La Constitución de 1991 dispone en su artículo 19 que se garantiza a toda persona los derechos fundamentales a la libertad de cultos y a profesar libremente su religión, así como difundirla en forma individual o colectiva, siendo interdependientes con las libertades de conciencia, de pensamiento y expresión. Igualmente, las personas no creyentes están protegidas por la norma superior bajo los principios y derechos a la igualdad y la libertad; esta titularidad y garantía comprende el no ser afectado ni discriminado por los creyentes, por otras personas o las autoridades.
En Colombia se está presentando una delicada situación causada por el general Henry Armando Sanabria Cely, quien se desempeña como director de la Policía Nacional, un oficial que ostenta la más alta graduación, un servidor público y a la vez un acérrimo católico devoto de la Virgen María, quien a título personal y como funcionario, difunde sus creencias, adoctrina en forma amplia en las redes sociales, en los medios de comunicación, en eventos institucionales y desde luego al interior de la Policía. El señor general ha expresado que sus creencias religiosas y su difusión están amparadas por la Constitución, tal como ocurre con todas las personas en este país.
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En sus declaraciones y afirmaciones el general Sanabria se ha referido a la sumisión de las mujeres, a la comunidad LGBTIQ+, a los portadores del VIH dentro de la Policía; señaló que si pudiera expulsaría a los subalternos que le sean infieles a sus parejas. También están las denuncias, que, ocultando la identidad, han hecho miembros de la Policía en medios de comunicación, sobre la injerencia indebida en su vida privada, conformación y vínculos al interior de las familias, orientación sexual y credos; lo que sin duda es discriminatorio y amenazante. Esas denuncias dan cuenta de la afectación al diario vivir, al funcionamiento de las dependencias, las reuniones, ceremonias, los actos públicos y lo más preocupante, las probables consecuencias en los ascensos, traslados e incluso ser desvinculados de la institución.
Todo lo anterior está supeditado, a los ritos, condiciones, identidad y afinidad religiosa con el general Sanabria y con otros superiores que profesan y comparten sus mismas creencias y religión.
Para comprender la gravedad de estas situaciones hay que conocer cómo funciona la Policía. El mando al interior de la institución no opera como un cuerpo de naturaleza civil, sino como una estructura castrense, con una dependencia personal en un nivel de jerarquía estricto, donde se da órdenes, en su mayoría verbales, las que se deben obedecer, acatar y ejecutar. Es común escuchar la expresión “qué ordena” luego del saludo al advertir la presencia o ser llamado por un superior. El perfil, los antecedentes, especialmente de los oficiales superiores es determinante; hay una trayectoria que denota su forma de actuar, su comportamiento y un efecto de necesaria réplica de cómo deben hacerlo sus “subalternos”, así se les llama a los compañeros de trabajo.
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Entrar en desacuerdos con un superior, frente a una orden, instrucción o consigna, no compartir su pensamiento o sus concepciones, significa someterse a represalias dentro de la Policía; lo que está en juego es la tranquilidad y estabilidad laboral, las calificaciones, los ascensos, los traslados, el bienestar del trabajador o trabajadora y el de su familia. Pero, si la confrontación es con el director de la Policía, con sus directrices, caracterizado por su fanatismo religioso, que excluye y degrada, significa que no se contará con el respaldo de nadie en la institución ¿quién puede atreverse a denunciar cuando lo que está en juego es el trabajo y la carrera?
En la Policía Nacional se presentan problemas, en su mayoría invisibilizados, de creencias religiosas, de discriminación por raza, de género, orientación sexual, acoso sexual y laboral; es cierto, no se puede generalizar, pero parece que se quiere insistir en la regresión. Señor presidente, señor ministro de Defensa, el general Sanabria no está facultado, bajo su libertad religiosa, para vulnerar los derechos humanos de otros miembros de la institución, no son solamente declaraciones cuestionables, son conductas perjudiciales. El señor general Sanabria debe ser retirado de la Policía. Finalmente ¿Dónde está la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo?
P.D.: Parece que se engavetó la reforma a la Policía, estos y otros abusos la hacen inaplazable.
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