Los falsos positivos y la irresponsabilidad de mando

Hace un par de semanas, Cifras y Conceptos señaló que la columna dominical de Rodrigo Uprimny en El Espectador era una de las más leídas del país. Quien lee sus columnas, encuentra textos clarificadores sobre asuntos jurídicos, políticos y económicos complejos, incluyendo reflexiones profundas y contextuales, porque el oficio de escribir columnas de opinión es siempre una lucha por abordar un asunto en poco espacio mientras ocurren cientos de hechos importantes en este país y en el mundo.

Las columnas de Rodrigo muestran su capacidad para promover el debate público, poner atención a temas importantes y reconocer las buenas razones de los opuestos, no solo debatirlas. Esto ocurre también cuando uno escucha sus declaraciones, lee sus libros o artículos en revistas académicas y conoce sus contribuciones al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, del que hace parte, y a las distintas investigaciones de Dejusticia, organización de la cual es fundador y que hace pocas semanas también fue reconocida como la de mayor reconocimiento en el país.

Las contribuciones de Rodrigo a los derechos humanos, al derecho constitucional y a las alternativas para dar solución negociada a los conflictos armados en el país, le han hecho moverse en el difícil escenario de quien promueve la dignidad humana por encima de las consideraciones de la política electoral. Como todo defensor de derechos humanos es incómodo para quien tenga poder, porque no se trata de quién lo tenga, sino de cómo se respetan y garantizan los derechos de las personas. Pero además, siendo esto tal vez lo más absurdo, es incómodo para algunos sectores debido a su lucidez.

Rodrigo no huye a los debates. Si le piden abordar un tema lo desmenuza, considerando sus elementos y efectos, para luego dar dos o tres caminos y varias premisas perspicaces para su abordaje. Pocas personas que conozca tienen la capacidad, como él, para proponer soluciones casi siempre inspiradas a problemas complejos. Por esa razón, es importante su presencia en el debate público, especialmente frente a quienes piensan distinto que él, porque de eso se trata la democracia.

La última columna de Rodrigo fue sobre el hecho más importante de la semana pasada en Colombia: las audiencias de la JEP en Casanare, donde exintegrantes del Ejército reconocieron verdad y responsabilidad por los asesinatos y las desapariciones forzadas (crímenes de guerra y de lesa humanidad) que cometieron en contra de jóvenes colombianos indefensos e inocentes para luego presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Los reconocimientos no solo vincularon a quienes los hicieron, sino que permitieron entender, nuevamente, que los llamados falsos positivos se llevaron a cabo bajo modus operandi, prácticas y patrones criminales comunes por todo el país, sin que durante años la cadena de mando hiciera lo necesario para detenerlos o para que se les investigara.

En su análisis, Rodrigo plantea que los falsos positivos “fueron el resultado de la política de premiar las bajas, por encima de eventuales capturas o del logro de seguridad en un territorio”. Esta afirmación tiene amplio sustento en decisiones judiciales, incluyendo las adoptadas por la JEP en los últimos años con ocasión de la priorización de varias zonas del país en el Caso 003 sobre falsos positivos. Fue esa razón incluso, la de exigir muertos y no capturados, la que llevó a que dentro del Ejército se presentaran casos de falsos positivos entre sus propios integrantes. Eso fue lo que le ocurrió a Jesús Javier Suárez Caro en 2005 y a Raúl Antonio Carvajal en 2006, cuya desgarradora historia familiar relata con inteligencia Ricardo Silva en su última novela llamada “El libro del duelo”.

La conclusión de Rodrigo, que solo reitera lo establecido por la justicia colombiana en el Auto 033 de 2021, es que entre 2002 y 2008 se registraron un total de 6.402 personas muertas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (cifra que no es definitiva y podrá aumentar o disminuir de acuerdo con la información que allegada, recopilada y contrastada por la JEP). Es una cifra vergonzosa porque prueba que, además de la degradación y el horror de la guerra, dentro de una democracia las instituciones pueden operar como en una dictadura militar, abusando y no controlando el poder.

