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24 May 2021 - 5:10 p. m.

Empresa y verdad en Colombia: una conversación impostergable

Angelika Rettberg*

Los empresarios colombianos han sido reconocidos internacionalmente por su aporte a la construcción de paz a lo largo de las últimas dos décadas. Sin embargo, han sido renuentes a participar en los esfuerzos de la Comisión de la Verdad. En este texto se analiza por qué.

Entre los retos de la Comisión de la Verdad está producir en menos de un año un informe integral y plural de lo que pasó en Colombia durante el largo conflicto armado que ha azotado a este país. Uno de los sectores cuya participación en la construcción de esta verdad ha sido más difícil de lograr es el empresariado colombiano. Hoy no es claro que el empresariado colombiano valore, ni busque aportar masivamente al proceso de construcción de verdad. Este proceso es importante porque permitirá esclarecer lo ocurrido y afianzar un consenso en torno a la decisión estratégica de la no repetición. Sin embargo, en muchos sectores del empresariado la relación con la verdad genera resistencias y temores y un aparentemente infranqueable muro de silencios. Como resultado, el empresariado colombiano no está haciendo lo que estaría a su alcance para contribuir a este pilar fundamental de la construcción de paz.

Esto no siempre ha sido así. Durante los más de quince años que lleva desarrollándose la infraestructura transicional colombiana una parte amplia del empresariado colombiano ha sido un aliado clave de la construcción de la paz, en especial si se compara con otros países transicionales. Tanto por su propia cuenta como en alianza con el Estado y la cooperación internacional el empresariado colombiano ha financiado iniciativas de paz desde la sociedad civil, ha promovido la capacitación y contratación de población desmovilizada y de víctimas, ha participado en la construcción de guías y estándares de Derechos Humanos, ha financiado tareas de facilitación para promover negociaciones de paz y ha intervenido con proyectos innovadores para estimular la producción y el crecimiento en regiones vulnerables del país. Incluso ha promovido los esfuerzos de construcción de verdad y memoria histórica. Ha hecho esas contribuciones desde su perspectiva como víctima (de secuestros, ataques a la infraestructura y extorsión) y como protagonista o beneficiario de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por otros, ya que, como es bien conocido, en muchas regiones de Colombia el fenómeno paramilitar contó con el beneplácito de algunas élites empresariales, por necesidad o por convicción.

El compromiso empresarial con la construcción de la paz y con la verdad y la memoria histórica ha sido heterogéneo pero significativo. Ha sido la base sobre la cual han surgido alianzas, aprendizajes, prácticas y redes que se extienden mucho más allá de la desmovilización de un grupo en particular. Sin duda, constituye uno de los principales activos de Colombia de cara a la construcción de su futuro y ha sido reconocido como excepcional por la comunidad internacional. Cientos de empresas colombianas adhirieron al Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el objetivo número 16 referido a “Paz, justicia e instituciones sólidas”, así como a otras guías y estándares de Derechos Humanos y de buenas prácticas corporativas.

El contraste entonces es notorio: Mientras que en las últimas décadas aportar a la construcción de paz construía goodwill y constituía parte de la agenda pública estándar del empresariado, hoy el empresariado colombiano parece tímido y reservado, prefiriendo un bajo perfil, incluso cuando en sus operaciones sigue comprometido con algunas de las tareas asumidas con anterioridad.

Con el apoyo de la agencia de Estados Unidos para la cooperación internacional (USAID), la Universidad de los Andes y la Comisión de la Verdad desarrollaron tres talleres para analizar y entender estos contrastes y para identificar posibilidades de rescatar la reflexión sobre el aporte del empresariado a la construcción de paz. Los talleres generaron varios insumos para la impostergable conversación sobre el valor estratégico de la participación del empresariado en la construcción de la verdad en Colombia.

