Semanas atrás, la extradición hacia los Estados Unidos de uno de los líderes más representativos del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, desencadenó un paro armado que paralizó 178 municipios de 11 departamentos, según estimaciones de ONG’s y de algunas fuentes del Estado. Ese hecho, nos hace recordar que, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, la guerra en Colombia continúa siendo parte de nuestro ADN.
Se trata de una guerra que podríamos denominar de baja intensidad, pero, al fin y al cabo, una guerra donde confluyen diferentes actores. En el presente actual ya no son las FARC, son las disidencias, clanes, grupos paramilitares y guerrilla del ELN que están dinamizando diferentes estrategias que siembran el terror a lo largo y ancho de la geografía del país. Lo que está en juego, en las zonas rurales, no solo es el control de corredores estratégicos, rutas del narcotráfico, también están en disputa el control territorial, la explotación ilegal de la minería y de recursos naturales esenciales; mientras, en las zonas urbanas la disputa es por el control del microtráfico, la extorsión, el boleteo y el secuestro. Todas esas dinámicas, propias de la guerra interna que vive Colombia, están dejando una estela de desplazamientos forzados, confinamiento de un número importante de comunidades campesinas, afros e indígenas; asesinato y persecución sistemática a líderes sociales y defensores-as de DDHH. Evidencias irrefutables que la guerra está presente en el mundo rural y en la cotidianidad de las ciudades.
Ante ese panorama ¿qué proponen en materia de Paz las agendas de los tres candidatos más opcionados para ganar la presidencia? Veamos primero lo que tienen en común. Sin lugar a dudas, el eje de sus propuestas se sustenta a partir de lo definido en el Acuerdo de Paz. Esto es un gran avance, ninguno de los tres candidatos busca dar continuidad a lo planteado por Duque de “hacer trizas el Acuerdo”. Al contrario, se lee en sus planes de gobierno que el acuerdo en cuestión será su carta de navegación para la consecución de la paz.
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Sergio Fajardo menciona la importancia de implementar el Acuerdo de Paz fortaleciendo los vínculos con la Unión Europea y la cooperación internacional. Además, hace énfasis en el tema de tierras, particularmente con su formalización y el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Federico Gutiérrez, al igual que Fajardo, pone especial acento en el tema del cumplimiento del capítulo étnico de los Acuerdos, la implementación del catastro rural multipropósito; también, hace un énfasis en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, a través de veedurías nacionales e internacionales, con el propósito de hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento del Acuerdo, especialmente por parte de las FARC, como de la descentralización de las respuestas de los acuerdos a través de espacios de diálogo social. Gustavo Petro desarrolla más ampliamente sus propuestas en relación con el Acuerdo de Paz. Al igual que Federico Gutiérrez, pero con más fuerza, se compromete con el fortalecimiento de la participación ciudadana en temas como: política pública de paz, Consejo Nacional de Paz, la participación integral de las víctimas en todo el ciclo de las políticas públicas; además de fortalecer el protagonismo de las víctimas en escenarios locales, nacionales e internacionales.
Ahora, ¿qué proponen de diferente? ¿Existe algo novedoso? En términos generales el candidato que más se destaca es Petro. Ilustremos con algo de detalle esta argumentación. La propuesta de Sergio Fajardo centra su atención, como lo afirmamos anteriormente, en el tema de tierras, al respecto, un punto que llama la atención es la creación de la Jurisdicción Agraria. Federico Gutiérrez, plantea alianzas entre empresarios y excombatientes, esto supone para estos últimos una segunda oportunidad para resarcir los “errores” que cometieron como guerrilleros. Aunque no lo menciona de forma enfática su interés por cumplir con el primer punto del Acuerdo de Paz - Reforma Agraria Integral – lo establece a partir de la entrega de un millón de hectáreas al finalizar su mandato. En cambio, Petro, en perspectiva de una sociología weberiana del Estado, centra su argumentación en el monopolio físico de la violencia por parte del Estado, al pasar de un enfoque de “seguridad democrática”, propone un enfoque de “seguridad humana” sustentado en la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, la dignidad y el respeto integral de los derechos humanos. Involucra, también a la Justicia Especial para la Paz y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Adhiere de manera concreta al enfoque del punto 4 sobre drogas ilícitas, haciendo énfasis en el combate al narcotráfico y no al campesino cultivador. Finalmente, su programa de gobierno destaca por incentivar, promocionar y garantizar la participación ciudadana de las víctimas. Otro tema que sobresale es crear las condiciones necesarias para avanzar en un diálogo con el ELN.
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Para terminar, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué no se lee en los programas de gobierno? Al retomar el “Informe DOS del Observatorio de la Participación Ciudadana en la Implementación del Acuerdo Final” elaborado por Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía, los tres candidatos no son contundentes al momento de comprometerse con retomar el proyecto de ley para mejorar las garantías para la participación, incluyendo la seguridad para las y los líderes sociales. Tampoco hay referencia al fortalecimiento de la planeación participativa; mucho se habla de los presupuestos participativos, pero poco se plantea la necesaria reforma a la Ley Orgánica de Planeación (Ley 152/94). No es posible la participación incidente de los ciudadanos en el desarrollo social, económico y territorial con las inocuas instancias y canales de participación con las que se cuentan hoy día. Hacer realidad en los territorios lo pactado en el Acuerdo Final pasa por la obligatoria participación de los ciudadanos. Por lo tanto, tampoco son creativos, ni enfáticos, al contrario, las propuestas son tenues, gaseosas y abstractas al referirse a la creación de un sistema territorial para la implementación del Acuerdo de Paz; uno que articule lo avanzado en los ejercicios de participación ciudadana en el marco de los PDET, con los esfuerzos de las autoridades locales y las políticas públicas del orden nacional. Finalmente, quedan algunas preguntas sin resolver ¿cómo recuperar el tiempo perdido? ¿En cuatro años cómo alcanzar lo que prometen? ¿Cómo van a articular el Acuerdo de Paz con una agenda legislativa con el Congreso de la República, especialmente con los congresistas que ocuparon las Circunscripciones Especiales para la Paz y el movimiento de víctimas? Y, más allá del mesianismo electoral, ¿cómo garantizar la sostenibilidad de la acción institucional a largo plazo después de finalizado su mandato presidencial?
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