Ofensiva legislativa contra el entramado criminal detrás de la deforestación

En los últimos meses, la Amazonía ha estado en el centro del debate público, convirtiéndose en tema recurrente de discusiones políticas, foros académicos y encuentros empresariales. En espacios como el Foro Global de la Tierra, la V Cumbre de los Presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) o la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, se repite una misma pregunta: ¿Cómo impedir que la Amazonía alcance el “Tipping Point” o punto de no retorno?

En términos simples, el punto de no retorno hace referencia al umbral crítico a partir del cual el ecosistema amazónico ya no podría regenerarse por sí mismo, incluso si se detuviera por completo la deforestación o se mitigaran eficazmente gran parte de los efectos del cambio climático en la región. En palabras más figurativas, el tipping point es la barrera invisible que impide que la selva tropical se transforme en una sabana seca.

Según un estudio publicado en Science Advances por los científicos medioambientales Carlos Nobre y Thomas Lovejoy (2019), este umbral podría alcanzarse si se perdiera entre un 20 % y un 25 % de la cobertura forestal original del bioma amazónico. Hoy en día, las estimaciones más optimistas sitúan la degradación en torno al 18 %, lo que indica que nos estamos acercando peligrosamente al temido umbral. Frente a este panorama, diversos actores de la sociedad civil, la cooperación internacional al igual que algunos líderazgos políticos comprometidos con la integridad de la naturaleza trabajan contra reloj para alcanzar acuerdos intersectoriales y poner en marcha acciones concretas que eviten que sigamos encaminados a un desastre ecológico irreversible.

Uno de los resultados más significativos de este proceso, y un hito que pasó casi desapercibido en la agenda mediática nacional, fue la aprobación de la Ley de Trazabilidad Ganadera por parte de la plenaria del Senado el pasado 2 de octubre. Esta norma busca garantizar la transparencia en la cadena de producción y comercialización de carne y leche en Colombia y posibilita la localización de origen de los productos ganaderos que se consumen en el país o se exportan al exterior.

Mediante un seguimiento sistematizado que rastrea al animal desde su lugar de cría hasta el punto de venta al consumidor final, la ley articula los registros ganaderos SINIGAN, SNIITA y SIGMA con las bases de datos del monitoreo de bosques del IDEAM, el Catastro Multipropósito y el Registro de la Propiedad Inmueble, lo que permite identificar si la carne proviene o no de zonas afectadas por la deforestación.

Conviene recordar que la mayor parte de la deforestación en Colombia, especialmente la que ocurre en la cuenca amazónica, está asociada a la actividad ganadera. De acuerdo con un informe de la consultora internacional KPMG (2020), la tala indiscriminada al servicio de la ganadería extensiva condujo a la aparición de los principales focos de deforestación en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare. Más preocupante aún, el mismo análisis advierte que estas prácticas fueron resultado de una política rural fallida durante los primeros años de la administración Duque, la cual incentivó la intervención de élites económicas y clanes políticos regionales en alianza con grupos armados organizados, en busca de beneficios derivados de negocios legales e ilegales vinculados a la tierra.

Detrás de esta dinámica se esconde una lógica sistemática de acaparamiento ilegal de tierras, mediante la cual baldíos de la Nación son convertidos en pastizales para el engorde de ganado y posteriormente como instrumentos legales para blanquear capitales.

Paralelamente, la concentración de grandes extensiones improductivas en manos de élites regionales asociadas a la ganadería extensiva, la deforestación y la especulación desplaza a las poblaciones rurales sin tierra hacia zonas cada vez más remotas de la selva, ampliando de esta manera la frontera agrícola y acelerando las tasas de deforestación. Actualemente observamos que cada día es mayor el éxodo de familias a las que no solo las disidencias están invitando a colonizar la selva sino también empresarios que sustraen beneficios de la deforestación.

El caso del exgobernador del Guaviare, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, ilustra muy bien cómo las prácticas de acaparamiento de tierras, deforestación y ganadería extensiva se materializan en terreno. Echeverry ha sido señalado en investigaciones periodísticas como la publicada en este mismo periodico El Espectador, El Espectador II, como un actor clave en procesos de despojo de tierras, expansión ganadera sobre terrenos públicos y zonas destinadas a la conservación forestal de la Amazonía. Estos informes detallan cómo, entre 2016 y 2018, terrenos baldíos de la nación y parcelas adjudicadas a campesinos que regresaron al Guaviare tras la firma del Acuerdo de Paz habrían sido apropiados por personas muy cercanas al entorno de Echeverry vinculadas en el pasado al paramilitarismo y a su red operativa local para, posteriormente, ser transformados en plantaciones de palma o pastizales para ganado y, finalmente, legitimar inversiones agrarias.

Si se implementa con rigor, la Ley de Trazabilidad Ganadera podría contribuir a desmontar el entramado criminal de vacas-tierra-lavado de activos, atacando de raíz una de las principales causas de la crisis ambiental asociada a la deforestación. No obstante, este proyecto enfrenta poderosos intereses políticos, económicos y armados que, además de operar en connivencia, mantienen dinámicas de violencia y control territorial en espacios estratégicos para la conservación del ecosistema amazónico.

Aun cuando el país ha sido testigo de cómo la ganadería ha sostenido distintas formas de violencia a lo largo del tiempo, la cultura de la prosperidad ligada a esta actividad sigue profundamente arraigada en el imaginario colectivo de la ruralidad colombiana, lo que dificulta transformar las prácticas y percepciones que alimentan la destrucción de la selva.

Sin embargo, esta ley también fomenta prácticas responsables, impulsa nuevas estrategias de producción sostenible y abre nuevas posibilidades de mercado para la industria ganadera nacional a través de certificaciones y sellos ambientales que cumplen con los requisitos de diligencia debida. La ganadería, al igual que el medio ambiente, podría beneficiarse mucho de este nuevo marco normativo, pero es necesario que todos los implicados quieran aprovechar esta nueva ventana de oportunidad que se abre.

*Politólogo de la universidad Johann Wolfgang Goethe. M.A Estudios interdisciplinarios latinoamericanos de la FU Berlin. Hace parte del Berliner Gruppe für interdisziplinäre Friedens-und Konfliktfors (Grupo de Berlín).