En Rutas del Conflicto cerramos un intenso año 2021 en el que trabajamos en una agenda periodística que cubrió el duro año que vivió el país, tanto en el aumento de la violencia como en la intensificación de los conflictos sociales. Este es un breve repaso de los cinco principales hallazgos de nuestras investigaciones.
El primero, tiene que ver con la persistencia de la violencia. Durante casi un año y medio, con mis colegas de Rutas del Conflicto, acompañamos los diálogos con las comunidades que organizó la Comisión de la Verdad en varias zonas del país (ver portal del cubrimiento). La gente repitió cientos de veces que la violencia no se va porque el Estado no aparece de manera integral en sus comunidades y, cuando lo hace, principalmente, llega con policías y militares para verlos como si fueran el enemigo.
La gente en regiones como Arauca, Bajo Cauca, Catatumbo, el norte del Cauca y el Bajo Atrato piden a gritos carreteras para sacar sus productos, servicios básicos y que el Estado no le entregue su responsabilidad a la empresa extractiva o agroindustrial de turno. En esas y muchas otras zonas, los conflictos sociales históricos se siguen ‘solucionando’ a punta de plomo y es persistente la estigmatización de las comunidades, por parte de la fuerza pública.
En esa misma vía, el proyecto La Paz en el Terreno, de Rutas del Conflicto, Colombia +20 y Fescol, ha construido una especie de atlas de la violencia contra el liderazgo social en el país, desde las voces de los representantes de las comunidades. En varios especiales multimedia, los líderes y lideresas han señalado con preocupación, los vínculos de estos actores políticos y empresariales con las violencias que los amenazan, desplazan y asesinan. La situación preocupa ante las elecciones de las circunscripciones especiales de paz, que se realizarán por primera vez en 2022.
El segundo hallazgo está relacionado con los nuevos actores de la violencia. Aunque el gobierno insiste en hablar de las FARC como un actor armado vigente, lo cierto es que lo que existe es una gran variedad de grupos armados que nacieron y evolucionaron desde los grupos residuales de los ‘paras’ (principalmente las AGC), las FARC (la Nueva Marquetalia y los frentes cercanos a Gentil Duarte) y el EPL, junto a los frentes locales de la vieja guerrilla del ELN.
Dentro de las investigaciones que realizamos para documentar más de 90 masacres cometidas durante el 2021 (Ver base de datos), fue evidente la reconfiguración de estos actores, que se enfrentan en algunas regiones entre sí por el control del narcotráfico y otras economías ilegales. En medio de estas guerras, han aumentado el reclutamiento forzado y han asesinado a quienes, dentro de la población, señalan de apoyar a sus enemigos.
Es incierto hacia dónde avanza este nuevo ciclo de violencia, que parece tener marcadas diferencias con el conflicto armado reciente, sin las FARC, ni los grupos paramilitares con un rostro tan público y visible como hace un par de décadas.
(También puede leer: Acuerdo Final: cinco años de una paz fragmentada)
El tercero es la persistente y creciente violencia del Estado ante los reclamos sociales. Tanto en las protestas del paro nacional, como en las regiones rurales, lideradas por campesinos y comunidades étnicas, la Policía y el Ejército han estado relacionados con asesinatos, desapariciones y abusos contra civiles. La base de datos que construimos con información sobre 80 crímenes cometidos durante el paro (ver base de datos), da cuenta de la responsabilidad de los actores estatales en un gran porcentaje de estos homicidios.
En regiones como el Catatumbo en Norte de Santander, el Ariari en el Meta y las selvas de los Parques Nacionales amazónicos, el Ejército y la Fiscalía han realizado operativos en los que han agredido y criminalizado a campesinos, señalándolos de cómplices del narcotráfico y responsables de la deforestación. También en el sur de Santander, se denunciaron fuertes abusos policiales en las protestas de campesinos en contra de la empresa de Ecopetrol, encargada de transportar el petróleo en la zona.
El cuarto hallazgo es el aumento de las tensiones entre empresarios y comunidades campesinas y étnicas, por el acceso a la tierra y los daños ambientales. Durante el 2021, cubrimos, especialmente en los Llanos Orientales, varios casos de denuncias que siguen señalando la acumulación de tierras a costa del territorio ancestral de comunidades indígenas que ahora viven prácticamente en la indigencia. Así lo mostramos en las investigaciones de las colonias menonitas que se han convertido en uno de los mayores terratenientes del país, con más de 30 mil hectáreas, en las que se ha denunciado quemas de bosque de sabana.
El de los menonitas es uno de muchos casos que hemos venido documentando y que muestran un claro patrón de acumulación de tierra, con el apoyo del Estado, en contra de campesinos, indígenas y afros. En la segunda temporada de la serie ¿Cómo nos quitan la tierra?, producida con el apoyo de la Heinrich Böll, se muestran las dificultades que tienen las comunidades para acceder a las tierras que reclaman, una vez las empresas han montado sus negocios.
El quinto es el enorme daño ambiental que sigue avanzando en la Amazonía. En varias investigaciones realizadas en conjunto con nuestro aliado Mongabay Latam, evidenciamos cómo se construyen carreteras que sirven como eje de una enorme deforestación. El gobierno continúa insistiendo en culpar al narcotráfico, como principal responsable, pero poco habla de los negocios de empresas legales que están relacionados, por ejemplo, con el aumento de la ganadería, el cultivo de palma y la acumulación de la tierra y la minería legal e ilegal que se extiende por los ríos de la región.
Nos despedimos de este duro año con el compromiso de seguir cubriendo en 2022 las rutas del conflicto social y las violencias que siguen sufriendo las víctimas de esta violencia que no ha parado de reciclarse. A mis compañeras y compañeros de Rutas del Conflicto, toda la gratitud por su trabajo durante este año. Sé que han sido tiempos difíciles para muchos de ustedes. Los admiro y aprecio todo el compromiso para seguir aportando desde el periodismo que hacemos en Rutas del Conflicto.
En Rutas del Conflicto cerramos un intenso año 2021 en el que trabajamos en una agenda periodística que cubrió el duro año que vivió el país, tanto en el aumento de la violencia como en la intensificación de los conflictos sociales. Este es un breve repaso de los cinco principales hallazgos de nuestras investigaciones.
El primero, tiene que ver con la persistencia de la violencia. Durante casi un año y medio, con mis colegas de Rutas del Conflicto, acompañamos los diálogos con las comunidades que organizó la Comisión de la Verdad en varias zonas del país (ver portal del cubrimiento). La gente repitió cientos de veces que la violencia no se va porque el Estado no aparece de manera integral en sus comunidades y, cuando lo hace, principalmente, llega con policías y militares para verlos como si fueran el enemigo.
La gente en regiones como Arauca, Bajo Cauca, Catatumbo, el norte del Cauca y el Bajo Atrato piden a gritos carreteras para sacar sus productos, servicios básicos y que el Estado no le entregue su responsabilidad a la empresa extractiva o agroindustrial de turno. En esas y muchas otras zonas, los conflictos sociales históricos se siguen ‘solucionando’ a punta de plomo y es persistente la estigmatización de las comunidades, por parte de la fuerza pública.
En esa misma vía, el proyecto La Paz en el Terreno, de Rutas del Conflicto, Colombia +20 y Fescol, ha construido una especie de atlas de la violencia contra el liderazgo social en el país, desde las voces de los representantes de las comunidades. En varios especiales multimedia, los líderes y lideresas han señalado con preocupación, los vínculos de estos actores políticos y empresariales con las violencias que los amenazan, desplazan y asesinan. La situación preocupa ante las elecciones de las circunscripciones especiales de paz, que se realizarán por primera vez en 2022.
