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De la paz de la Habana y en el camino hacia la Paz Total

La pérdida del plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016, mirado retrospectivamente, marcó un mal presagio de lo que serían las dinámicas de violencia que han tenido que enfrentar los liderazgos sociales con posterioridad.

Lourdes Castro
26 de noviembre de 2022 - 08:52 p. m.

Los resultados del plebiscito mostraron una variable territorial entre el voto del centro y la periferia del país, con departamentos muy azotados por la violencia en donde se impuso el sí. Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, en el suroccidente colombiano; y Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba, en la zona caribe, expresaron mayoritariamente su apoyo al Acuerdo de Paz. En otras palabras, las regiones más afectadas por el conflicto armado, con algunas excepciones, percibieron las ventajas del acuerdo como una oportunidad de cambio en clave territorial.

Con la firma del acuerdo final en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, las comunidades y organizaciones aprestadas por la paz en estos territorios continuaron dispuestas a asumir los desafíos de la implementación; sin embargo, más adelante, el 7 de agosto de 2018, la elección de un gobierno en favor del No en cabeza de Iván Duque sometería esta apuesta a toda suerte de descalificaciones, zancadillas y dilaciones.

Desde entonces hasta hoy, hemos vivido acontecimientos imprevisibles que de una manera o de otra han marcado el comportamiento de la violencia selectiva contra personas defensoras y liderazgos sociales; las agresiones en su contra han aumentado progresivamente desde el 2017.

Hemos vivido una reconfiguración de las dinámicas del conflicto con una variable territorial muy marcada, de hecho el CICR identifica la existencia de 6 conflictos armados1; experimentamos una pandemia que conllevó a medidas de aislamiento social prolongado,un estallido social en el que vivimos días de violencia generalizada por cuenta de la represión policial, en las que ciudades como Cali se convirtieron en un teatro de operaciones de guerra y, finalmente, un giro sustancial en el escenario político con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta, respectivamente, y de una importante bancada del Pacto Histórico al Congreso.

Según el registro del Sistema de Información del Programa Somos Defensores desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2022, se han cometido al menos 4.805 agresiones contra liderazgos sociales y de ellas 878 son homicidios. Departamentos que votaron mayoritariamente por la paz con Cauca a la cabeza, pero también Nariño, Putumayo o Valle del Cauca, concentran un importante número de agresiones. A manera de ejemplo, el mismo registro señala que en el Cauca 172 liderazgos sociales han perdido la vida con posterioridad al 24 de noviembre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2022.

El 2020 fue el año en el que el país estuvo sometido a fuertes medidas de aislamiento social debido a la pandemia que afectaron drásticamente la movilidad, y es este mismo período el que, paradójicamente, registra el mayor número de asesinatos. Los violentos tuvieron mayor capacidad de acción, mientras que los liderazgos sociales incrementaron sus riesgos y condiciones de vulnerabilidad. El Programa Somos Defensores registró este año 199 asesinatos, el número más alto desde que se creara el Sistema de Información en el 2010. Cauca el mayor número de asesinatos con 52 casos e, igualmente, el mayor número de agresiones con 1932.

El 2021 estuvo marcado por el impulso y la fuerza de la movilización social, pero también por el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes que conllevó a graves violaciones de los derechos humanos y que motivó una visita especial e importantes recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente la violencia generalizada desatada en el Paro Nacional contra los manifestantes marcó un comportamiento distinto en la violencia selectiva contra los liderazgos sociales, mientras las agresiones aumentaron, los homicidios disminuyeron. El Programa Somos Defensores confirmó 996 casos de agresiones de los cuales 139 fueron asesinatos. Cauca, Valle del Cauca y Bogotá encabezaron el listado de territorios con mayor número de agresiones, lo que coincide con los lugares donde las jornadas de protesta se desarrollaron con mayor intensidad.

La narrativa dominante sobre las agresiones a los liderazgos sociales recurre a una lectura simplista en la que estas se generan por la existencia de distintas organizaciones criminales generadoras de violencia y los intereses económicos asociados a ellas, principalmente el narcotráfico y la minería ilegal. La situación es mucho más compleja y, por tanto, su desactivación también lo es. La conflictividad social, los conflictos ambientales y la defensa de los bienes comunes, las disputas por la tierra, la defensa de derechos y del territorio, el reconocimiento de las

diversidades y otras luchas relacionadas con la equidad de género también tienen que ser consideradas a la hora de abordar la violencia selectiva contra los liderazgos sociales; impactar los procesos organizativos de los que hacen parte y silenciar sus luchas son unas de las razones determinantes que explican la persistencia de esta dinámica.

A pesar de todo la violencia no ha logrado silenciar sus voces, los resultados de la pasada campaña electoral puso de manifiesto nuevamente que las regiones periféricas, aquellas que votaron el plebiscito en el 2016, aquellas que han visto incrementados sus riesgos en el marco de la reconfiguración del conflicto armado y en el periodo de aislamiento social votaron masivamente por un cambio en el escenario político: Cauca, Nariño, Choco, Putumayo, Valle del Cauca, Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba, entre otros, refrendaron nuevamente su apuesta por la paz y sus liderazgos se aprestan a participar decididamente en los escenarios de la paz total.

*Lourdes Castro es coordinadora del Programa Somos Defensores.

Por Lourdes Castro

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