El empresariado percibe pocos incentivos para participar en la construcción de la verdad

Por un lado, no existe presión externa significativa sobre el empresariado para vincularse a las tareas de la verdad. Ni se le cierran mercados por no colaborar (especialmente a los sectores que potencialmente podrían aportar más al esclarecimiento), ni enfrenta sanciones por no hacerlo. Por el contrario, Colombia es considerada hoy como una “luz de esperanza” por la comunidad internacional (en palabras del entonces Secretario General de la ONU Ban Ki Moon, palabras de las que han hecho eco sucesivas declaraciones de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales).

Por otro lado, tampoco son claros los incentivos internos. Tras más de una década de reducción de indicadores de homicidios y secuestros y en un contexto en el cual buena parte del empresariado pudo participar y beneficiarse del crecimiento económico de los últimos años (superior al del promedio de América Latina), estamos viviendo lo que en otra parte he llamado “la paradoja de la abundancia, estilo colombiano”: En breve, es mucho más difícil “venderle” la idea de la paz y la verdad a un empresariado que no siente hoy como hace veinte años los estragos de la guerra. Desde el punto de vista empresarial el dividendo de la paz ya se cobró en los años previos al acuerdo entre gobierno y FARC, cuando pudieron atraer socios internacionales, ampliar sus mercados e innovar sus productos.

En un contexto marcado por estos factores, es más difícil que incentivos positivos como la satisfacción de realizar aportes a la verdad, la reparación y la memoria histórica como medidas para la construcción de confianza y capital social surtan efectos.

Es poca la confianza de los empresarios en la justicia transicional

En segundo lugar, hay una confianza reducida hacia los procesos y las instituciones de la justicia transicional. Temas como confidencialidad, temor al estigma, reglas claras sobre el uso de la información para propósitos judiciales y sobre los periodos durante los cuales se preserva la confidencialidad del origen de posibles contribuciones generan escepticismo y rechazo hacia una posible colaboración. Esto se dificulta aún más cuando las estructuras de gobernanza corporativa parecen crecientemente reticentes ante el riesgo de auto-incriminación y cuando las áreas jurídicas de muchas empresas estén recomendando no hablar por los riesgos que creen que esto pueda traer. En ese sentido, incluso cuando puede haber empresas interesadas en apoyar los procesos de construcción de verdad, el temor a exponerse puede prevalecer.

El contexto político disuade a los empresarios que quieran participar en la construcción de la verdad

La dimensión política también es importante. Una preocupación central histórica de los empresarios colombianos ha sido la de no desentonar con el gobierno de turno, el cual dispone de herramientas para facilitar o frenar procesos empresariales. Y es claro que el gobierno actual, aunque no ha dejado de cumplir las responsabilidades que el Estado asumió en el proceso de implementación del acuerdo con las FARC y en las tareas de construcción de paz más amplias, claramente no lo hace con entusiasmo ni buscando incentivar a sectores amplios de la población, como el empresariado.

Tampoco desde la sociedad civil se escuchan voces contundentes para que los empresarios retomen o publiquen las contribuciones iniciadas hace unos años o que asuman el reto histórico de participar en la construcción de una verdad plural e integral.

Los impactos del contexto político también se perciben en lo que muchos empresarios describen como “populismo” por parte de sectores de oposición, que se manifiesta en posturas anti-empresariales en el debate público y que cuestiona estructuras fiscales, exenciones tributarias y el acceso preferencial de los representantes del capital a los procesos de toma de decisiones públicas. Esta tensión histórica de la democracia liberal conlleva, en el caso colombiano, a que muchos críticos del empresariado no dimensionen las múltiples facetas de la actividad empresarial en Colombia, por un lado, y la dependencia del Estado y de toda la sociedad de la actividad empresarial, por el otro. Lleva también a que se diseminen afirmaciones generalizantes que no toman en cuenta los múltiples grises del contexto en el que tuvieron lugar los hechos que la comisión deberá esclarecer sobre la actuación de todos los sectores de la sociedad—incluyendo los empresarios—en medio del prolongado conflicto colombiano.

