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Para las elecciones del Congreso de la República del 8 de marzo de 2026 se inscribieron 3.231 candidatos. Competirán por 284 curules -102 en el Senado y 181 en la Cámara de Representantes- que definirán la composición del legislativo para el periodo 2026-2030. La cifra impresiona, pero más allá de la aritmética electoral, la pregunta de fondo es otra: ¿a qué tipo de política de drogas le apostará el Congreso que resulte elegido?
En Colombia, el enfoque de la política de drogas ha sido uno de los ejes estructurales del conflicto armado, de la expansión del poder punitivo del Estado y de la relación entre ciudades principales y municipios alejados e ignorados. Lo que está en juego este 8 de marzo es si el país consolida una transición definitiva hacia un enfoque basado en derechos humanos y evidencia, o si revive respuestas punitivas que han mostrado límites claros y costos profundos.
En este contexto, la política de drogas ofrece un prisma para evaluar candidaturas más allá de etiquetas partidistas. ¿Reconocen la evidencia empírica sobre los límites del prohibicionismo? ¿Diferencian entre eslabones de la cadena? ¿Están dispuestas a poner límites al poder punitivo del Estado cuando este afecta derechos fundamentales?
Regulación del uso adulto del cannabis: coherencia o hipocresía normativa
El Congreso que se elija tendrá en sus manos la posibilidad de retomar -o seguir dejando en visto- la regulación del uso adulto del cannabis. Colombia reconoce el consumo como un ámbito protegido por la jurisprudencia constitucional y cuenta con una regulación de cannabis medicinal. Sin embargo, mantiene en la ilegalidad el uso adulto, alimentando una incoherencia normativa que fortalece al mercado ilegal y reproduce la selectividad penal.
La regulación es un debate sobre racionalidad estatal e implica liberar capacidad judicial y policial para concentrarse en estructuras violentas, al igual que reducir la criminalización desproporcionada en razón de la edad y la clase. También supone reconocer que el prohibicionismo no ha erradicado el consumo, pero sí ha generado costos sociales y fiscales significativos.
Un Congreso adverso puede cerrar esta discusión bajo el discurso de la “mano dura”, perpetuando la paradoja de un país que exporta cannabis medicinal bajo estándares internacionales, pero que no regula y, por el contrario, criminaliza el uso adulto en el mercado interno.
Fumigación aérea con glifosato: límites al poder y protección de derechos
Otro frente crucial es la eventual reactivación de la fumigación aérea con glifosato. Más que un debate técnico sobre erradicación, estamos ante una discusión sobre los límites del poder estatal. La experiencia de décadas mostró impactos en salud, ambiente y medios de vida de comunidades campesinas y étnicas, así como grandísimas dudas sobre la eficacia sostenida de esta estrategia para reducir cultivos.
El Congreso tendrá un rol determinante en el control político, la asignación presupuestal y la orientación normativa que incluso cierre la puerta, por vía legislativa, de esta forma de intervención sobre territorios históricamente marginados. Respaldar o no esta política es, en últimas, una definición sobre si pesa más la presión por mostrar resultados rápidos o la obligación de proteger derechos fundamentales y cumplir con los estándares constitucionales de precaución, participación y evidencia.
Tratamiento penal diferenciado: cumplir el Acuerdo de Paz o vaciarlo
El Acuerdo Final de Paz reconoció algo que durante décadas fue ignorado: no todos los eslabones del narcotráfico son iguales. Personas campesinas cultivadoras en contextos de ausencia estatal no pueden ser equiparadas con redes criminales transnacionales. El tratamiento penal diferenciado busca introducir racionalidad y justicia material en la política criminal, evitando que el encarcelamiento masivo rural siga siendo la respuesta automática.
El Congreso 2026-2030 será clave para profundizar o bloquear estos desarrollos (en un escenario de Comunes, posiblemente saliendo del Congreso). Así que, mayorías inclinadas al endurecimiento penal podrían seguir frenando la implementación o introducir reformas que vacíen su espíritu. Sin diferenciación, la política de drogas corre el riesgo de volver a ser un mecanismo de reproducción de desigualdades y sobrecarga carcelaria, sin afectar de manera significativa a los eslabones más poderosos y violentos de la cadena.
Reparar los daños de la guerra contra las drogas
Hay un tema que nunca ocupa el centro del debate electoral: las víctimas de la propia política de drogas. La “guerra contra las drogas” también produjo daños y hay millones de comunidades afectadas por fumigaciones, personas privadas de la libertad por delitos no violentos, mujeres criminalizadas por economías de supervivencia, familias fragmentadas por el encarcelamiento masivo.
Colombia no puede eludir la pregunta por estos impactos. Medidas de revisión de condenas, enfoques restaurativos e inversión prioritaria en territorios más golpeados son parte de una conversación pendiente. Un Congreso comprometido con los derechos humanos debería abrir este debate sin temor a la estigmatización.
El 8 de marzo no decidimos si el Estado seguirá respondiendo con castigo indiscriminado o si se atreverá a gobernar un fenómeno complejo con racionalidad, evidencia y responsabilidad democrática. Entre 3.231 nombres y 284 curules, lo que está en juego no es solo una agenda sectorial, es el tipo de relación que queremos entre política criminal, democracia y derechos humanos en los próximos cuatro años.
*Paula Aguirre Ospina, directora de oficina en Colombia de Elementa DDHH.
*Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.
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