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Tomé prestado el título de una de las obras más representativas del mundo occidental en el Renacimiento porque ilustra lo que estaría sucediendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tras la designación de María Valencia Gaitán -ahora Gaitán Valencia- como su directora desde septiembre del año pasado.
Al mejor estilo de Erasmo de Rotterdam –quien intenta demostrar en su ensayo que la locura supera a la razón–, Gaitán Valencia está empecinada en validar una serie de tesis personales según las cuales Jorge Eliécer Gaitán (su abuelo materno) es figura central del conflicto armado colombiano, en el movimiento gaitanista está la génesis de nuestra guerra intestina y en su magnicidio y memoria una persecución que no cesa.
Sobre el autor: ¿”Tu verdad” o “mi verdad”?
Preocupa que esta funcionaria pública –aprovechando la posición de poder que ocupa en la institución responsable de decirnos qué pasó, cómo pasó y por qué pasó lo que pasó durante el conflicto colombiano– quiera dar preponderancia en el relato a supuestos que ni siquiera son de su cosecha personal. Porque el imaginario que continuamente está vociferando la directora del CNMH es en realidad autoría de su progenitora, Gloria Gaitán Jaramillo.
Se trata nada más y nada menos de la teoría conspirativa del “memoricidio de Gaitán”, contenida en un trabajo académico de una maestría en derechos humanos que ella cursaba en la Universidad de Medellín en 2013 (Memoricidio en Colombia), estudios que, al parecer, no culminó. Dicha investigación habría quedado reducida a dos textos publicados en enero de 2014 por el Archivo General de la Nación en la colección De memoria, a saber: Informe especial Jorge Eliécer Gaitán (encontrado en las páginas 62 y 63) y Memoria y memoricidio (entre las páginas 64 a 71]).
Así es, me refiero a la misma octogenaria señora que, en septiembre 2017, dijo al periodista español Ricardo Angoso que la CIA, el presidente Mariano Ospina Pérez y la oligarquía de la época, complotaron para asesinar a quien debe ser considerado el caudillo más carismático de la historia de Colombia. Cuando leo sobre estas teorías me es imposible no hacer el parangón con el asesinato de John F. Kennedy en Dallas, Texas, y ver en Lee Harvey Oswald al albañil Juan Roa Sierra.
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Volviendo al quid del asunto, algunas decisiones de la directora del Centro rayan con la conducta ilegal atribuida a los funcionarios públicos del prevaricato por acción –artículo 413 del Código Penal Colombiano–. Me explico: María Gaitán Valencia ha manifestado que la génesis del conflicto armado debe datarse a partir de 1944 (qué curioso, cuando su abuelo fue ministro de Trabajo) y que el CNMH adelantará investigaciones en ese sentido, si bien la Ley de Víctimas, que le da vida jurídica a dicha entidad, establece como parámetro temporal el primero de enero de 1985.
De hecho, el CNMH auspició el conversatorio “Las raíces del conflicto armado; las raíces de las violencias “durante la última versión de la Filbo para apoyar las ideas nepotistas de su directora. Verbo y gracia, Rodrigo Torrejano, investigador del Centro y moderador del espacio, dijo “[…] esta conversación se va a situar antes del 58: desde el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán; luego, el contexto de una persecución sobre el movimiento popular politizado, y luego conoceremos de primera mano la investigación sobre la Guerra de Villarrica, que marcó el surgimiento de la insurgencia”.
Ahora se hace más que evidente y visible la relación entre la fecha de origen del conflicto que ronda en la cabeza de Gaitán Valencia (1944), la posición de ministro del Trabajo de su abuelo –asesinado cuatro años después– y la “persecución sobre el movimiento popular” y el “surgimiento de la insurgencia” en Colombia. Yo no sé ustedes, pero estamos ante un claro conflicto de intereses, un clásico ejemplo de nepotismo y un delito contra la administración pública. En Colombia +20, un artículo del pasado 13 de mayo, escrito por la periodista Cindy A. Morales, ilustra con lujo de detalles mis afirmaciones.
Si bien es cierto que el CNMH puede “[…] Desarrollar investigaciones, eventos, seminarios, foros y demás formas de estudio y análisis que contribuyan a la construcción de la verdad, la reparación y la convivencia ciudadana”, tal y como aparece de manera taxativa en el artículo quinto del decreto 4803 del 20 de diciembre de 2011, no es menos cierto que estos procesos no pueden vulnerar las iniciativas de memoria promovidas por las víctimas del conflicto armado, de paso revictimizarlas y fomentar el negacionismo.
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Esta es la situación por la que atraviesan las víctimas que dejó y sigue dejando la guerra en el seno de la fuerza pública, es decir los más de 500 mil soldados y policías que ostenta tal calidad a la luz de la ley. Sus derechos están siendo pisoteados de manera flagrante gracias a este “Elogio de la locura” de María Gaitán Valencia. La lógica es simple: los uniformados colombianos son parte de la maquinaria que promovió el magnicidio de Gaitán y, por tanto, victimarios, así lleven en su cuerpo evidentes cicatrices de la guerra, hecho irregular que he venido denunciando y documentaré en la segunda entrega de esta columna.
