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Durante una reunión ministerial transmitida en vivo el pasado 4 de febrero, el presidente Gustavo Petro afirmó que la cocaína “no es peor que el whisky” y que su ilegalidad responde más a su origen latinoamericano que a su impacto en la salud pública. Esta declaración inicial, aunque polémica, encuentra respaldo en la evidencia científica.
Un estudio publicado en The Lancet por el profesor David Nutt y su equipo en 2010, evaluó los daños producidos por el consumo de diferentes drogas en el Reino Unido, haciendo uso de un modelo de análisis de decisiones multicriterio (MCDA, por sus siglas en inglés). La conclusión de este estudio fue clara: el alcohol es la droga más dañina en términos globales, superando incluso a sustancias como la heroína y el crack (cocaína fumable).
Esta afirmación no solo desafía las percepciones tradicionales sobre las drogas, sino que también invita a replantear cómo abordamos el consumo de sustancias en Colombia y el mundo.
Alcohol vs. cocaína: ¿cómo se mide el daño?
El análisis de Nutt se basó en 16 criterios que evaluaron tanto los daños individuales como los daños sociales de 20 sustancias. Se midieron aspectos como la mortalidad específica de la droga, su impacto en la salud mental, la criminalidad asociada, el daño económico y su efecto en la comunidad. Los resultados mostraron que el alcohol tiene un puntaje total de daño de 72 sobre 100, mientras que la cocaína alcanza solo 27 puntos.
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El alcohol lidera como la droga más perjudicial debido a su impacto en la salud pública y su costo social. Es responsable de un alto número de muertes por enfermedades hepáticas, accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar, además de ser una de las principales causas de enfermedades crónicas no transmisibles. En cambio, aunque la cocaína es altamente adictiva y puede generar daños severos en consumidores problemáticos, su impacto a nivel social y de salud pública es menor que el del alcohol.
En Colombia, esta realidad es aún más evidente. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2019), el 84% de la población ha consumido alcohol alguna vez en su vida, y un 30,1% lo hizo en el último mes. Más preocupante aún, el 20,4% de quienes bebieron en el último mes presentaron patrones de consumo perjudiciales.
El consumo de cocaína, en contraste, es mucho menos frecuente. Solo el 2,1% de la población ha consumido cocaína alguna vez en la vida, con una prevalencia anual del 0,6% (136.000 personas). El consumo es más alto en hombres (1%) y en jóvenes de 18 a 24 años (1,1%), seguido por el grupo de 25 a 34 años (0,9%), quienes en conjunto representan el 64% de los consumidores. Aunque presenta una menor prevalencia que el alcohol y otras drogas, no debemos perder de vista que el consumo de cocaína presenta riesgos particulares, especialmente en términos de la dependencia, puesto que según este estudio: el 48,1% de quienes la consumen anualmente desarrollan patrones de abuso o dependencia, afectando en su mayoría a hombres (88%).
En términos de mortalidad, entre 2013 y 2020 se registraron 28.541 muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en el país. De estas, el alcohol estuvo presente en el 86,6% de los casos (24.723 muertes), mientras que la cocaína apareció en el 12,1% (3.469 muertes). Estos datos evidencian que el impacto del alcohol en la mortalidad es significativamente mayor que el de la cocaína, aunque su consumo sea socialmente aceptado y legal.
Estos datos evidencian que el alcohol es, sin lugar a dudas, la sustancia con mayor impacto en términos de salud pública en Colombia. Sin embargo, su legalidad y aceptación social contrastan con el estigma y la criminalización de la cocaína, una sustancia cuyo comercio ilegal alimenta la violencia y la economía del narcotráfico.
Hacia una política de drogas basada en evidencia
Las declaraciones del presidente Petro no deben interpretarse como una invitación o una apología al consumo de cocaína, sino como un llamado a repensar las políticas de drogas basadas en prejuicios más que en evidencia científica. La Política Nacional de Drogas 2023-2033 ya reconoce la necesidad de avanzar en dos frentes fundamentales: la regulación de las plantas y la implementación de un enfoque de reducción de riesgos y daños.
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Regular la cocaína, al igual que otras sustancias psicoactivas, no significa promover su consumo, sino permitir su control bajo estándares de calidad y acceso seguro para quienes decidan usarla. Esta medida no solo podría reducir los riesgos asociados al consumo de cocaína adulterada, sino que también impactaría directamente en la estructura del narcotráfico, debilitando los mercados ilegales que perpetúan la violencia en el país.
La historia nos ha demostrado que la prohibición no elimina el consumo, solo lo deja bajo el control grupos criminales donde los riesgos a los usuarios y las comunidades aumentan exponencialmente. Mientras tanto, el consumo de alcohol, una sustancia altamente dañina, sigue siendo normalizado y aceptado socialmente.
Es hora de que el debate sobre drogas en Colombia se base en evidencia y no en creencias falsas, estereotipos y prejuicios. La regulación no solo es un paso hacia una política más sensata, sino una herramienta fundamental para construir un país en paz, donde la salud pública y los derechos de las personas estén por encima de la criminalización y el estigma.
*Carolina Pinzón Gómez es directora del Área de consumo de drogas, salud pública y Educación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes