Reconvertir la ganadería para frenar la guerra, la apuesta de campesinos del Caguán

Angie Aldana y su familia crearon la ecogranja La Fortuna en la zona rural de San Vicente del Caguán.

Foto: Nelson Sierra

Angie Aldana tiene solo 37 años, pero habla como si tuviera adentro toda la sabiduría de la tierra. Sabe todo de ella. Sabe de semillas, de pastos, de la humedad del suelo, de abonos, de la “purina” que tiene un huevo, del bosque y de yuyos medicinales. Habla con sus brazos y su cuerpo, que no paran. Si no está recogiendo ramitas del piso y guardándolas en sus bolsillos, está alimentando gallinas, abriendo corrales o maquinando algo que le ayude a cumplir su más intenso sueño: dejarles menos tierra, pero toda “curada” a sus cuatro hijas.

Suena raro cuando lo dice. Si el resto del mundo busca más, ¿por qué Angie busca menos? “La respuesta es simple: no quiero seguir dañando al planeta. Necesitamos repararlo y ese es el mundo que les quiero dejar a ellas”, dice Angie mientras camina loma abajo por uno de los pastos de la eco granja que su familia tiene en la zona rural de San Vicente del Caguán, en donde ella gesta una transformación silenciosa pero significativa —que también la han seguido otras gentes de la región— y podría ser el principio de una revolución sobre el destino de miles de hectáreas de bosque: parar la ganadería extensiva.

El municipio, que tiene una población de 54.000 habitantes, concentra el mayor número de ganado de todo el Caquetá. Hay casi un millón de vacas; es decir, casi 19 por cada habitante.

Por eso, de un modelo tradicional y extensivo, marcado por la sobreexplotación del suelo y el uso intensivo de químicos, los productores han empezado a transitar hacia prácticas sostenibles que buscan armonizar la actividad agropecuaria con la conservación del medio ambiente. Esta evolución no solo responde a una conciencia ecológica creciente, sino también a las exigencias del contexto político y social en la región, donde la deforestación y el manejo del territorio se han convertido en puntos claves, incluso dentro de la agenda de paz entre el Gobierno y la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba.

La decisión de Angie como la de al menos una centena de campesinos benefician sobre todo el arco amazónico, un pedazo de Colombia que comprende los departamentos con mayor deforestación del país, como Caquetá, Meta, Putumayo y San José del Guaviare.

Históricamente esas zonas son las que más han sufrido por la tala indiscriminada de bosques por varias razones: ampliar los terrenos para la ganadería extensiva y, en el caso de Putumayo y Guaviare, cuando el precio de la leche baja, para hacer el cambio a la siembra de coca.

En Colombia, por la deforestación se han perdido poco más de 1’400.000 hectáreas de tierra entre 2016 y 2022, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. Desde 2017, en Caquetá se han deforestado 850.000 hectáreas, la mayoría de ellas en la zona rural de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.

“Gran parte de toda esa deforestación pertenece no a pequeños colonos, sino a los grandes acaparadores de tierras que utilizan la ganadería extensiva para acumular y luego buscar titulaciones. Por eso desde la mesa a lo que le apostamos no es solo a la reconversión ganadera, sino a la reconversión económica del territorio para parar el modelo de deforestación con acaparamiento de tierras”, explicó a este diario Camilo González, jefe negociador del Gobierno en esa mesa de diálogos.

Varias personas como Angie no lo hacen a la luz de ese proceso de paz, sino de los deseos de volverse casi como unos guardianes del pedazo de tierra que les tocó. En algunas fincas se han implementado estrategias naturales para el control de parásitos.

El árbol de neem, originario de la India, se convirtió en un aliado esencial para repeler los mosquitos, que generan garrapatas y afectan la salud del ganado. Mezclado con ají y ajo, se elabora una solución que se aplica sobre el lomo de los animales y actúa como un repelente natural muy efectivo.

