Milena Quiroz es administradora de empresas, pero la profesión se queda corta para describir todo lo que hace esta líder social en el municipio de Arenal, en el sur de Bolívar. Como buena administradora, cofundó la Cooperativa Multiactiva de Arenal para transformar los productos agrícolas y mantener la ganancia en el campesinado que los cultiva.
También es cogestora de la emisora comunitaria “La Negrita de Arenal”, que resiste al olvido de las raíces palanqueras, y en el corazón de su labor está la movilización por el respeto de los derechos humanos por parte de los actores armados con el Cómite de DDHH y DIH, VIDA y LIBERTAD de Arenal. Con el fin de reivindicar su valiosa labor, Milena, junto con otros 19 líderes sociales y 10 organizaciones de la sociedad civil -entre ellas Dejusticia-, interpusimos en el año 2019 la tutela El Derecho a Defender Derechos.
Así como Milena ha hecho mucho por su tierra, ha sufrido la violencia que la ha castigado por ser líder social. Convivió con un esquema de seguridad que le generaba desconfianza y del que ahora hay graves señalamientos de corrupción.
Además, con la conocida fórmula de estigmatización del campesinado en Colombia, la Fiscalía ha usado sus actividades de liderazgo para señalarla de tener vínculos con organizaciones ilegales y abrirle un proceso que lleva más de 7 años, aumentado aún más el riesgo que ya de por sí tiene Milena por ser líder social. Y como si todo esto fuera poco, sufrió un grave atentado contra su vida.
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Todo esto la llevó a desplazarse por un buen tiempo a Bogotá. En esta ciudad no estuvo con los suyos, no ejerció su liderazgo y no dejó de sentir miedo, pues la Fiscalía nunca avanzó con la investigación y, mucho menos, con la detención de los responsables del atentado. No es de extrañar que la Corte Constitucional haya encontrado que el Estado vulneró su Derecho a Defender Derechos.
Junto al caso de Milena, la Corte Constitucional estudió otros 19 de distintas regiones del país y decidió declarar un Estado de Cosas Inconstitucional.
La Corte comprobó que esta es una situación masiva de violación de los derechos que le ha quitado la vida a más de 1.000 personas líderes sociales desde el año 2016, ante lo cual el Estado ha sido completamente inoperante. Esta figura permitirá a la Corte Constitucional y organizaciones de la sociedad civil hacerle seguimiento a la política pública de seguridad para líderes de manera que la misma responda adecuadamente a las necesidades de esta población.
¿En qué cambia la situación esta decisión? La Corte puso en cabeza del Ministerio de Interior, de Defensa, de Justicia y de otras instituciones la creación de un plan que garantice el derecho a defender derechos con ciertos mínimos. Por un lado, las medidas de protección deben responder a las necesidades concretas de seguridad de las personas líderes y de las comunidades que defienden derechos. En este caso, será necesaria la flexibilidad institucional, pues las medidas de seguridad deben ser tan diversas como lo es la geografía colombiana, su gente y las relaciones que se tejen en los contextos de guerra.
La respuesta general de escoltas y carros blindados no funciona en todos los lugares y se queda corta para reconocer que la defensa de derechos es también colectiva y , por tanto, que debe brindarse seguridad al tejido social que la posibilita.
Por otro lado, la Corte también ordena la creación de un ambiente que legitime, respalde y defienda con ahínco el liderazgo social. Si no entendemos que las distintas reivindicaciones de las personas líderes sociales son las que construyen sociedad al reconocer las necesidades no resueltas de distintas poblaciones en Colombia, estamos dejando al borde del precipicio posibles futuros en donde dialoguemos y construyamos un país incluyente y en paz.
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El último mínimo establecido en esta sentencia es la justicia efectiva, no con las mentiras de una Fiscalía que mostró inicios de investigación como cifras de esclarecimiento, sino con sentencias finales en contra de los responsables y que tiendan al desmantelamiento de las organizaciones que están detrás del asesinato y las violaciones de derechos de los líderes.
Para Milena esta es una decisión esperanzadora en donde la Corte reconoce el esfuerzo de las personas líderes después de tantas decepciones institucionales y de una guerra que no da tregua, dando garantías para que el liderazgo no se vuelva una misión imposible. Ahora, el turno es para las instituciones que, en cabeza del Ministerio del Interior, tienen la obligación de implementar las órdenes y hacer que la esperanza de Milena sea una realidad.
*Investigadora de Dejusticia