Con igualdad y equidad se derrota a la exclusión
El presidente de la República Gustavo Petro sancionó la Ley 2281 de 2023 que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad. El acto se realizó el 4 de enero de 2023 en el municipio de Istmina (Chocó) con la decidida y entusiasta participación de la vicepresidenta Francia Márquez.
Si se cumple con el objeto y funciones del nuevo ministerio, se abre el camino institucional que permitirá realizar un trabajo articulado en favor de los grupos históricamente discriminados, la población vulnerable y los sujetos de especial protección constitucional. El mandato legal así lo dispone, coherente con la necesidad de derrotar la exclusión en Colombia, uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.
Al escoger a Istmina no solo hay simbolismo, el Gobierno asumió un compromiso para que las políticas de Estado se dirijan a las poblaciones afrodescendientes e indígenas; a aquellos departamentos y comunidades afectadas por el conflicto armado, confinados por la violencia, con múltiples necesidades insatisfechas, olvidadas por el poder central y gravemente erosionadas por la corrupción. He aquí la paradoja: entidades territoriales con mucha riqueza donde se vive en la pobreza.
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Que la primera ministra de Igualdad y Equidad sea Francia Márquez es acertado y justo. En términos de conformación del poder político ganó las elecciones, es mujer, afrodescendiente, líder social; por su origen y activismo conoce los agudos problemas comunitarios; en forma directa ha padecido la indiferencia de los gobiernos, la segregación, la discriminación racial, los atentados contra ella y su familia, incluso en el desempeño de su cargo actual. Esta es una oportunidad para demostrar que con voluntad y respeto por la dignidad de todas las personas si es posible promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. La responsabilidad es enorme, pues el nuevo ministerio tiene ámbito de competencia en todo el país, con énfasis en los territorios excluidos y marginados. Está destinado para la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en todas sus diversidades; la población LGBTIQ+; los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom; los campesinos y campesinas; los jóvenes; los habitantes de calle; los miembros de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema; entre otros sujetos que precisan del amparo en sus derechos fundamentales.
Dentro de las preocupaciones y dudas está la duplicidad de funciones que el ministerio asumiría, ya que varias entidades, organismos e instancias están encargadas de la protección de poblaciones vulnerables, como el Departamento de Prosperidad Social; la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; la Consejería Presidencial para la Juventud, entre otras. La exposición de motivos del proyecto de ley señaló la debilidad institucional en la implementación de políticas públicas, su cumplimiento y seguimiento, debido a la falta de coordinación en un solo organismo o entidad que tenga a cargo esa articulación.
Igualmente, se advierte que las funciones de los órganos o entidades carecen de ejecución practica y de impacto real; los mecanismos, sistemas e instancias están dispersos; todo esto en detrimento de las personas más necesitadas. Lo anterior implica un nuevo diseño institucional que permita trasladar e integrar funciones; además, eliminar cargos inoperantes algunos creados para satisfacer apetitos burocráticos. Es primordial la materialización de las políticas públicas.
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La Ley 2281 señala la importancia de generar alianzas con actores del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, con organismos de carácter internacional y otros gobiernos. También, con las autoridades y formas organizativas propias de los pueblos étnicos, buscando fomentar la innovación social a través de la identificación e implementación de iniciativas privadas y locales. Dado que el centralismo colonial ha menoscabado las identidades comunitarias y a entidades como los municipios, resulta congruente el mandato de priorizar el enfoque territorial.
Mediante las funciones otorgadas al Ministerio de Igualdad y Equidad se está cumpliendo con la Constitución de 1991 y los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El establecimiento y puesta en marcha del Ministerio es gradual, por ello resulta imposible resolver inmediatamente todos los problemas que demanda la ciudadanía. Se requieren acciones concretas, manejo prudente de la información para evitar contradicciones y generar falsas expectativas. Adelante, señora ministra, la lucha por la no discriminación debe continuar.
El presidente de la República Gustavo Petro sancionó la Ley 2281 de 2023 que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad. El acto se realizó el 4 de enero de 2023 en el municipio de Istmina (Chocó) con la decidida y entusiasta participación de la vicepresidenta Francia Márquez.
Si se cumple con el objeto y funciones del nuevo ministerio, se abre el camino institucional que permitirá realizar un trabajo articulado en favor de los grupos históricamente discriminados, la población vulnerable y los sujetos de especial protección constitucional. El mandato legal así lo dispone, coherente con la necesidad de derrotar la exclusión en Colombia, uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.
Al escoger a Istmina no solo hay simbolismo, el Gobierno asumió un compromiso para que las políticas de Estado se dirijan a las poblaciones afrodescendientes e indígenas; a aquellos departamentos y comunidades afectadas por el conflicto armado, confinados por la violencia, con múltiples necesidades insatisfechas, olvidadas por el poder central y gravemente erosionadas por la corrupción. He aquí la paradoja: entidades territoriales con mucha riqueza donde se vive en la pobreza.
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Que la primera ministra de Igualdad y Equidad sea Francia Márquez es acertado y justo. En términos de conformación del poder político ganó las elecciones, es mujer, afrodescendiente, líder social; por su origen y activismo conoce los agudos problemas comunitarios; en forma directa ha padecido la indiferencia de los gobiernos, la segregación, la discriminación racial, los atentados contra ella y su familia, incluso en el desempeño de su cargo actual. Esta es una oportunidad para demostrar que con voluntad y respeto por la dignidad de todas las personas si es posible promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. La responsabilidad es enorme, pues el nuevo ministerio tiene ámbito de competencia en todo el país, con énfasis en los territorios excluidos y marginados. Está destinado para la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en todas sus diversidades; la población LGBTIQ+; los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom; los campesinos y campesinas; los jóvenes; los habitantes de calle; los miembros de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema; entre otros sujetos que precisan del amparo en sus derechos fundamentales.
Dentro de las preocupaciones y dudas está la duplicidad de funciones que el ministerio asumiría, ya que varias entidades, organismos e instancias están encargadas de la protección de poblaciones vulnerables, como el Departamento de Prosperidad Social; la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; la Consejería Presidencial para la Juventud, entre otras. La exposición de motivos del proyecto de ley señaló la debilidad institucional en la implementación de políticas públicas, su cumplimiento y seguimiento, debido a la falta de coordinación en un solo organismo o entidad que tenga a cargo esa articulación.
Igualmente, se advierte que las funciones de los órganos o entidades carecen de ejecución practica y de impacto real; los mecanismos, sistemas e instancias están dispersos; todo esto en detrimento de las personas más necesitadas. Lo anterior implica un nuevo diseño institucional que permita trasladar e integrar funciones; además, eliminar cargos inoperantes algunos creados para satisfacer apetitos burocráticos. Es primordial la materialización de las políticas públicas.
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Mediante las funciones otorgadas al Ministerio de Igualdad y Equidad se está cumpliendo con la Constitución de 1991 y los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El establecimiento y puesta en marcha del Ministerio es gradual, por ello resulta imposible resolver inmediatamente todos los problemas que demanda la ciudadanía. Se requieren acciones concretas, manejo prudente de la información para evitar contradicciones y generar falsas expectativas. Adelante, señora ministra, la lucha por la no discriminación debe continuar.