En su eco granja, por ejemplo, se ha dedicado a investigar cómo cambiar los “huevos de purina” —como llaman a los que salen de una cadena productiva agresiva con las gallinas que alimentan a base de “químicos”, según lo resume Angie— a unos criollos.

Lo primero que ha hecho no es solo cambiar la comida de las gallinas, sino algo impensable en un mundo agrícola que es mordaz no solo con la fabricación en serie, sino también con los animales: les dio espacio. El suficiente para que las gallinas no estén solamente en un corral, sino que anden por los tres potreros itinerantes que tiene para ellas. La idea es que tengan libertad y, de paso, ayuden a fertilizar la tierra.

Lo mismo pasó con los cerdos. Normalmente, explica Angie, un corral tiene apenas 0,5 metros cuadrados por cada marrano. Pero no en su eco granja. Allí ocho cerditos tienen 3,5 metros cuadrados para cada uno en su corral que, además, para no gastar agua, está hecho en cama profunda (un poco bajo tierra) que fue llenando con ramas de varios árboles que además les permite controlar el olor.

Pero esa lógica de espacio no necesariamente debe trasladarse al ganado. En la ecogranja, explica Angie, se han reducido los espacios del ganado porque se han dado cuenta de que otros factores influyen en la buena tenencia de estos animales.

Incluso han traído pastos que pueden alimentarlos más y mejor. “Cuando tú tienes una ganadería extensiva, se cree que necesitas dos o tres hectáreas por cabeza de ganado. Estoy segura de que no es así. Nos vendieron una idea de que la vaca solo come pasto. Entonces, de ahí vienen las deforestaciones. Alguien llega a algún lugar y lo primero que quiere hacer es tumbar los árboles y volverlo todo monte. Nos dijeron cosas que caen en la ignorancia. Fuimos tumbando árboles y no dejamos una sombra para nada. Una vaca al sol y al agua va a ser un animal estresado, ¿qué producción va a haber así?, ¿qué calidad de leche?”, dice Angie.

El tema de la leche también es un punto importante en esta ecuación. La región del Caquetá, y en particular el municipio de San Vicente del Caguán, ha enfrentado una crisis significativa en el sector lácteo en los últimos años.​

Desde mediados de 2023, los ganaderos del departamento han experimentado una reducción notable en el precio por litro de leche. Antes se pagaba entre $2.400 y $2.500 por litro; sin embargo, estos valores cayeron a un rango de $1.400 a $1.700. Esta disminución se atribuye, en parte, al contrabando de queso proveniente de Venezuela, que ha inundado el mercado local, reduciendo la demanda de productos lácteos locales y obligando a las acopiadoras a bajar los precios pagados a los productores. ​Sin embargo, en el municipio se han abierto varias quesilleras, que han intentado dar vuelta al negocio y apostar por leches que vienen de ganado criado de manera sostenible, que da leche de mejor calidad.

Empresas como La Caqueteña que siguen este modelo también han implementado otras acciones para usar la leche con el fin de diversificar sus productos. Entre sus variedades hay quesos que incluyen frutas de la región que les compran a los campesinos.

El conflicto, un factor para la deforestación y el urgente cambio

Además de los problemas económicos, los ganaderos de San Vicente del Caguán han enfrentado desafíos relacionados con la seguridad. A pesar de los acuerdos de paz, disidencias de las FARC continúan operando en la región, imponiendo extorsiones a los productores. Estas prácticas han generado un ambiente de inseguridad que dificulta aún más la actividad ganadera y agrava la crisis del sector lácteo en la zona. ​

“En la mesa de paz se ha hablado de este tema, por supuesto. Ha sido transversal. También lo de frenar la tala cuando se llega la temporada , pero también de proyectos que tengan que ver con esta reconversión ganadera. Es algo muy importante para el proceso y para regiones como Caquetá”, dice el negociador González.

En efecto, durante el cuarto ciclo de diálogos, que se realizó en San José del Guaviare en marzo de 2024, en la mesa de paz entre el Gobierno y el EMBF firmaron un extenso acuerdo especial sobre transformaciones territoriales en Caquetá, Meta y Guaviare —otro documento similar fue firmado para el Catatumbo—. Entre las acciones para el Yarí no solo estaba la formalización de las tierras, otro problema de esa zona del país, sino también se proponían cambios para la ganadería.

