Sí, la violencia machista mata

Un feminicidio no surge de la nada, sino que brota de una sociedad permeada por la violencia machista y cuyas dinámicas de género son desiguales. En esta estructura social cotidianamente violenta, el feminicidio emerge como la punta visible del iceberg. No se trata de un evento aislado; más bien, es el resultado de una serie de acciones que, aunque no todas sean tipificadas como crímenes, contribuyen a su gestación. Desde chantajes, acoso, o el abuso verbal y sexual, hasta la idea de la dominancia masculina, o la cosificación de los cuerpos feminizados: todo emana de una cultura machista que es caldo de cultivo para todas las expresiones de violencia de género.

En ese sentido, ¿qué nos diría el feminicidio si hablara? Según Rita Segato, este hecho victimizante es, de hecho, una escritura sobre el cuerpo de las mujeres que son asesinadas. Debido a su violencia extrema y brutalidad que deja marcas físicas y simbólicas, existe un subtexto que envían sus perpetradores con estos actos: un mensaje sobre dinámicas de poder, dominación y control sobre los cuerpos de las mujeres, elementos que han sido reconocidos en la Convención Belém Do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Conferencia de Beijing y su revisión, Beijing+10.

El feminicidio entonces no se limita a un acto individual, sino que refleja una problemática social más amplia que incluye la discriminación, la desigualdad de género y la violencia machista arraigada en la sociedad. Y, ante la complejidad del fenómeno, un primer paso importante debe ser superar la indiferencia y la naturalización de la violencia contra las mujeres. Para lograrlo, los medios de comunicación deben comprometerse a desintoxicar las narrativas sobre los feminicidios para evitar revictimizaciones. Es crucial abandonar estrategias sensacionalistas que conviertan los feminicidios en espectáculos, chismes o instrumentalizar las historias de vida de las víctimas, ya que todo esto menoscaba su dignidad y derechos al debido proceso.

Pero, ¿qué tareas tiene la justicia y el Estado? Según datos del Observatorio Colombiano de Feminicidios, Colombia continúa siendo uno de los países de la región con cifras más altas de violencia de género. En 2023 hubo más de 525 feminicidios, más de uno por día y, para enero de 2024, la cifra iba en más de 10. No solo es alarmante la cifra, sino también la inoperancia del sistema judicial. Desde 2015, cuando el feminicidio se incluyó en el Código Penal, la Fiscalía ha iniciado 3.845 procesos por este delito, pero, hasta inicios de 2023, en el 64,7 % aún no había decisión de un juez.

Es decir, estamos ante un panorama de impunidad, de inoperancia de la justicia y de promesas incumplidas ante este hecho victimizante. Hay una deuda enorme para garantizar la justicia y la reparación para las víctimas de feminicidio, así como para sus familias, en especial, con sus hijos/as.

Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 quedó consignada la declaración de emergencia por violencia de género, que permite priorizar presupuestos y disponer medios administrativos como es el caso del fortalecimiento de las Comisarías de Familia desde medidas de protección para personas en riesgo de feminicidio, esto no ha sido suficiente.

En ese sentido, dos objetivos claves para el gobierno deben ser centralizar las rutas de atención, así como sensibilizar y transversalizar el enfoque de género en los juzgados y, en segundo lugar, difundir de manera adecuada la línea jurisprudencial sobre el feminicidio para garantizar la implementación de políticas y mecanismos efectivos para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes.

Ante este panorama desolador y de profundo desasosiego emergen gritos colectivos como el del movimiento #JuntasAlaCalle, quienes han creado movilizaciones feministas en varias ciudades del país. La meta es exhortar a la Corte Constitucional que declare el Estado de Cosas Inconstitucionales ante esta emergencia por feminicidios y que inste a las autoridades competentes a cumplir con sus funciones, a poner en la agenda pública y política nacional este tema como prioridad. Para que “caiga con fuerza el feminicida” necesitamos justicia y un compromiso firme para asegurar que las mujeres podamos vivir libres de violencia, mientras que recordamos que no estamos todas, que nos faltan ellas, las asesinadas y desaparecidas.

