18 Apr 2021 - 10:49 p. m.

El ELN en el litoral pacífico colombiano: los casos de Cauca, Nariño y Chocó

El presente artículo, que hace parte de la serie de análisis regionales sobre el ELN basados en el libro ¿Por qué es tan difícil negocia con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020, analiza el papel de las diferentes bases sociales de esta insurgencia en la configuración de sus diversas trayectorias regionales, comparando específicamente los casos de los los frentes de guerra Suroccidental en Cauca y Nariño y el Omar Gómez en Chocó, para indagar por la manera como la inserción del ELN se vio facilitada o dificultada por el proceso de configuración regional de cada área.

Andrés F Aponte

Daniel Amaya

Un primer elemento en común es que los dos frentes tienen apoyos sociales bastante limitados espacialmente. Y, un segundo es que ambos evidencian una visible debilidad militar, que se refleja en el inestable control territorial de esta insurgencia en los recientes espacios donde se insertó, que muestra cómo sus apuestas expansivas han sido bastante endebles y que sus formas regulatorias de la vida cotidiana de sus pobladores evidencian limitaciones y tensiones. Como resultado de esta trayectoria, se ha generado una serie de conflictividades que hacen imperativa la necesidad urgente de retomar los diálogos de paz con esta guerrilla.

El Frente de Guerra Suroccidental: un arraigo social ambivalente y en crisis

La incursión del ELN en el suroccidente del país tuvo lugar en los años 80, tras la reestructuración que sufrió la organización resultado de las divisiones internas y los golpes militares de la década de los 70. Así, en las tierras del suroccidente y especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño, este grupo encontró un lugar donde descansar, entrenar a sus combatientes y hacer trabajo político. Esta última cuestión no fue menor, pues fue su relacionamiento con las comunidades lo que le permitió asentarse.

En sus primeros años la guerrilla logro tejer lazos de fraternidad con las poblaciones, conformadas principalmente por colonos campesinos que se encontraban a la merced del abandono institucional. Trabajó de la mano de las comunidades, aporto a la construcción de salones comunales, colegios y nutrió los procesos organizativos. Estos lazos lo llevaron a abanderar las luchas agrarias y ambientales del suroccidente, pero esto mismo condujo a entrar en contradicciones: por un lado, la relación con campesinos cocaleros lo obligó a flexibilizar su política de deslinde categórico con el narcotráfico y, por el otro, su regulación de las explotaciones mineras hizo que tuviera que inmiscuirse en querellas entre mineros ilegales, mineros artesanales, Juntas de Acción Comunal y pobladores.

Pero, sus buenas relaciones con las comunidades y su concepción de esta zona como una retaguardia, que dotaron a este frente de un carácter abierto y mediador con las comunidades, -que incluso llegaban a reclamarle por acciones con las que estaban en desacuerdo- tuvieron como contraparte su configuración como una estructura militarmente débil, supeditada siempre a la interacción con los otros grupos armados, como en la guerra con las FARC y el Bloque Libertadores del Sur, o los posteriores pactos de trabajo conjunto que estableció con la ya mencionada guerrilla.

En razón a su debilidad militar y el entramado de conflictos que ha atravesado el suroccidente colombiano, por su posición estratégica para las mafias y las constantes operaciones militares, el ELN ha sufrido una fuerte degradación en sus unidades, que ha traído consigo su declive en su forma de relacionarse con los pobladores, al punto que hoy en día ha perdido gran parte de la credibilidad que tenía. Esta ambivalencia territorial se vio profundizada con la salida de las FARC del escenario, pues el incremento del pie de fuerza militar del Estado, aunado a la proliferación de actores armados tras las economías y rutas ilegales, han puesto en jaque su control territorial en sus nichos históricos, como el municipio del Tambo.

Esto ha colocado a esta guerrilla en una encrucijada: por un lado, debe incrementar sus rentas para fortalecerse militarmente y contrarrestar los demás actores, pero esto a su vez supone el tránsito hacia una dinámica ofensiva, que termina afectando a las comunidades ubicadas en medio; y, por otro lado, debe inmiscuirse más en las dinámicas de la minería ilegal y de la coca, con lo cual podría perder los pocos apoyos sociales que le quedan.

En definitiva, se trata de un frente que logró establecer fuertes arraigos sociales en un primer momento, pero que los ha ido perdiendo paulatinamente en razón de las dinámicas del conflicto, que han roto su cadena de mando, dificultado su comunicación y degradado sus unidades. Esto se ve acompañado de una escasa capacidad militar y precario desarrollo económico, marcados por el hecho de haber sido históricamente un actor secundario en las dinámicas del conflicto de estos departamentos.

El punto de inicio chocoano: a falta de apoyo sociales, bastante coca y oro

En contraste con los otros casos estudiados, la trayectoria del ELN el Chocó puede ser la más particular de todas, ya que no es comparable con las demás, sino que fue una iniciativa inconexa de diversas estructuras armadas de otras áreas del país, que trae como consecuencia que sus apoyos sociales en el territorio hayan sido bastante limitados.

Su inserción se dio en los años ochenta, en pleno proceso de expansión nacional, pero, a diferencia de otros emprendimientos armados, el chocoano fue producto del intento descoordinado de diversos frentes de guerra para aprovechar la ubicación estratégica de este lugar, que ofrecía un buen escondite, buena comunicación con zonas desarrollados del país, abundantes recursos naturales y rutas para el contrabando de armas. Esto explican que el Frente Domingo Laín, el Norte y la DN desplegaron, sucesivamente, sus propias comisiones con el firme propósito de usufrutuar las ventajas estratégicas de este espacio.

Los primeros años de estas estructuras fueron bastante difíciles, pues, cuando no fueron asimiladas y “desarmadas” por las propias comunidades, quedaron bajo precarias condiciones materiales, debido a la diversidad de los propósitos de estos frentes, pero, sobre todo, a su incapacidad de conseguir respaldo social entre las comunidades locales. Esto se debió a tres cuestiones: Primero, el ELN en poco o nada influyó en la génesis y desarrollo de los procesos organizativos de los pobladores. Segundo, su discurso no solo iba en contravía de las proclamas reivindicativas de mayor reconocimiento e integración de las comunidades afros e indígenas, sino que, también, pretendía subvertir al Estado y la sociedad donde estos grupos poblacionales demandaban ser incluidos.

Y tercero, a diferencia de las FARC, esta guerrilla no tenía un apéndice o partido que le allanara el camino como había hecho el Partido Comunista con la extinta guerrilla. De ahí que influyó en muy poco en los procesos sociales ni dirigió un proceso de colonización como lo hizo las FARC en el bajo Atrato.

Estos tres factores, que se reforzaron el tiempo, explican el papel marginal y los escasos apoyos sociales que obtuvo el ELN en los años ochenta, noventas e inicios del milenio. No en vano, tuvo que replegarse a las zonas más inaccesibles del departamento (alto San juan, alto Baudó y alto Atrato) para evadir el embate paramilitar y restaurar sus fuerzas luego de ser expulsado de zonas como el Bajo Atrato, litoral Pacífico, Antioquia y el eje cafetero. En esos lugares encontró una ventana de oportunidad para recomponer el camino de la mano del oro y la explotación maderera, la cual estaba siendo llevada a cabo por nativos y gente venida del mundo paisa.

El ELN del presente

El actual ELN no se puede entender sin los pactos de no agresión con las FARC, que fueron inaugurados con la paz araucana y su paulatino involucramiento con la economía cocalera. Luego de unas escaramuzas armadas con las FARC, por las alianzas iniciales de este frente con los Rastrojos, se produjo una asociación entre estas dos insurgencias, que las dejó como los actores dominantes en el departamento del Chocó (2008-2016).

