La deuda de Colombia con los huérfanos por feminicidios

En Colombia no se sabe cuántos niños quedan cada año huérfanos por feminicidios. Sin embargo, el Observatorio Colombiano de Feminicidios señala que en los últimos cuatro años han sido, al menos, 700.

Foto: Leandro Rodríguez - Leandro Rodríguez

Juliana Cely respira profundo, entrelaza los dedos y comienza a contar lo que significó quedar huérfana desde los 13 años por el feminicidio de su madre, Rosa Elvira Cely. Es la primera vez que lo hace públicamente. Inicia el relato recordando que por mucho tiempo creyó que había muerto en un accidente. (En este link puede encontrar la historia completa de Juliana y el especial multimedia que muestra el panorama de los huérfanos por feminicidios)

—Era la historia que me sabía y la que repetía cada vez que me preguntaban por qué vivía con mi abuela —asegura. Un año después del fallecimiento, Juliana se enteró, durante una clase, de que su madre, una vendedora de dulces de 35 años que esperaba terminar su colegio para ser psicóloga, había sido torturada y asesinada.

—Al decir su nombre, hubo silencio en el salón —carraspea—. Una compañera empezó a contar, con detalles, lo que pasó en la madrugada del jueves 24 de mayo de 2012, en el Parque Nacional de Bogotá. Yo no entendía ni siquiera qué era una violación—.

Después de conocer la historia, sus compañeras le rompían los libros y le escondían los útiles. Una vez también le cortaron el pelo. —No era capaz de decirle a nadie quién era porque sentía que me iban a juzgar. Me culpaba de lo que estaba pasando — dice.

El asesinato de Rosa Elvira Cely sentó un precedente en el país. En 2015 se expidió una ley que lleva su nombre (la 1761), que crea el feminicidio como un delito autónomo, el cual consiste en matar a una mujer por ser mujer o por motivos de su identidad de género.

La ley fue un hito, pero hay un vacío que aún no se ha resuelto e inquieta a familias y especialistas. ¿Qué sucede con los hijos de esas madres asesinadas? ¿Quién les debe ofrece atención y protección? Son preguntas sin respuesta, pues, hasta ahora, no hay un programa que les brinde atención psicológica diferenciada a esos niños. Tampoco se sabe con precisión cuántos han quedado en orfandad por este delito: no hay un registro oficial. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía, ni la Secretaría de la Mujer, ni el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) tienen datos específicos de esta población.

Algunas organizaciones, sin embargo, han sumado esfuerzos para recopilar esos datos. Una de ellas es la Fundación Feminicidios Colombia. De acuerdo con sus reportes, solo en 2019 se registraron 290 niños huérfanos. El Observatorio de Feminicidio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, por su parte, ha detectado que, desde 2015 hasta 2018, 600 niños quedaron en estado de orfandad. Y, según las bases de datos del Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre 2019 y 2022, hubo 715 niños huérfanos.

La ausencia de datos oficiales, señala Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, imposibilita conocer las dificultades psicológicas y económicas que viven aquellos menores de edad. Su atención debería recaer en el ICBF, la entidad encargada de proteger los derechos de los niños y adolescentes del país, sin embargo, dice, “en temas de salud no hay nadie que lo aborde desde el enfoque correspondiente, que es el trauma. Sería una acción con daño decirles vayan al ICBF, cuando sé que no tiene ese enfoque”.

Pero el ICBF se enfrenta a un tropiezo adicional. No tienen una variable específica que permita identificar la razón por la que los niños quedaron huérfanos. Hasta el momento, aclaran, “solo hay un factor diferencial: cuando quedan en esta situación por el conflicto armado”. Desde el instituto recalcan que todas las víctimas de violencias basadas en género reciben “asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral para las mujeres y sus hijos”.

Cuando tienen conocimiento de un caso de un niño o adolescente víctima indirecta de feminicidio, dicen en el ICBF, su equipo se encarga de hacer una valoración psicológica y emocional inicial. También, entre otras cosas, los revisa nutricionalmente y analiza su esquema de vacunación, cuál es su entorno familiar y las redes con las que cuentan.