El segundo hallazgo está relacionado con los nuevos actores de la violencia. Aunque el gobierno insiste en hablar de las FARC como un actor armado vigente, lo cierto es que lo que existe es una gran variedad de grupos armados que nacieron y evolucionaron desde los grupos residuales de los ‘paras’ (principalmente las AGC), las FARC (la Nueva Marquetalia y los frentes cercanos a Gentil Duarte) y el EPL, junto a los frentes locales de la vieja guerrilla del ELN.
Dentro de las investigaciones que realizamos para documentar más de 90 masacres cometidas durante el 2021 (Ver base de datos), fue evidente la reconfiguración de estos actores, que se enfrentan en algunas regiones entre sí por el control del narcotráfico y otras economías ilegales. En medio de estas guerras, han aumentado el reclutamiento forzado y han asesinado a quienes, dentro de la población, señalan de apoyar a sus enemigos.
Es incierto hacia dónde avanza este nuevo ciclo de violencia, que parece tener marcadas diferencias con el conflicto armado reciente, sin las FARC, ni los grupos paramilitares con un rostro tan público y visible como hace un par de décadas.
(También puede leer: Acuerdo Final: cinco años de una paz fragmentada)
El tercero es la persistente y creciente violencia del Estado ante los reclamos sociales. Tanto en las protestas del paro nacional, como en las regiones rurales, lideradas por campesinos y comunidades étnicas, la Policía y el Ejército han estado relacionados con asesinatos, desapariciones y abusos contra civiles. La base de datos que construimos con información sobre 80 crímenes cometidos durante el paro (ver base de datos), da cuenta de la responsabilidad de los actores estatales en un gran porcentaje de estos homicidios.
En regiones como el Catatumbo en Norte de Santander, el Ariari en el Meta y las selvas de los Parques Nacionales amazónicos, el Ejército y la Fiscalía han realizado operativos en los que han agredido y criminalizado a campesinos, señalándolos de cómplices del narcotráfico y responsables de la deforestación. También en el sur de Santander, se denunciaron fuertes abusos policiales en las protestas de campesinos en contra de la empresa de Ecopetrol, encargada de transportar el petróleo en la zona.
El cuarto hallazgo es el aumento de las tensiones entre empresarios y comunidades campesinas y étnicas, por el acceso a la tierra y los daños ambientales. Durante el 2021, cubrimos, especialmente en los Llanos Orientales, varios casos de denuncias que siguen señalando la acumulación de tierras a costa del territorio ancestral de comunidades indígenas que ahora viven prácticamente en la indigencia. Así lo mostramos en las investigaciones de las colonias menonitas que se han convertido en uno de los mayores terratenientes del país, con más de 30 mil hectáreas, en las que se ha denunciado quemas de bosque de sabana.
El de los menonitas es uno de muchos casos que hemos venido documentando y que muestran un claro patrón de acumulación de tierra, con el apoyo del Estado, en contra de campesinos, indígenas y afros. En la segunda temporada de la serie ¿Cómo nos quitan la tierra?, producida con el apoyo de la Heinrich Böll, se muestran las dificultades que tienen las comunidades para acceder a las tierras que reclaman, una vez las empresas han montado sus negocios.
El quinto es el enorme daño ambiental que sigue avanzando en la Amazonía. En varias investigaciones realizadas en conjunto con nuestro aliado Mongabay Latam, evidenciamos cómo se construyen carreteras que sirven como eje de una enorme deforestación. El gobierno continúa insistiendo en culpar al narcotráfico, como principal responsable, pero poco habla de los negocios de empresas legales que están relacionados, por ejemplo, con el aumento de la ganadería, el cultivo de palma y la acumulación de la tierra y la minería legal e ilegal que se extiende por los ríos de la región.
Nos despedimos de este duro año con el compromiso de seguir cubriendo en 2022 las rutas del conflicto social y las violencias que siguen sufriendo las víctimas de esta violencia que no ha parado de reciclarse. A mis compañeras y compañeros de Rutas del Conflicto, toda la gratitud por su trabajo durante este año. Sé que han sido tiempos difíciles para muchos de ustedes. Los admiro y aprecio todo el compromiso para seguir aportando desde el periodismo que hacemos en Rutas del Conflicto.