Juan Manuel Santos, quien fue Ministro de Defensa de Uribe durante los dos últimos años del periodo que investiga la JEP en el Caso 003, acudió el 11 de junio de 2021 ante la Comisión de la Verdad y declaró: “No me cabe duda de que lo que dio pie a esas atrocidades fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam”. Agregó que “eso nunca debió pasar” y afirmó: “Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres, y a todas las familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”. Cada quien puede reaccionar ante dicha declaración como quiera, pero es innegable la importancia del reconocimiento de los crímenes y la petición de perdón a las víctimas por parte del expresidente.

Exigir el reconocimiento de lo ocurrido en un contexto de profunda impunidad, como pasa de Colombia, parece una labor inviable, pero no lo es. La JEP lo viene haciendo con altos mandos del Ejército, incluyendo generales (r) como Henry William Torres Escalante, que ya lo reconoció, y Mario Montoya, quien debería hacerlo. Lo cierto es que la JEP no puede hacerlo con expresidentes, por prohibición expresa de la Constitución.

En todo caso, eso no obsta para exigir el reconocimiento de lo ocurrido al expresidente Uribe. Luego de señalar expresamente que “Uribe tiene razón en que no ha sido presentada ninguna prueba de que hubiera ordenado esos falsos positivos. Es más, yo honestamente no creo que los haya ordenado”, Rodrigo plantea que eso no elimina la responsabilidad de mando, figura penal surgida en el derecho internacional para que un comandante responda por los crímenes cometidos por sus subalternos. No se trata entonces de establecer si el comandante ordenó o participó de los crímenes, sino de determinar si no evitó su ocurrencia, pudiendo hacerlo, o si se abstuvo de sancionar a los responsables. Esto hace que los comandantes no puedan simplemente excusarse ante las actuaciones de sus subalternos, al imponerles un deber de control para evitar su negligencia.

La responsabilidad de mando está incorporada en nuestra Constitución (artículo transitorio 24 del título transitorio), con ocasión del Acuerdo de Paz de 2016, y es aplicada a exintegrantes de la fuerza pública. Sin embargo, como lo anoté, la JEP no tiene competencia judicial frente quienes hayan ejercido la Presidencia de la República. Lo que si puede hacer es remitir toda información que obtenga, que comprometa a un expresidente, a la Cámara de Representantes para lo de su competencia, como una petición al aire.

Si bien podríamos quedarnos en ese punto, lo cierto es que al final de su columna Rodrigo se refirió a la “responsabilidad moral y política” del expresidente Uribe.

La masividad de los falsos positivos, la cantidad de integrantes de la Fuerza Pública involucrados, las estructuras criminales que operaron al interior de las fuerzas militares, el modus operandi, las prácticas y los patrones macrocriminales, la ocurrencia de estos hechos por todo el país, el número y las características de las víctimas, su extensión en un amplio periodo de tiempo, el aumento de las cifras de “bajas en combate”, las decisiones judiciales, los reconocimientos por parte de sus responsables directos, las directrices institucionales, las recompensas por “bajas”, los informes de memoria, entre otros factores, hacen que la ausencia de reconocimiento público y la petición de perdón a las víctimas por parte del expresidente Uribe haga falta para la transformación de este país, especialmente para que esto nunca más se vuelva a repetir.

Por esa razón, me uno a la exigencia de Rodrigo. El expresidente Uribe debe hablarle al país, a través de uno de los tantos medios por los que puede hacerlo, para reconocer que durante su gobierno miles de jóvenes fueron asesinados por la fuerza pública que comandaba, siendo una tragedia que aún no se ha podido cerrar, y para pedir perdón a las víctimas por estos hechos. Su responsabilidad moral y política es clara, como su irresponsabilidad de mando, así lo quiera seguir ignorando.

Pdta: Se espera que el expresidente Uribe y su abogado se retracten de las declaraciones efectuadas en contra de Rodrigo Uprimny con ocasión de su columna. Toda mi solidaridad con Rodrigo y la defensa de la libertad de expresión.