Las 16 curules para las víctimas corresponde a lo pactado en los puntos 2.3.6 y 6.1.10 del Acuerdo Final de Paz y se constituye en una esperanza, en el logro de la participación política y la apertura democrática para construir la paz, con los representantes legítimos de las comunidades. Por tanto, las curules no son una dispensa del Gobierno, ni se trata de una ofrenda del Congreso de la República a favor de las personas más afectadas por el conflicto armado, quienes viven en territorios olvidados por las autoridades y el Estado. Se ha pasado de toda esta concepción y aspiración consonante con el Estado social de derecho, a una trama para evitar que las víctimas ocupen esos escaños en el Congreso de la República; los medios de comunicación caracterizan este asunto como novela, viacrucis, obstáculos, diferencias, empantanamiento, reflejando el sentir ciudadano.
En esta difícil situación se ha entretejido lo político y lo judicial sin que la opinión pública pueda entender por qué entre más autoridades intervienen las complicaciones aumentan, tal vez sea por esa tendencia que se ha venido afianzando en el Gobierno y en ciertos partidos del Congreso de impulsar fórmulas e interpretaciones que generen mayor división y no acercamientos, como se subestima los procesos de conciliación, la auto composición y la negociación política, todo termina en manos de los jueces; lo que importa son los triunfos de la politiquería para demostrar sumisión al jefe, mañas y artimañas, jugaditas como dicen los mezquinos, olvidando los intereses superiores y a las víctimas con quienes todos estamos en deuda, ellas han sido afectadas con la muerte, el desplazamiento, la violencia generalizada, su integridad y dignidad pisoteadas; además con la estigmatización y el olvido, siendo participes la indiferencia y la falta de solidaridad de las personas.
Ahora bien ¿qué es lo esencial? ¿qué fue lo que se acordó? se busca integrar las zonas golpeadas por el conflicto armado para lograr una mayor inclusión y representación política de las poblaciones donde hay una endeble presencia institucional; se quiere que los derechos fundamentales de sus pobladores, sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se protejan, que la negación e invisibilización no persista. La manera de hacerlo está cimentada en el compromiso que el Gobierno Nacional asumió de crear en estas zonas 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de 16 Representantes a la Cámara y poner en marcha procesos de fortalecimiento de las organizaciones sociales en estos territorios, en especial de las organizaciones de víctimas con miras a su participación en la circunscripción. Desde luego, lo anterior no se refiere al Gobierno que firmó el Acuerdo de Paz, sería un absurdo, cobija a todos los gobiernos, bajo el presupuesto de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y que las autoridades del Estado deben contribuir, de buena fe, a la implementación del Acuerdo Final, en cuanto política de Estado, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional.
¿Quiénes son los candidatos o candidatas? deben ser personas nacidas o que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno; y serán postulados por organizaciones de víctimas, defensoras de víctimas, organizaciones sujeto de reparación colectiva, grupos significativos de ciudadanos, como organizaciones campesinas, mujeres y sectores sociales, es decir organizaciones de la circunscripción que cuenten con acreditación del trabajo con y/o a favor de víctimas del conflicto armado; por tanto, los electores son los ciudadanos de esos mismos territorios, siendo de especial importancia el Registro Único de Víctimas, sin que se les prive del derecho a participar en las elecciones ordinarias de sus departamentos para Cámara de Representantes. No obstante, los partidos con representación en el Congreso de la República, incluido el partido de la FARC, no pueden inscribir candidatos para estas circunscripciones. Ahora bien, hay otros asuntos que son importantes pero que corresponden al procedimiento electoral, como la adopción de reglas, financiación de las campañas, acceso a medios, acompañamiento para garantizar el voto libre y transparente, la vigilancia sobre el censo electoral y la inscripción de candidatos.
Todo lo anterior está sustentado en el Acuerdo Final de Paz y en el Acto Legislativo, en este se hace un importante desarrollo dentro del marco constitucional, muestra de ello es la definición de las zonas que han sido afectadas por el conflicto y el abandono, bajo los criterios como la presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas, los niveles de pobreza y la debilidad institucional; atendiendo variables como acciones de las Fuerzas Militares y acciones de grupos al margen de la ley, homicidios, secuestros, masacres, despojo de tierras, desplazamiento, minas antipersonales, desaparición forzada, asesinatos de sindicalistas, autoridades locales, periodistas y reclamantes de tierras; se incluyeron 170 municipios. El Acto Legislativo obtuvo la mayoría absoluta, de 99 senadores habilitados 50 votaron afirmativamente, si para ese momento, en gracia de discusión, había duda, el asunto está plenamente superado con la decisión de la Corte Constitucional sobre las fallidas objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, la Corte nuevamente señaló que el quórum decisorio se establece a partir del número de congresistas habilitados para votar, en estricto rigor, se trató de una reiteración de jurisprudencia.
Lo desconcertante fue la propuesta que lanzó el presidente Duque, en Mompox Bolívar, en el sentido que las curules no sean nuevas, para no generar más costo presupuestal, y que las “verdaderas víctimas” tengan esos espacios de la propia representación existente en el Congreso, pero garantizando esa participación amplia. La propuesta reitera el incumplimiento al Acuerdo Final de Paz; estas posturas del presidente de permanente descalificación entre “verdaderas víctimas” y al parecer falsas víctimas – las que aceptan el acuerdo de Paz- o la llamada “genuina verdad”, “genuina justicia” y “genuina reparación” - que el mandatario y su partido predican- aviva la confrontación en materia de víctimas, de justicia transicional, hay desprecio sobre lo adelantado en el Acuerdo de Paz como en su implementación.
Hoy ante los recientes avatares jurídicos, el intento del presidente del Senado de revocar el acto administrativo que declaró archivadas las circunscripciones especiales, el trámite de la acción de nulidad que cursa en el Consejo de Estado, la acción de tutela en revisión en la Corte Constitucional y el anuncio del Comisionado de Paz de que el Gobierno presentará su propio proyecto para revivir las curules, hay que volver a lo esencial; la centralidad de todo este proceso son las víctimas, quienes merecen respeto, no más dilaciones ni engaños, está consolidado un Acto Legislativo discutido y aprobado, falta promulgarlo ¿para qué otro?. Las curules son nuevas, transitorias, especiales y por dos periodos electorales. Quienes se han opuesto a la creación de estas curules señalan que varios de los municipios escogidos están bajo el influjo de las disidencias de las FARC o de otros actores armados al margen de la ley, esto no puede ser un reparo sino un desafío para que el Estado con la Fuerza Pública, las autoridades judiciales y electorales permitan elecciones sin apremios, sin constreñimiento; es como considerar que en ciertas entidades territoriales donde actúan paramilitares y bandas criminales, se concluya que los elegidos sean sus emisarios y por tanto sus habitantes no tengan representantes. Si hay voluntad política, si la pretensión es superar el conflicto armado y la violencia, el discurso tiene que ser coherente con la realidad, no se puede intentar borrar la memoria histórica decir que no ha existido conflicto armado, ni cambiar o alterar la cifras sobre asesinatos de líderes sociales, ni quitarle la calidad de víctimas a quienes la tienen. Finalmente, a las víctimas no se les está haciendo un favor, las curules son una medida de reparación y de construcción de paz.