“Hacer pilotos de experiencia de ganadería sostenible con mejoramiento genético y estabilización o reconvertida en el Yarí, Meta y Guaviare”, decía el documento, que también incluía la propuesta de “promover el frigorífico y la pasteurizadora en San Vicente del Caguán”.

Puntualmente en el tema de reforestación, se buscarían proyectos para la viabilidad de reconversión productiva.

“En todas las ocasiones se ha insistido en el tema de reconversión ganadera, frenar la expansión y limitar el espacio ganadero. Lo otro importante es tener una trazabilidad ganadera”, dice González.

Gloria Miranda, directora de sustitución de cultivos de uso ilícito, afirmó hace unos días en un evento que la ganadería es un tema al que debería ponérsele lupa especialmente porque se ha convertido en una suerte de “mala” moneda de cambio para la sustitución. “Hemos visto cómo varios campesinos piden cambiar coca por vacas. Es el único proyecto productivo que piden: ganadería, palma o monocultivos. Estamos tratando de cambiar eso porque también puede tener consecuencias”, dijo,

La mesa de paz planteó en ese acuerdo de marzo del año pasado una reunión con el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente, Parques Nacionales Naturales, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, que solo se pudo hacer un año después.

En esa reunión, que fue en La Macarena, Meta, con cerca de 400 líderes dejó varios compromisos como el impulso de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Se espera poder crear al menos cinco de ellas que permitan resolver el problema de la tierra, dar hoja de ruta para solucionar los históricos conflictos socioambientales en las áreas de parques naturales, al tiempo que convertir a los campesinos e indígenas en salvaguardas del territorio.

“Hemos esperado eso por mucho tiempo y el cambio que nosotros mismos hemos impulsado para hacer el cambio de la ganadería es también por todo ello. Necesitamos una tierra nuestra”, dice Carlos Zamudio, otro campesino de la región que está implementando la sostenibilidad en su granja.

En la reunión de La Macarena también se expuso la iniciativa “Amazonia para la paz”, un proceso en construcción con elementos como la regularización, normalización y titulación de tierras a los campesinos y la garantía de derechos a los pueblos indígenas y los legítimos propietarios de la región.

El solo hecho de que estos dos acuerdos se hayan hecho refleja un enorme cambio en las políticas de tierras. Persiste la sombra de la Operación Artemisa, ofensiva militar lanzada en 2019 por el gobierno de Iván Duque para combatir la deforestación en el país, pero se convirtió en una estrategia de represión y estigmatización más que de solución. Los desplazamientos y la criminalización de comunidades campesinas dejaron un malestar profundo. Por eso, la mesa de paz con la disidencia busca cambiar ese enfoque: pasar del castigo a la concertación. El trabajo aún es largo. La más reciente encuesta Invamer mostró entre sus puntos que el 60 % de los encuestados cree que no se ha avanzado en temas de deforestación, frente a un 30 % que sí lo ve.

La sombra del conflicto sigue presente. La lucha contra la deforestación se cruza con intereses de narcotraficantes, grandes terratenientes y estructuras armadas que han visto en la selva un botín más en la guerra. Mientras el Gobierno promete nuevas estrategias de conservación con enfoque social, los campesinos esperan que esta vez la palabra empeñada sí se cumpla. En los bordes de Chiribiquete, donde la selva aún resiste, la paz y la vida del bosque están en juego, y la promesa de Angie a sus hijas de dejarles una mejor tierra.

* Esta pieza periodística hace parte de una coproducción entre periodistas de El Espectador y de medios locales de Caquetá que fue producto de un diálogo social llevado a cabo en San Vicente del Caguán. Esto se enmarca e la iniciativa “Comunidades que transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea.

**Periodista local Voces del Yarí y periodista de la emisora comunitaria de Caquetá.

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