Finalmente, a los empresarios les perturba que en las discusiones sobre verdad en el contexto político actual se les incluya como parte de una tríada, como lo implicaría la noción de los “terceros” a los que hace alusión la institucionalidad transicional vigente. Muchos empresarios recalcan que para ellos es fundamental que quede claro que el conflicto y la negociación fueron entre Estado y FARC y que ellos, en su gran mayoría, fueron víctimas o permanecieron inafectados por el conflicto, mientras que pocos terminaron involucrados en hechos de violaciones de Derechos Humanos (con los cuales la mayoría no quieren ser asociados).

En suma, un entorno poco conducente a la participación de los empresarios en la construcción de la verdad

Los tres grupos de factores mencionados arriba—incentivos, confianza y contexto político—convergen para describir un entorno que es poco conducente hoy al logro de la participación de los empresarios en las tareas de la Comisión de la Verdad. En términos de costos y beneficios, la percepción es que los beneficios, aunque importantes (como la posibilidad de contribuir a la reconciliación nacional, mejorar el clima político para las operaciones y disuadir futuros problemas reputacionales que impidan construir alianzas con nuevos socios o clientes) son menos persuasivos que los costos, sobre todo políticos, jurídicos y reputacionales. En el corto plazo, los empresarios colombianos no lo necesitan, ni nadie (desde la comunidad internacional, los socios y aliados internacionales, el gobierno o la sociedad civil colombiana) les está exigiendo que lo hagan. Esto significa que, para motivar un mayor compromiso con la verdad, es necesario modificar esa relación, bajando costos y aumentando beneficios.

Los beneficios pueden derivar de una característica fundamental de los empresarios, que es la de pensar más en el mediano y largo plazo que muchos ciudadanos comunes y que muchos políticos. Si de algo nos sirve la experiencia de otros países que han transitado por caminos similares, sabemos que los procesos por medio de los cuales los países hacen cuentas con sus pasados son demorados y van tomando rumbos y acentos variables. Los contextos políticos cambian, pero las empresas permanecen. Es difícil pensar que, en el mediano y largo plazo, los empresarios colombianos no quieran también haber hecho un duelo público por sus víctimas, haber incluido en los relatos del conflicto los costos que ellos asumieron, y haber nombrado situaciones que no se debieron dar jamás y que, ciertamente, nunca deberían repetirse. Es poco probable que por hacerlo pierdan participación u oportunidades en el mercado internacional o doméstico.

Por último, quizás convenga apelar al cúmulo de experiencia documentada que el empresariado colombiano ya tiene en aportes a la paz y la verdad para animarlo a que afronte la zona de riesgo e incertidumbre que implica hablar de su rol en los temas difíciles del conflicto colombiano. Sería muy desafortunado que el recuerdo que pese en nuestra memoria colectiva no sea el de décadas de contribuciones del empresariado a la construcción de paz sino el escepticismo y la renuencia que hoy lo caracteriza frente a los mecanismos de la verdad, una herramienta fundamental de la construcción de paz.

Perspectiva de Gonzalo Murillo - asesor de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad ha venido haciendo un esfuerzo importante, en buscar de forma activa la participación del empresariado en los objetivos de la Comisión, no solo en razón de su mandato sino de la convicción respecto a que su compromiso es fundamental para alcanzar mejores niveles de convivencia y garantizar la no repetición del conflicto armado.

Desafortunadamente, un contexto político poco favorable a los Acuerdos de Paz y a la Justicia Transicional impidió que los empresarios hicieran aportes sustantivos a la Comisión de la Verdad.

No obstante, la actual coyuntura genera la oportunidad para que el empresariado asuma con responsabilidad la construcción de futuro, tanto por razones económicas, como por motivaciones éticas e incluso políticas, toda vez que existe un creciente cuestionamiento a los empresarios como actores que instrumentalizan el poder político para su propio beneficio, sacrificando el medio ambiente, la salud humana y el interés público.

En la Comisión tenemos todo el interés y la disposición de escuchar sus propuestas y recomendaciones.

* Profesora titular de la Universidad de los Andes / rettberg@uniandes.edu.co

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