De la degradación a la exaltación en el conflicto armado colombiano
En estos tiempos, los sectores más radicales y tradicionales de la política colombiana patrocinan la sensación de caos, impulsan el convencimiento sobre la ocurrencia de una tragedia económica y social presente y futura. Desde el actual Gobierno, con sus fortalezas y debilidades, la búsqueda de la paz, la superación del conflicto armado mediante los acercamientos, las conversaciones, el diálogo y los posibles acuerdos, ha sido clara y coherente.
Muestra de lo anterior es la Ley 2272 de 2022, que tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado. El contenido de esta Ley es complejo, controvertido, requiere análisis y debate riguroso; pero en lo cotidiano lo predominante es la descalificación y las artimañas, como si la paz no fuera un derecho sino un discurso caduco del Gobierno que hay que contrarrestar.
La ciudadanía y las comunidades, especialmente rurales, ven con perplejidad que algunos grupos armados u organizaciones al margen de la ley manifiestan su intención de sumarse al logro de la paz, pero la acompasan con ataques a la población civil, vulnerando y amenazando derechos como la vida, la integridad, la libertad, pisoteando la dignidad, con reincidencia y desdén. La Comisión de la Verdad en su informe final – hallazgos y recomendaciones-, se refiere a los impactos de la degradación de la guerra; señala que la prolongada violencia del conflicto armado ha traído consecuencias individuales, así como en el comportamiento y el sentir colectivo; se usa el dolor y el sufrimiento para fines políticos.
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Los grupos armados en cualquier momento, en aniversarios, conmemoraciones y como si se tratase de una etapa previa a las conversaciones, cometen homicidios, atentados, realizan actos públicos vinculando a las comunidades, para demostrar poder, control y dominación territorial. Recientemente el ELN privó de la libertad a la sargento del ejército Ghislaine Karina Rodríguez Chitiva, a sus hijos, un niño de 6 años con autismo y una niña de 8 años de edad.
Con la mencionada guerrilla se pactó una fase de alistamiento y se decretó el cese al fuego bilateral de carácter nacional. Estas acciones despiadadas generan un impacto social y político negativo; no se puede pasar de la realización de conductas delictivas, como privar de la libertad a personas protegidas, al agradecimiento o la exaltación por haberlas liberado, sin que esto tenga ningún tipo de consecuencia.
Lo anterior no significa una exigencia para incrementar las acciones militares ni robustecer la confrontación bélica, ese no es el camino, pero la Fuerza Pública ante actos criminales debe cumplir con su misión constitucional y legal, las órdenes desde el Gobierno en este sentido tienen que ser coherentes e inequívocas.
La base ética y jurídica, el sustento, que vincule a las partes en los acercamientos, conversaciones y negociaciones es el respeto y observancia del Derecho Internacional Humanitario (DIH), entendido como un mínimo de disposiciones inderogables. Si el Ejército Nacional, por ejemplo, utiliza indebidamente signos de protección como la Cruz Roja; o miembros de los grupos armados organizados de particulares simulan la condición de persona protegida, se quebranta el DIH; esto no admite excepciones dependiendo de quien lo haga, rompe la confianza y no es motivo de orgullo.
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La situación de violencia que se está viviendo en nuestro país es grave, la matanza de líderes sociales y de personas de la población civil, así como el asesinato de policías no se detiene. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dio a conocer, que en 2023 con corte al 12 de julio, se perpetraron 53 masacres con 173 víctimas. Aunque me he referido al actual proceso con los grupos armados al margen de la ley, en Colombia numerosos crímenes y persecuciones a personas se cometieron por agentes del Estado en Gobiernos aquiescentes, generando diferentes formas de violencia. Es irracional seguir demostrando la gran capacidad que se tiene para matar, secuestrar, desplazar, desaparecer y ejecutar otros delitos.
La búsqueda de la paz a través del diálogo y los acuerdos sobre cese al fuego deben mantenerse; en esta tragedia humanitaria que vive Colombia, la sociedad reclama compromisos que conduzcan al logro y mantenimiento de la paz, al respeto de los derechos humanos, sin ambages y con verificación. Hasta la guerra tiene límites.
