Venimos de un gobierno que apostó por una visión neoconservadora de la política social con una falsa ecuación de bienestar fundamentada en la legalidad y el emprendimiento (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “pacto por Colombia, pacto por la equidad”). La política del gobierno Duque focalizó y priorizó el neo-asistencialismo como alternativa para intervenir problemas estructurales de la desigualdad que se expresaron a través de la desestabilización social, el aumento de la criminalidad, el desempleo y la precarización de amplios grupos sociales en Colombia que soportaron sin mayores apoyos institucionales dos eventos inéditos, la pandemia de la covid-19 y un estallido social sin precedentes.
Con ese contexto, Francia Márquez y Gustavo Petro emergen como proyecto político que pone a la gente en el centro de la política social, en especial los ninguneados, los excluidos, las y los nadies. La llegada al poder de este proyecto inclina la balanza hacia políticas más redistributivas que garanticen un bienestar material y simbólico de carácter universal. Para lograrlo se han planteado una serie de reformas políticas e institucionales que incluyen sectores sensibles del capitalismo mercantil del siglo XXI como el hábitat, la salud, las pensiones y el sistema educativo.
En medio de esta serie de reformas, se incluye una transformación institucional que desde el gobierno nacional promueva la inclusión social de una serie de actores diferenciales para el cambio como los niños, niñas, adolescentes, mujeres, juventudes, identidades diversas, pueblos y comunidades étnicas, así como las víctimas del conflicto armado, y la población en situación de discapacidad. Actores sociales que han venido sufriendo de forma individual y colectiva la precarización de sus vidas, la exclusión y opresión por el aumento de las desigualdades tanto en lo urbano como rural.
Recordemos que el pasado 4 de enero de 2023 en el municipio de Istmina, departamento del Chocó, fue sancionada la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad orientado a garantizar los derechos fundamentales para las y los colombianos bajo el liderazgo de Francia Márquez como primera ministra. Se ha señalado que detrás de esta cartera existen nuevos apetitos burocráticos de la coalición de gobierno; sin embargo, es necesario avanzar en la consolidación de una administración pública capaz de diseñar y ejecutar estrategias y políticas públicas que garanticen el Estado social de derecho para una ciudadanía que históricamente ha sido desconocida en las apuestas sostenidas de bienestar.
El recién creado Ministerio deberá enfrentar algunos retos, heredados de la paquidérmica administración pública nacional. En primer lugar, superar la ineficacia e ilegitimidad de las entidades gubernamentales producto del diseño de políticas y estrategias de acción que no responden a las problemáticas sociales y del territorio. En segundo lugar, dotarse de diseños institucionales ágiles, que permitan rápidamente superar la conflictividad violenta, la criminalidad e ilegalidad como destino de múltiples vidas azaradas por sobrevivir sin garantía de sus derechos básicos. En tercer lugar, esta nueva entidad deberá coordinar sus apuestas con las demás carteras, a fin de no duplicar esfuerzos e inversiones. En este punto se requiere especial atención a la concurrencia y coordinación de acciones con las entidades territoriales.
En definitiva, se requieren de esfuerzos de coordinación y coherencia de las instituciones y políticas encargadas de la equidad y la igualdad. Es necesario, una nueva acción pública orientada hacia la equidad para las mujeres, el protagonismo de las juventudes y reconocimiento de una diversidad de pueblos que solo han sufrido los embates de la guerra, sin encontrar la paz.
No obstante, el discurso gubernamental aún suena a retórica. La promesa de la equidad y la igualdad hasta ahora ha sido más formal que real; por tal razón, se requieren acelerados cambios institucionales que permitan la universalización de derechos, la modernización de las instituciones, y la convergencia de sectores que implementan la política social.
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