En el camino de esta alianza y la experiencia ganada en el negocio de la coca, este frente se metió de lleno en la economía cocalera, en clara insubordinación con la prohibición del COCE, pero cuyos recursos le permitieron recomponer sus fuerzas y agrandar su pie de fuerza. Así, una vez pactada la desmovilización de las FARC, este frente empezó a ocupar los espacios dejados por la extinta guerrilla. Pero, a diferencia de las FARC, el ELN llegó a las nuevas áreas imponiendo sus normas de convivencia, irrespetando la autonomía de los procesos organizativos y creando incertidumbre en la forma de tramitar y arreglar los problemas cotidianas de los locales.

Sumado a lo anterior, la disputa armada que ha desarrollado con las AGC no solo lo ha elevado como un generador de impactos humanitarios, de igual forma, de numerosas conflictividades sociales; que enmarcan que el proceso expansivo eleno en esta parte del país sea poco consistente y que esté perdiendo terreno en zonas consideradas sus bastiones (alto Baudó).

De ahí que la experiencia reciente en este departamento demuestra que la inserción de un grupo es muy débil cuando su estructura organizacional busca solo adecuarse a las economías de las cuales pretende extraer recursos y no considera la necesidad de insertarse en los grupos sociales que le podrían servir de base social: esto solo se consigue cuando el grupo armado logra conectarse con las demandas de tramitación de la vida cotidiana de los locales, como un agente positivo en el impulso de los proceso sociales y la regulación de actividades económicas que van más allá del interés de obtener rentas.

Por eso, en el libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? se considera que este frente es la mejor expresión de una forma de construcción de poder popular distorsionado, que tiene como determinantes las economías territoriales y no los apoyos sociales granjeados en el territorio de acuerdo a sus condiciones contextuales.

A modo de síntesis

Estos dos casos muestran los escasos apoyos que ha consolidado esta guerrilla: en el caso del Chocó, se observa que el frente Occidental es uno de los principales agentes generadores de las conflictividades sociales, que ha hecho surgir iniciativas de resistencia y denuncia como el Acuerdo Humanitario ¡Ya! en Chocó. De ahí la importancia de abrir un espacio de diálogos regionales para aliviar la situación humanitaria que experimentan las comunidades indígenas y negras del departamento.

Por otro lado, en Cauca y Nariño se muestra un ELN que había logrado conectarse inicialmente con las necesidades de las gentes, pero fue perdiendo credibilidad porque las dinámicas del conflicto degradaron su accionar: pasó de mediador a impositivo, por la necesidad de aumentar sus medidas de seguridad para evitar golpes o por el cambio de sus mandos más cercanos a las comunidades por líderes autoritarios con poca formación política que pasaron por encima de las comunidades). Así, la pérdida de apoyos sociales, aunada a su limitada capacidad bélica y la actual disputa por el control territorial con las mafias, disidencias y fuerza pública, ha generado importantes impactos en la población que se encuentra en medio de los fusiles. Como resultado de todo esto, los autores caracterizan a este frente como cada vez más fantasmagórico, pero que sigue generando impactos por su papel relevante en la mediación de las disputas territoriales.

El caso de Cauca y Nariño da cuenta de la importancia del acompañamiento institucional y desarticulación de mafias del poder local para la construcción de paz: aunque la salida de las FARC del conflicto había generado inicialmente ciertos alivios humanitario, la ausencia del Estado propicio la proliferación de otros actores que compiten por el control de las rentas ilegales. Por esto, las comunidades, además de clamar por el reinicio de los diálogos con el ELN, propenden por transformaciones territoriales efectivas que permitan la sustitución de cultivos y dejar en el pasado la sangre que ha marcado la falta de infraestructura y de derechos sociales.

Sobre los autores: Andres F. Aponte es politólogo e historiador de la Universidad de los Andes. Maestro en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, coordinador de la investigación y uno de los editores del libro. Daniel Amaya es politólogo de la Universidad Javeriana y estudiante de la maestría de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Investigador del equipo Conflicto y Paz de CINEP.

Lea aquí las entradas anteriores:

ELN: las consecuencias de un federalismo insurgente

ELN: el contraste entre su decadencia en el sur de Bolívar y su exitosa inserción en Arauca

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