En estos tiempos, los sectores más radicales y tradicionales de la política colombiana patrocinan la sensación de caos, impulsan el convencimiento sobre la ocurrencia de una tragedia económica y social presente y futura. Desde el actual Gobierno, con sus fortalezas y debilidades, la búsqueda de la paz, la superación del conflicto armado mediante los acercamientos, las conversaciones, el diálogo y los posibles acuerdos, ha sido clara y coherente.
Muestra de lo anterior es la Ley 2272 de 2022, que tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado. El contenido de esta Ley es complejo, controvertido, requiere análisis y debate riguroso; pero en lo cotidiano lo predominante es la descalificación y las artimañas, como si la paz no fuera un derecho sino un discurso caduco del Gobierno que hay que contrarrestar.
La ciudadanía y las comunidades, especialmente rurales, ven con perplejidad que algunos grupos armados u organizaciones al margen de la ley manifiestan su intención de sumarse al logro de la paz, pero la acompasan con ataques a la población civil, vulnerando y amenazando derechos como la vida, la integridad, la libertad, pisoteando la dignidad, con reincidencia y desdén. La Comisión de la Verdad en su informe final – hallazgos y recomendaciones-, se refiere a los impactos de la degradación de la guerra; señala que la prolongada violencia del conflicto armado ha traído consecuencias individuales, así como en el comportamiento y el sentir colectivo; se usa el dolor y el sufrimiento para fines políticos.
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Los grupos armados en cualquier momento, en aniversarios, conmemoraciones y como si se tratase de una etapa previa a las conversaciones, cometen homicidios, atentados, realizan actos públicos vinculando a las comunidades, para demostrar poder, control y dominación territorial. Recientemente el ELN privó de la libertad a la sargento del ejército Ghislaine Karina Rodríguez Chitiva, a sus hijos, un niño de 6 años con autismo y una niña de 8 años de edad.
Con la mencionada guerrilla se pactó una fase de alistamiento y se decretó el cese al fuego bilateral de carácter nacional. Estas acciones despiadadas generan un impacto social y político negativo; no se puede pasar de la realización de conductas delictivas, como privar de la libertad a personas protegidas, al agradecimiento o la exaltación por haberlas liberado, sin que esto tenga ningún tipo de consecuencia.
Lo anterior no significa una exigencia para incrementar las acciones militares ni robustecer la confrontación bélica, ese no es el camino, pero la Fuerza Pública ante actos criminales debe cumplir con su misión constitucional y legal, las órdenes desde el Gobierno en este sentido tienen que ser coherentes e inequívocas.
La base ética y jurídica, el sustento, que vincule a las partes en los acercamientos, conversaciones y negociaciones es el respeto y observancia del Derecho Internacional Humanitario (DIH), entendido como un mínimo de disposiciones inderogables. Si el Ejército Nacional, por ejemplo, utiliza indebidamente signos de protección como la Cruz Roja; o miembros de los grupos armados organizados de particulares simulan la condición de persona protegida, se quebranta el DIH; esto no admite excepciones dependiendo de quien lo haga, rompe la confianza y no es motivo de orgullo.
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La situación de violencia que se está viviendo en nuestro país es grave, la matanza de líderes sociales y de personas de la población civil, así como el asesinato de policías no se detiene. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dio a conocer, que en 2023 con corte al 12 de julio, se perpetraron 53 masacres con 173 víctimas. Aunque me he referido al actual proceso con los grupos armados al margen de la ley, en Colombia numerosos crímenes y persecuciones a personas se cometieron por agentes del Estado en Gobiernos aquiescentes, generando diferentes formas de violencia. Es irracional seguir demostrando la gran capacidad que se tiene para matar, secuestrar, desplazar, desaparecer y ejecutar otros delitos.
La búsqueda de la paz a través del diálogo y los acuerdos sobre cese al fuego deben mantenerse; en esta tragedia humanitaria que vive Colombia, la sociedad reclama compromisos que conduzcan al logro y mantenimiento de la paz, al respeto de los derechos humanos, sin ambages y con verificación. Hasta la guerra tiene límites.