce ningún avance real. Se suda y se gasta energía pero el paisaje y la realidad de la gente, permanece dolorosamente inalterado. La mayoría de las veces esta metáfora es acertada pero pocas veces ha sido tan precisa como en la Bogotá que nos convoca el día de hoy. La ciudad se ha convertido en un ejemplo paradigmático: un lugar donde se pedalea con furia para, trágicamente, no llegar a ninguna parte.

Esa inercia es el eco de la fallida “guerra contra las drogas” que, aunque refutada por la evidencia y los enfoques centrados en los derechos de las personas, resurge una y otra vez bajo nuevos disfraces. Hoy, esa inercia tiene dos rostros que, aunque parezcan distintos, nos miran con la misma severidad: por un lado, el Acuerdo 983 de 2025, que en la práctica pone en una posición de vulnerabilidad a las personas usuarias de sustancias psicoactivas; y por otro, la propuesta de Política Pública de Sustancias Psicoactivas del Distrito, que con lenguaje técnico otorga legitimidad a la misma idea estéril que ha fracasado una y otra vez en abordar de forma integral el fenómeno del uso de drogas.

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En detalle, el Acuerdo del Concejo perpetúa la expulsión del espacio público de las personas que hacen uso de sustancias psicoactivas y les adjudica los problemas de delincuencia, inseguridad y microtráfico. La señalización de zonas de consumo no implica una política de cuidado, sino una estrategia de marginación. La aprobación del acuerdo ignora deliberadamente las órdenes de la Corte Constitucional en su Sentencia C-127 de 2023, que exigía ponderar derechos y aplicar criterios de modo, tiempo y lugar. El resultado es un retroceso en derechos, un desacato a la inteligencia en la toma de decisiones públicas, y una medida que —como lo demuestra la propia historia de la ciudad— está condenada al fracaso.

Esta preocupante decisión no es un hecho aislado. De forma paralela, el eco resuena en el núcleo mismo de la administración distrital, encargada de actualizar la política de drogas en Bogotá. Al hacer una lectura minuciosa del documento, encontramos que transita por un camino idénticamente prohibicionista. La “Propuesta de estructuración de la Política Pública de Sustancias Psicoactivas”, lejos de ofrecer una visión alternativa, recae en las mismas lógicas fallidas. Aunque el documento simula una autocrítica al admitir que las políticas pasadas no abordaron las “causas” del consumo, se trata de una finta retórica. En lugar de explorar la compleja red de factores sociales, económicos y de salud mental que explican la multicausalidad del fenómeno, la propuesta recae en la tesis más simple y perniciosa: define la oferta como “el problema crítico al ser estructural, de mayor jerarquía y más relevante”.

Nos vemos nuevamente ante una lógica que insiste en que la existencia de la oferta es la causa unívoca del consumo y que, por tanto, la solución definitiva es su erradicación. Así lo planteó Nixon —el padre de la guerra contra las drogas— hace más de 50 años. Esta perspectiva no solo es un fracaso probado, sino que envenena cualquier intento de política pública sensata. ¿De qué sirve, entonces, que el mismo documento plantee una elaborada estrategia de participación ciudadana o mencione la “reducción de daños”, si su diagnóstico fundamental es erróneo? Es como invitar a la ciudadanía a debatir el color de las paredes de un edificio cuyas bases están diseñadas para colapsar.

Afortunadamente, este eco no resuena sin oposición. En el mismo Concejo que aprobó el acuerdo, ha germinado una coalición multipartidista que representa una visión de futuro. Son las voces que sí han escuchado a la Corte Constitucional y a la sociedad civil, que entienden la reducción de daños no como un anexo, sino como el eje central, y que abogan por una política construida sobre la evidencia y la empatía, no sobre el miedo. Este grupo, en este momento, no solo representa una esperanza; encarna la única salida coherente a la encrucijada en la que la propia ciudad se ha metido.

El reto que enfrenta el Concejo para superar los ecos del prohibicionismo es monumental, porque les exige confrontar sus propias contradicciones. Les exige decidir si se convertirán en la voz de una Bogotá que les permite caminar tranquilos a todos y todas sus habitantes o solo caminar segura a unos pocos. La elección no es entre un documento técnico y un acuerdo político, pues hemos visto que ambos beben de la misma fuente. La verdadera elección es entre la inercia del castigo y la audacia del cuidado; entre la simplicidad de la prohibición y la compleja, pero necesaria, tarea de gobernar para la dignidad de todas las personas.

Para avanzar, no basta con ajustar un párrafo. Se requieren acciones concretas para derogar las medidas que estigmatizan y rechazar de plano la lógica que las sustenta, por más que se vista de jerga técnica. Es hora de abandonar el laberinto de falsas soluciones y empezar a trazar un camino recto, guiado por la brújula de los derechos humanos, la reducción de daños y la evidencia científica. Todo lo demás es, y seguirá siendo, un eco que nos condena a repetir los mismos errores.

* Esteban Linares, investigador de Elementa DDHH** Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.