Un feminicidio no surge de la nada, sino que brota de una sociedad permeada por la violencia machista y cuyas dinámicas de género son desiguales. En esta estructura social cotidianamente violenta, el feminicidio emerge como la punta visible del iceberg. No se trata de un evento aislado; más bien, es el resultado de una serie de acciones que, aunque no todas sean tipificadas como crímenes, contribuyen a su gestación. Desde chantajes, acoso, o el abuso verbal y sexual, hasta la idea de la dominancia masculina, o la cosificación de los cuerpos feminizados: todo emana de una cultura machista que es caldo de cultivo para todas las expresiones de violencia de género.

En ese sentido, ¿qué nos diría el feminicidio si hablara? Según Rita Segato, este hecho victimizante es, de hecho, una escritura sobre el cuerpo de las mujeres que son asesinadas. Debido a su violencia extrema y brutalidad que deja marcas físicas y simbólicas, existe un subtexto que envían sus perpetradores con estos actos: un mensaje sobre dinámicas de poder, dominación y control sobre los cuerpos de las mujeres, elementos que han sido reconocidos en la Convención Belém Do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Conferencia de Beijing y su revisión, Beijing+10.

El feminicidio entonces no se limita a un acto individual, sino que refleja una problemática social más amplia que incluye la discriminación, la desigualdad de género y la violencia machista arraigada en la sociedad. Y, ante la complejidad del fenómeno, un primer paso importante debe ser superar la indiferencia y la naturalización de la violencia contra las mujeres. Para lograrlo, los medios de comunicación deben comprometerse a desintoxicar las narrativas sobre los feminicidios para evitar revictimizaciones. Es crucial abandonar estrategias sensacionalistas que conviertan los feminicidios en espectáculos, chismes o instrumentalizar las historias de vida de las víctimas, ya que todo esto menoscaba su dignidad y derechos al debido proceso.

Pero, ¿qué tareas tiene la justicia y el Estado? Según datos del Observatorio Colombiano de Feminicidios, Colombia continúa siendo uno de los países de la región con cifras más altas de violencia de género. En 2023 hubo más de 525 feminicidios, más de uno por día y, para enero de 2024, la cifra iba en más de 10. No solo es alarmante la cifra, sino también la inoperancia del sistema judicial. Desde 2015, cuando el feminicidio se incluyó en el Código Penal, la Fiscalía ha iniciado 3.845 procesos por este delito, pero, hasta inicios de 2023, en el 64,7 % aún no había decisión de un juez.

Es decir, estamos ante un panorama de impunidad, de inoperancia de la justicia y de promesas incumplidas ante este hecho victimizante. Hay una deuda enorme para garantizar la justicia y la reparación para las víctimas de feminicidio, así como para sus familias, en especial, con sus hijos/as.

Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 quedó consignada la declaración de emergencia por violencia de género, que permite priorizar presupuestos y disponer medios administrativos como es el caso del fortalecimiento de las Comisarías de Familia desde medidas de protección para personas en riesgo de feminicidio, esto no ha sido suficiente.

En ese sentido, dos objetivos claves para el gobierno deben ser centralizar las rutas de atención, así como sensibilizar y transversalizar el enfoque de género en los juzgados y, en segundo lugar, difundir de manera adecuada la línea jurisprudencial sobre el feminicidio para garantizar la implementación de políticas y mecanismos efectivos para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes.

Ante este panorama desolador y de profundo desasosiego emergen gritos colectivos como el del movimiento #JuntasAlaCalle, quienes han creado movilizaciones feministas en varias ciudades del país. La meta es exhortar a la Corte Constitucional que declare el Estado de Cosas Inconstitucionales ante esta emergencia por feminicidios y que inste a las autoridades competentes a cumplir con sus funciones, a poner en la agenda pública y política nacional este tema como prioridad. Para que “caiga con fuerza el feminicida” necesitamos justicia y un compromiso firme para asegurar que las mujeres podamos vivir libres de violencia, mientras que recordamos que no estamos todas, que nos faltan ellas, las asesinadas y desaparecidas.