La conmemoración del “Día Mundial de la Marihuana”, el 20 de abril, es un momento de reflexión y acción para el movimiento de reforma de políticas de drogas y la comunidad cannábica global. Es una oportunidad para celebrar el derecho al consumo de marihuana y para continuar la lucha contra el sistema prohibicionista, abogando por enfoques más comprensivos hacia la planta y sus usuarios.
En la última década, hemos sido testigos de importantes avances en la forma en que abordamos el cannabis y otras drogas en Occidente. La reclasificación de la marihuana en las listas de drogas de las Convenciones Internacionales, gracias a la revisión realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un logro significativo.
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Uruguay ha establecido un precedente mundial al regular legalmente el uso de cannabis para adultos, inspirando cambios similares en otros países, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Además, la inclusión de la expresión “reducción de riesgos y daños” en la última resolución de la CND es otro paso importante en la dirección correcta. Se ha avanzado también en la reducción de la criminalización y en la promoción de narrativas menos punitivas tanto hacia la planta como hacia sus consumidores.
Estos progresos han generado un cambio en el paradigma tradicional sobre las drogas, alejando el poder del conocimiento exclusivamente de la disciplina médico-científica y fomentando un enfoque interdisciplinario.
Esto ha facilitado una comprensión más completa y enriquecida de las drogas, reflejada en enfoques basados en los derechos humanos, la reducción de riesgos y daños, el cuestionamiento de narrativas establecidas y la inclusión de perspectivas diferenciales en la toma de decisiones. Es esencial que los responsables de formular políticas públicas tomen nota de estos avances.
Sin embargo, como en todo proceso de cambio, también hemos enfrentado obstáculos: muros infranqueables y mesas de tres patas. A menudo, estos retrocesos no son el resultado de los mismos actores que promueven los avances, sino de una resistencia moralista y anacrónica. Dos casos ejemplares de retroceso o inacción son especialmente preocupantes.
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En Colombia, la histórica descriminalización del porte y consumo personal de marihuana en los años 90 fue un logro pionero. Mientras que en muchos países apenas se está comenzando a discutir la eliminación de sanciones penales por el uso y porte de cannabis, en Colombia pronto conmemoraremos 30 años desde la sentencia que consideró inconstitucional castigar el uso de drogas, la C-221 de 1994.
La pared infranqueable es la característica del caso colombiano, donde los avances se ven opacados por los retrocesos. La inclusión de la prohibición en la Constitución, la imposición de sanciones administrativas a través del código de policía y los decretos municipales que regulan el uso de cannabis en espacios públicos, la mayoría de los cuales son de naturaleza prohibicionista, son ejemplos claros de esto. A pesar de los avances significativos, gran parte de los poderes públicos continúan aferrados a un enfoque moralista y anacrónico.
Un segundo caso preocupante es el de Oregon, uno de los primeros en regular el cannabis para fines medicinales en 1998 y el cuarto estado en implementar un modelo de regulación para el suministro de cannabis para uso adulto, mostrando valentía al descriminalizar todas las drogas para uso personal en 2020. La ciudad de Portland ofrece un modelo que merece un análisis profundo, especialmente en cuanto al papel que asigna a las personas afectadas desproporcionadamente por el sistema de prohibición en el establecimiento de regulaciones con equidad social.
Sin embargo, en una clara contradicción y en detrimento de las víctimas del sistema de prohibición, Oregon ha optado por volver a políticas punitivas y prohibicionistas. Fue sorprendente para las y los involucrados en el movimiento de reforma de políticas de drogas enterarse de la recriminalización de la posesión de drogas bajo el argumento de un supuesto aumento en el consumo, cuando la lógica apunta a que el problema radica en la visibilidad del consumo y no en el consumo en sí.
Es esencial comprender que los avances en la comprensión holística de la construcción de políticas de drogas van más allá de la mera descriminalización, es dejar de imaginar mesas de tres patas. Es necesario comprender la cultura del consumo en el Estado y la actitud de la sociedad hacia los usuarios de drogas, así como ofrecer sistemas robustos de reducción de riesgos y daños, y crear espacios seguros para el consumo de drogas que eviten los prejuicios sociales.
En este 4-20, es crucial recordar que la criminalización solo agrava los riesgos asociados al consumo de drogas, promueve la clandestinidad y expone a los usuarios a la lógica y los controles de los mercados ilegales. Tanto en Colombia como en Oregon, los avances celebrados se enfrentan a dos grandes obstáculos: la inacción y las perspectivas obsoletas. Mientras se encuentran los caminos hay que volver sobre la sociedad civil organizada que ha logrado avances contra todo pronóstico, y es a esta a quien debemos agradecer y continuar apoyando en la búsqueda de un enfoque más comprensivo y justo hacia las políticas de drogas.