Tener un camino claro de atención es vital para estos niños. En el fondo, no solo está en juego su salud mental, sino su futuro, pues uno de los riesgos de no tratarlos de forma adecuada, explica la psicóloga clínica Ángela Ramos, es que las respuestas del evento traumático se van a repetir y van a aparecer a lo largo de su vida, porque los daños son más fuertes en la primera infancia, que es cuando el cerebro se desarrolla más y el estrés puede causar más daño. Pero, dice la doctora, sus efectos se pueden revertir si hay una buena atención psicológica.

La importancia de tratar a tiempo

Claudia Suárez, psicóloga clínica con énfasis en trauma, tiene un ejemplo que ayuda a entender la complejidad que hay detrás de los casos de los niños que se enfrentan a situaciones de violencia. Recuerda que una de las pacientes que atendió desarrolló fobia a la barba, porque era un factor detonante del estrés postraumático que vivió cuando su padre casi mata a su mamá.

“Como era un hombre grande y barbudo, cuando la niña conoció a su familia adoptiva, rechazó tajantemente a su padre adoptivo por tener barba. Fue un disparador de su memoria”, comenta.

En algunas oportunidades, agrega Suárez, los niños se sienten responsables de lo que pasó, algo que puede suceder cuando son testigos de un feminicidio. “Muchas veces dicen: ‘Debí haber hecho algo, tuve la culpa, hice algo malo’. Ese tipo de cicatrices marcan de forma profunda su personalidad y desarrollo”, anota. Cada niño puede desarrollar un estrés postraumático diferente, pero el Estado no lo ve así”.

Los especialistas suelen dividir estos traumas en tres categorías: agudo, crónico y complejo, explica la doctora Ramos. El agudo alude a un trauma que se vive de manera estresante. Esto genera “una segregación hormonal. En los niños pueden aumentar las hormonas del estrés y el impacto de los hechos violentos que desencadena un feminicidio puede ser significativo e irreversible”, dice.

En cuanto al crónico, se presenta como resultado de una exposición repetida y prolongada a eventos altamente estresantes, pueden ir desde casos de abuso infantil hasta violencia doméstica. Y el complejo es la exposición a múltiples eventos traumáticos.

Roncancio, de la Fundación Feminicidios Colombia, agrega otro efecto que estas situaciones pueden desencadenar. En algunas oportunidades, los niños comienzan a “elaborar discursos de culpa señalando que las mamás eran las culpables y que los papás reaccionaron porque les hicieron algo”.

Desde hace unas décadas, investigadores han tratado de entender mejor aquellos efectos postraumáticos que deben enfrentar los niños a raíz de estos escenarios. En 1994, por ejemplo, Sondra Burman y Paula Allen-Meares, investigadoras de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), intentaron comprender qué pasaba con los niños cuando presenciaban el momento en que uno de los padres mataba al otro.

En los resultados, publicados en la revista Social Work, explicaron que tienen varios efectos a largo plazo, como “pensamientos recurrentes, imágenes o sonidos del momento del asesinato, trastornos del sueño, negación, incapacidad para vincularse emocionalmente, apego ansioso, miedo de experimentar de nuevo el incidente y bajo rendimiento académico”.

Otro estudio realizado por Spencer Eth y Robert S. Pynoos, psiquiatras que han investigado el impacto de la exposición de los niños a la violencia doméstica, se enfocó en comprender lo que pasaba cuando eran los únicos testigos de la muerte de uno de sus padres. En 1994 publicaron los resultados en la Revista Europea de Psicotraumatología e indicaron que los niños, además de enfrentarse a problemas de adaptación tras el duelo y la muerte, también presentan graves trastornos de estrés postraumático.

“Después de un asesinato, al menos uno de cada tres niños continúan con problemas emocionales y de comportamiento, y se vuelve más probable que desarrollen y reciban tratamiento para el trastorno de estrés postraumático”, señalaron en el documento.

Los niños y adolescentes huérfanos por feminicidios también “son propensos a repetir la violencia con sus parejas, además de ser más susceptibles a la delincuencia, tendencias suicidas y dependencia química”, indica otro grupo de investigadores en un documento publicado en 2021 en el Journal of Pediatric Nursing. De ahí, advierten, radica la importancia de brindarles una atención oportuna.

En la literatura médica de los últimos años también hay pistas sobre un tema que no se puede desligar de este asunto: las consecuencias que sufren los niños al ser víctimas de violencia doméstica. En 2015, por mencionar uno de los muchos artículos, el Royal College of Psychiatrists elaboró una lista con los comportamientos y efectos cognitivos, conductuales y emocionales que pueden presentar los niños. Ansiedad, depresión, dificultad para dormir, síntomas físicos y agresividad eran algunos de los que apuntaban.

