Nos acostumbramos a noticias desalentadoras en torno al Museo de la Memoria de Colombia. Lo último que supimos es que la obra arquitectónica de este museo está seriamente comprometida por fallas que amenazan, dicen, la viabilidad de este proyecto. De la Casa Museo de la Memoria de Medellín conocimos de una situación igualmente muy difícil en términos de presupuesto y de un estancamiento en la construcción de su segunda etapa que no se han resuelto.
En contexto: Graves problemas en obra de Museo de Memoria: no cumple con sismorresistencia
Estos dos ejemplos aparecen en un momento en el cual algunas personas piensan, con megáfono en sus noticieros, que es hora de que el “boom” de las políticas en esta materia se apague, una vez concluida la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y ante la acumulación de un acervo más que suficiente de memoria histórica en el país.
Se equivocan quienes piensan de esa manera. Sería un error pretender que las cosas no hubieran cambiado desde 2014 cuando se publicó el informe “Basta Ya” del CNMH, para tomar ese punto de referencia. Con todos los problemas de implementación del Acuerdo de Paz ya no hablamos de “justicia transicional sin transición”.
Innegablemente hay efectos de apertura democrática en acontecimientos como el fin de las FARC que han sido determinantes en la posibilidad de un gobierno a la izquierda en Colombia y que producen también consecuencias en la valoración política de este tema. No obstante, el planteamiento de la paz total y los muchísimos procesos en diferentes territorios anclados en la memoria como base de su fortalecimiento o la proyección de las medidas de justicia restaurativa desde la JEP, son solo tres entre otras razones para que sea inaceptable la posibilidad de que nos resignemos al fracaso de políticas emprendidas, como el Museo.
Pongámonos de acuerdo, en primer lugar, en que las políticas de la memoria no son transicionales; son una necesidad permanente para la construcción incesante de democracia. No se reducen solo al recuento de los dolores y sufrimientos de las víctimas para su lamentación o para su uso político, sino que están en constante elaboración de acuerdo con la pregunta cambiante acerca de qué es y debe ser memorable en una sociedad que pretende la democratización progresiva de su modelo de desarrollo y de sus relaciones sociales. Son públicas y su carácter público implica que no son instrumentos ideológicos al servicio de particulares, por más respetables particulares que éstos sean. Son fundamentales frente a cuestiones coyunturales como la negociación con el ELN porque no se puede convocar a la participación obviando décadas de violaciones a los derechos humanos y guerra que están en las mentes y los cuerpos de la gente.
Necesitamos una intervención urgente que resuelva las cuestiones de viabilidad estructural en que están algunos proyectos de infraestructura. Es obligatorio que se ponga a disposición pública el legado de la Comisión de la Verdad desde el Museo de Memoria de Colombia. Necesitamos, además, una ley que organice las instituciones memoriales y permita que el CNMH deje de estar vinculado al Departamento Administrativo de Prosperidad Social cuando ejerce una labor muy similar a la que ejercen centros y museos a cargo del Ministerio de Cultura. Quienes gestionan “lugares de memoria” en el país esperan con razón que las consignas del gobierno progresista se materialicen en recursos asegurados para su funcionamiento, por ejemplo, a través del mismo Ministerio.
El 2023 debe significar un viraje completo en las políticas de memoria en Colombia. Las noticias desalentadoras deben dar paso, de nuevo, a la consolidación de referentes de rigor y compromiso, y a la comunicación de proyectos de investigación, pedagogía y transformación educativa y cultural que contribuyan seriamente al carácter total de la paz total.