*Por Lucía Mendoza Mora y Michael Weintraub
La extorsión es uno de los fenómenos criminales más frecuentes pero menos conocidos en Colombia. Este delito no se limita a los estratos vulnerables y constituye una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones criminales en varias ciudades del país. Caracterizar la extorsión no es sencillo, dado que buena parte de los ciudadanos no saben que están siendo extorsionados y, quienes sí saben, enfrentan violencia como retaliación a su denuncia. Por esta razón, es difícil estimar su prevalencia. No es solamente un ejercicio académico estimar el tamaño de este mercado: tener datos confiables sobre la extorsión y la estructura de rentas de las organizaciones criminales se ha vuelto más importante en el marco de la búsqueda por la “Paz Total” liderada por el gobierno de Gustavo Petro.
Desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, en un equipo conformado por María Paula Gutierrez, Lucía Mendoza, María Alejandra Vélez y Michael Weintraub, realizamos el año pasado un estudio sobre las dinámicas de victimización empresarial en el Pacífico colombiano.
En conjunto con las Cámaras de Comercio de Buenaventura y Quibdó, encuestamos alrededor de 600 negocios en ambas ciudades que emplean un promedio de 5 personas. Los resultados fueron contundentes: la extorsión es el delito más frecuente y representa más de la mitad de las instancias de victimización empresarial en ambas ciudades. En Buenaventura, el 57% de las empresas víctimas de algún delito han sufrido extorsiones, mientras en Quibdó esta cifra asciende al 87%.
Estos números son aún más preocupantes al tener en cuenta los montos promedio de pago: 4 millones de pesos en Buenaventura y casi 1 millón de pesos en Quibdó. La variación en estos montos refleja la complejidad del fenómeno. En Buenaventura, hay empresas que reportan pagar extorsiones hasta por 60 millones de pesos, mientras que a los negocios más pequeños les exigen desde 50 mil pesos. En Quibdó, el pago máximo en nuestra encuesta asciende a 7.5 millones de pesos, pero las tiendas de barrio deben hacer pagos semanales desde 6 mil pesos. Las víctimas de la extorsión en estas dos ciudades incluyen negocios grandes y pequeños.
Identificar a los victimarios es una tarea compleja. En Buenaventura, 27% de los negocios que han hecho pagos por extorsión reportan haber sido extorsionados por más de un grupo de personas a la vez. En Quibdó, el 44% de los negocios han estado en esta situación. Además, más del 60% de los cobros extorsivos ocurren mediante llamadas telefónicas.
También es necesario indagar más sobre las justificaciones de los grupos criminales para hacer estos cobros. En Buenaventura y Quibdó, al 47% y 44% de las empresas extorsionadas le ofrecieron algún servicio a cambio de su pago. El servicio más común fue protección para su negocio, seguido por protección personal. En algunos casos, los actores armados ofrecieron resolver disputas con los vecinos o incluso garantizar beneficios comerciales frente a los competidores.
Esta situación refleja un fenómeno más amplio que aqueja a países en desarrollo alrededor del mundo: la gobernanza criminal. Este fenómeno prospera en lugares con baja presencia estatal, donde el Estado no alcanza a ejercer el monopolio de la fuerza legítima. En zonas urbanas, con frecuencia este es el caso en asentamientos informales y barrios marginalizados.
Allí, los grupos criminales se establecen como autoridades de facto, imponiendo normas y restricciones al comportamiento de los ciudadanos. En algunos lugares asumen labores tradicionales de las instituciones estatales, como la provisión de justicia, seguridad y la resolución de disputas. Paralelo a su capacidad de coerción, estas autoridades criminales necesitan los medios fiscales para ejercer su autoridad. Las extorsiones cumplen este propósito. Estas constituyen un tipo de “recolección de impuestos”, que complementa las rentas derivadas de otras economías ilícitas.
En efecto, las extorsiones pueden tener diversos grados de organización. En algunos lugares los grupos criminales imponen cronogramas de pago y exigen recibos a los habitantes de los barrios, quienes a su vez reciben algún servicio a cambio. Por ejemplo, en São Paulo (Brasil) el grupo Primeiro Comando da Capital le permite a los ciudadanos de los barrios obtener mercancía a crédito, cuyo repago sigue estrictos cronogramas (Lessing, 2020). En Medellín, los combos ofrecen servicios tan variados como la protección de derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos, la resolución de disputas con los vecinos, la vigilancia privada y la recuperación de objetos robados. Todo esto a cambio de tarifas semanales que deben pagar los hogares y negocios interesados (Blattman et al, 2021). Estas prácticas fomentan un sentido de reciprocidad: un pago a cambio de un servicio. En estos casos, como afirman Alberto Sánchez y Andrés Preciado en El País, para los ciudadanos puede ser difícil identificarse como víctimas de un delito.
Sin embargo, es difícil caracterizar a todas las pandillas o bandas criminales que hacen cobros extorsivos como partícipes de un gobierno criminal. Particularmente, aquellas que no ofrecen servicios ni buscan regular el comportamiento de los habitantes de una zona. ¿Qué pasa cuando estos grupos exigen pagos pero no gobiernan a cambio? Esta es la situación que viven miles de ciudadanos en Colombia y otros países. A su vez, esta dinámica exige otro marco conceptual para entenderla.
La propuesta de “Paz Total” del gobierno Petro debe tener en cuenta esta variedad de relaciones entre los grupos criminales y la población civil. Años de debilidad estatal han creado una relación simbiótica entre el crimen organizado y el Estado, donde el primero crece a la sombra del segundo y ocupa las funciones que en principio le corresponden. El fenómeno de las extorsiones captura las complejidades de esta relación, pues según el contexto es a la vez un delito y un mecanismo de gobernanza. Es necesario comenzar por reconstruir las relaciones entre el Estado y los ciudadanos en estos contextos.
Esto implica (pero no se limita a) reclamar la provisión de bienes públicos por parte del Estado y construir instituciones atentas a las demandas ciudadanas. Empezando con la resolución de disputas, que es una forma “barata” y eficaz de combatir pacíficamente a los grupos armados. En áreas donde los grupos criminales son únicamente depredadores, los ciudadanos pueden ser aliados poderosos, si el Estado logra protegerlos. Sin una respuesta contundente que ofrezca una gobernanza eficaz y eficiente por parte del Estado, es probable que la extorsión seguirá fortaleciendo los grupos criminales en Colombia y podría implicar un reto fundamental a una futura “Paz Total.”