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La Constitución del pueblo sudafricano está próxima a cumplir 30 años, luego la vigencia del ordenamiento para la transición de 1993 y después de dos años de debates en el nuevo parlamento, el entonces presidente Nelson Mandela promulgó la nueva constitución el 10 de diciembre de 1996. El nuevo pacto, parte del reconocimiento de las injusticias del pasado y une a toda una nación en la diversidad. En el capítulo sobre la declaración de derechos, en su artículo 16, consagra la libertad de expresión a la que tienen derecho todas las personas, la prensa, los medios de comunicación para transmitir información, sin embargo, es explícita en indicar que ese mismo derecho no se hace extensivo a quienes promuevan la guerra, inciten a la violencia o defiendan el odio.
En tres décadas, la sociedad sudafricana ha tratado de superar integralmente el legado de un tema profundamente arraigado a su historia: el Apartheid y la segregación racial, especialmente por los efectos físicos, psicológicos y los sentimientos de inferioridad a los que fue sometida a la población que no gozaba de derechos y privilegios.
Pese a lo difícil que es superar varios de esos ropajes culturales, la gran virtud de Mandela y de todo el movimiento que lideraba, fue el promover la noviolencia para intentar hacerle frente a la estigmatización ligada a la discriminación y el prejuicio hacia ciertos grupos o individuos, lo que se tradujo en la lucha por la igualdad y la justicia social. Una forma de transformar la cultura política y social de Sudáfrica a partir del entendimiento mutuo.
La sociedad colombiana aún es inferior a ese gran reto. El odio y la estigmatización se sobreponen a la reconciliación, de ahí que la percepción y acción sobre el otro no logran superar esa relación dualista entre amigo-enemigo.
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Asistimos a un escenario público hostil, propio de las épocas electorales, donde lamentablemente algunos medios de comunicación, que deberían actuar con responsabilidad ética e impulsar un ambiente de construcción de paz, hoy promueven información que no permite ser verificada de manera objetiva, y que por el contrario alimenta el linchamiento mediático.
En este país, el caso de estigmatización sistemática ha afectado durante varios años toda la población firmante del Acuerdo de Paz, quienes integran el partido Comunes —el partido de la paz— y sus liderazgos parlamentarios; son cientos de epítetos, perfilamientos, ataques, amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones; incluso responsables de tal criminalidad, como el ELN, en pleno horario triple A, no solo despotrican del Gobierno nacional e indican que van a continuar la guerra, sino que justifican ante la audiencia su política de exterminio contra los firmantes del Acuerdo.
Las cifras son cada vez más dolorosas: 458 homicidios, 804 desplazados junto con 1.150 de sus familiares y más de 20 desaparecidos, todo ello precedido del discurso del odio. Esto nos debe llamar a una reflexión colectiva que permita la inclusión y el reconocimiento del otro en medio de la diversidad, pues la estigmatización es quizás uno de los mayores obstáculos contra la paz y la No repetición.
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Dentro de la misma reflexión debe incluirse el reconocimiento de los avances y el cumplimiento de los compromisos pactados: hoy, más del 90% de quienes dejaron las armas siguen en el proceso de reincorporación, de ellos, 682 que son comparecientes han esclarecido, reconocido y pedido perdón ante la JEP, que es donde corresponde, en cientos de situaciones ocurridas en el marco de la guerra, lo cual ha contribuido a satisfacer el derecho a la verdad que le asiste a miles de víctimas del conflicto.
El próximo 10 de abril, en el marco del día Nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, la JEP, en el trámite de medidas cautelares, realizará una nueva audiencia en favor de la población firmante.
Esta vez, ante la incapacidad y la desarticulación institucional que no ha podido atender la crisis humanitaria, que ya no solo afecta el Catatumbo, sino que se ha extendido a otras regiones del país. Esta será la oportunidad para generar acciones concretas para la reconciliación, la tolerancia, la no estigmatización y el compromiso de todos: institucionalidad, medios de comunicación, sector privado e incluso a la misma Jurisdicción de Paz, con una cultura de la no violencia.
En el relato de “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”, Gabriel García Márquez ejemplificó de manera pintoresca cómo se nos es más fácil sembrar miedo en los corazones que la esperanza, de ahí el gran desafío que tenemos como sociedad: ser capaces de difundir los logros alcanzados con el Acuerdo de 2016 ante la desazón, la frustración y la exclusión que hemos arrastrado por décadas.
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