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Por Laura Gil.
Defendamos la Paz (DLP) cumplió su primer año unas semanas atrás. No fue un aniversario grato. Tuvo lugar en medio de la preocupación por los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, la insistencia del uribismo en la reforma de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la planeación para el reinicio de la fumigación aérea con glifosato, el ataque a las curules de la paz, la discusión de las modificaciones a la Ley de Víctimas y, en general, la falta de entusiasmo – por no decir animadversión – del Gobierno hacia el Acuerdo de Paz.
En tan solo un año, el movimiento se convirtió en una barrera de contención a los impulsos destructores del Gobierno y su partido. Ante el espejo retrovisor que ha caracterizado la actuación de la Presidencia en todos los frentes, Defendamos la Paz, no solo fortaleció la narrativa de la salvaguarda del Acuerdo, sino también logró plasmarla en actos concretos como la incidencia en la bancada parlamentaria de la paz. Todo lo ha hecho a punta del esfuerzo, la organización y el compromiso de sus más de 3.500 miembros, cada uno de ellos parte de una red o de una organización, que coordinan acciones en casi 50 chats de WhatsApp.
El 20 de febrero de 2019, un grupo de amigos preocupados por el camino que emprendía el discurso del Gobierno contra la paz nos dimos cita en el centro Cultural García Márquez. Contra toda expectativa, el salón se llenó con la presencia de Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Guillermo Rivera, los negociadores de las Farc, senadores y representantes y conocidas figuras de la sociedad civil. Allí nació el chat de la paz.
La primera acción consistió en la redacción de la carta al Secretario General de la ONU para denunciar las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, presentadas por el Presidente de la República, que equivalían a una reforma unilateral del Acuerdo. DLP trabajó de cerca con los congresistas amigos del Acuerdo para asegurar la estabilidad jurídica. Luego, vinieron muchos pronunciamientos más.
El impacto de DLP fue tal que, en respuesta a nuestro mensaje a Antonio Guterres, tan solo horas después de publicado, el canciller Trujillo viajó a Nueva York a explicar la posición del Presidente. La misiva a Luis Almagro, Secretario General de la OEA, mereció una comunicación de 11 páginas de Emilio Archila para describir a la organización internacional que el Gobierno sí hace lo que no hace.
En julio, DLP convocó a la marcha #26ElGrito en defensa de los líderes sociales. Los marchantes salieron en cada rincón de Colombia y alcanzaron a llenar la Plaza de Bolívar en Bogotá. El mensaje de solidaridad con los liderazgos sociales ha tenido eco a lo largo y ancho del país y va mucho más allá del debate partidista. Las garantías para los líderes sociales deberían convertirse en un punto de encuentro y no de división.
DLP no hace oposición porque sí y porque no. De hecho, DLP no hace oposición. Como bien lo dijo el exministro del interior Juan Fernando Cristo, “Defendamos la Paz no es un movimiento enemigo del Gobierno; es un movimiento amigo del Acuerdo de Paz”.Quienes pertenecemos a DLP creemos en la necesidad de apoyar los logros y revelar los retrocesos. Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, cuya implementación está en manos del Consejero Archila, constituyen el escenario de mayor avance. Pero cuesta percibir mucho más.
No podemos permanecer silenciosos. ¿Por qué quiso el Gobierno sobreponer a los PDETS unas “zona futuro”, con solo enfoque de orden público, que enbuenahora la Constitucional limitó?, ¿Por qué la reincorporación se convirtió a cuentagotas en contraposición a la colectiva negociada en el Acuerdo? ¿Por qué no se considera a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad como escenario privilegiado para discutir y decidir sobre las situaciones de seguridad en los territorios? ¿Por qué no se avanza en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos? ¿Por qué se empequeñece el impacto de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes?
DLP entiende que el Acuerdo no fue negociado para una entera implementación de inmediato y, por eso, éste planteó un periodo de transición de 15 años. Dígannos qué están dispuestos a hacer y hablamos sobre eso, le dijimos al Gobierno. En esa conversación sí estamos dispuestos a participar; ese diálogo no le interesa al Gobierno. No nos convoquen para hablar de una Paz con Legalidad que parte de la falta de legalidad del Acuerdo. Las ventanas de oportunidad se cierran. Estamos ante una. Defendamos la Paz continuará trabajando para mantenerla abierta. O la historia nos pasará cuenta de cobro. Al Gobierno y a nosotros.