Por otro lado, el Centro para el Niño en Desarrollo, de la Universidad de Harvard, ha advertido que, cuando el estrés se mantiene en un nivel alto, las respuestas biológicas (como el cerebro, el sistema cardiovascular, el inmunológico, el neuroendocrino y los sistemas metabólicos) sufren un desgaste. “Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o la depresión son las que más se asocian con una mayor adversidad en los primeros años de vida”, indican.

Elana Newman, Ph. D., profesora de Psicología en la Universidad de Tulsa y directora de investigación del Dart Center for Journalism and Trauma de la Universidad Columbia en Nueva York, tiene una buena manera de sintetizar el conocimiento que se ha acumulado en los últimos años. Explica que entre los cero y los seis años, los niños son conscientes de todo lo que sucede a su alrededor y su sistema psicológico registra cada rastro de tensión con el objetivo de resolverlo.

Esto, dice Newman, “se traduce en un estrés postraumático que experimentan cuando crecen en medio de un ambiente de violencia, que es muy parecido al estado de hipervigilancia que viven los veteranos de guerra”.

Charles Zeanah, profesor y director ejecutivo del Instituto de Salud Mental y de la Primera Infancia de la Universidad de Tulane (Estados Unidos), también se ha centrado en investigar la exposición a la violencia que sufren los niños en casos de violencia doméstica. Para este investigador, los padres en relaciones violentas generalmente minimizan el efecto sobre sus hijos y no se dan cuenta de las repercusiones.

Entre esas consecuencias, dice, están “crecer menos o tener dificultad para comer; no duermen bien; les resulta más difícil relajarse y pueden retrasarse en muchas adquisiciones, ya sean físicas, verbales o intelectuales. Los niños que pasan por esto son más frágiles en términos de salud física y mental”.

Huérfanos por feminicidios en Colombia, otro panorama desolador

En Colombia, según Roncancio, el panorama de los huérfanos por feminicidios es desolador. No solo porque están expuestos a un nivel de trauma muy alto que genera serias repercusiones en su salud mental y física, sino porque se han presentado situaciones en las que los niños quedan en una situación de doble orfandad.

La abogada y magíster en derecho administrativo explica que, en la mayoría de ocasiones, se trata de padres feminicidas. “Vemos que el padre va a la cárcel, se suicida o está prófugo, y representa un riesgo para ellos. También es posible que los huérfanos queden a cargo de las familias de los feminicidas, mientras que las familias de las mujeres asesinadas luchan por recuperarlos”, comenta.

Así le sucedió a Jorge y Amparo, luego del feminicidio de su hija Leidy Hernández. En la mañana del 19 de mayo de 2021, fueron a denunciar a Nelson Caro, la pareja de Leidy, por violencia intrafamiliar. Sin embargo, en la Casa de la Justicia de Ciudad Bolívar les dijeron que era ella quien debía realizar personalmente este trámite legal. Durante todo el día, Amparo y Jorge no volvieron a tener noticias de su hija, de 30 años, hasta que, horas después, recibieron una llamada.

Esa noche, Caro asesinó a Leidy y se llevó a su hijo, quien tenía cuatro años. Durante más de un año, Jorge y Amparo libraron una batalla legal para quedarse con la custodia de su nieto. El asesinato de su hija fue catalogado como un feminicidio agravado, pero Caro está prófugo.

Hay casos que, para el Observatorio de Feminicidio del Grupo de Investigación Red Internacional de Política Criminal Sistémica “Extrema Ratio” de la Universidad Nacional, muestran otra situación inquietante: cuando los hijos mayores deben asumir el cuidado de sus hermanos menores al quedar huérfanos por feminicidios.

Esto, reseña una investigación realizada por Omar Huertas, Daniela López, Melina Molina, Mildre Hernández y Mireya Arteaga y publicada en 2022 en la Revista Pensamiento Jurídico, “implica asumir tareas que no van acorde a su edad, como entrar a la vida laboral antes de tiempo, abandonar sus estudios y lidiar con los traumas de sus hermanos, sin la posibilidad de vivir su propio duelo”.

Eso fue lo que le sucedió a Camila Zapata después del feminicidio de su madre, María Rocío. