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En Colombia hemos avanzado en las discusiones sobre el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) desde la perspectiva de salud pública, aunque es importante aclarar que no es la única dimensión que hay en las distintas conversaciones sobre el tema. Asimismo, existe un avance en lograr cambios con los actores vinculados a la economía del comercio ilegal de SPA, a través de un proceso de regulación pertinente. Este aspecto es de vital importancia en Colombia por ser un país con una historia de producción y exportación que ha tenido un impacto enorme en la generación de violencia, además del desarrollo rural y social que ha conllevado el comercio ilegal.
El proceso de regulación de las sustancias psicoactivas lo podemos evaluar a partir de la década de los 90 con el cambio en la regulación del tabaco, y la modificación del discurso público sobre el riesgo. La característica fundamental de ese cambio fue la pérdida de credibilidad de la industria del tabaco, debido al engaño sostenido que mantuvo durante décadas y que venía acompañado de una estrategia de corrupción y violencia en muchos niveles de la sociedad.
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De hecho, luego de dos décadas de sanción social, el desprestigio persiste, lo cual ha llevado a desestimar las investigaciones que tengan algún tipo de vínculo con la industria. Por lo tanto, desde ese entonces, las medidas de regulación han marcado una directriz en las políticas públicas alrededor del tabaco y sus logros son inmensos, aunque todavía, no son suficientes. No obstante, la regulación ha llevado a construir un discurso ético sobre la comercialización y uso del tabaco.
En el caso de la marihuana, la búsqueda de una política efectiva para modificar un principio estatal partió de sus usos médicos, inicialmente en California, en la década de los noventa del siglo pasado. A partir de entonces, se ha marcado una directriz para que a través de la regulación se pueda evaluar el impacto general de la regulación del cannabis en la salud pública. Por ejemplo, la modificación cultural y social sobre su uso ha implicado un cambio en la ética del comportamiento público, tanto en el consumo, como en la producción y el comercio. En ese sentido, los dos hechos que discutimos, enfocados en la regulación, son la permisividad social ante los distintos tipos de embriaguez, y la riqueza que genera su comercio.
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Con relación al tema de la permisividad social de la embriaguez de la marihuana se generan muchas discusiones, debido a que el punto de vista emocional con el que observamos o tomamos posición sobre este fenómeno, parte de si la regulación debe fundamentarse en prevenir el consumo en menores de edad o en regular los espacios seguros para los consumidores no problemáticos. La respuesta es que la regulación debe lograr ambos aspectos, pero, claramente, es mucho más difícil lograr lo primero que, a su vez, es lo más importante.
Sin embargo, la discusión sobre la permisividad individual es la que marca las posiciones en contra de la regulación. Quienes se oponen, no le van validez a la evidencia sobre el impacto positivo que tiene en la población o, simplemente, no quieren aceptar el consumo de las demás personas. Por consiguiente, hay que convencer a quienes hacen parten de esa posición de poder y se oponen, mostrando la discusión desde una perspectiva de salud pública, por medio de mejores argumentos y creando más espacios para la discusión técnica.
La discusión en Colombia ha sido larga y estamos en un momento muy importante; no obstante, nos falta un camino muy largo y difícil. Por consiguiente, las normas de regulación para cada una de las sustancias psicoactivas deben ser específicas respecto a sus usos y riesgos. Actualmente, tenemos unas referencias normativas importantes en el país respecto a las sustancias ya reguladas – tabaco y alcohol – que les permiten a las instituciones de salud iniciar espacios de discusión sobre las normas indispensables del consumo entre grupos de usuarios de marihuana, como lo ha sido con la mesa cannábica distrital de Bogotá y otro tipo de iniciativas regionales. Desafortunadamente, el discurso de los grupos cannábicos en Colombia desprecia, en gran medida, la información científica sobre los riesgos.
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Sumado a lo anterior, el avance que se ha dado en otros países, sobre las regulaciones para el uso adulto del cannabis, permite enriquecer el conocimiento básico sobre la implementación pertinente para Colombia. Por lo tanto, desde la perspectiva de salud pública, es indispensable avanzar en las acciones sobre los aspectos básicos de los espacios de consumo, sobre los riesgos, la restricción a los menores de edad, la preparación adecuada que debe tener el talento humano en salud sobre cannabis, y el involucramiento necesario, por parte de la Policía Nacional, para que se den los cambios culturales necesarios ante la regulación.
Esta perspectiva de salud pública le da la relevancia histórica al curso de los debates del acto legislativo que busca cambiar el artículo 49 de la Constitución. El objetivo de esta modificación es evitar la interpretación del derecho al uso de las sustancias psicoactivas, que se generó en el país, con el cambio que se hizo a la Constitución, en el año 2009, en el que la prohibición expresa quedó en un párrafo sin sentido, que no permitía entender cuál era realmente el propósito de este. Las discusiones previas sobre el cambio en el acto legislativo han vinculado a todos los actores de la sociedad y se han dado en todos los espacios: familiares, escolares, laborales y públicos.. Las discusiones en el Congreso ya pasaron los siete primeros debates y el martes continuará el último en la plenaria del Senado.
Hay mucho interés en el mundo sobre las discusiones que el país ha tenido sobre el tema; en espacial, aquellas que se han dado en el Congreso de la República. Si bien, el asunto de la legalización de la marihuana está presente en muchos países, Colombia sigue siendo uno de los pioneros en las discusiones a nivel gubernamental y legislativo. Sin embargo, la experiencia en la implementación del cannabis medicinal en Colombia ha sido bastante deficiente. El avance político y legal ha sido insuficiente y, desafortunadamente, ha generado bloqueos importantes en la implementación.
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La emoción del posible triunfo del proyecto de acto legislativo y la necesidad de remarcarlo como un hecho político debe entenderse como un sólo escalón que no debe nublar la perspectiva del proceso. No se deben esconder las falencias que tenemos para lograr una implementación adecuada del uso del cannabis, sino encontrar el camino para resolverlas. Igualmente, es necesario comprender que la puesta en marcha dependerá de acciones de las distintas instituciones estatales – no solo de salud - y estás deberán ser, principalmente, acciones descentralizadas con parámetros comunes, pero que permitan que estén diseñadas de acuerdo con las posibilidades reales.
La regulación del uso de la marihuana apenas comienza… y es un camino muy largo, pero necesario.
*Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas - Universidad de los Andes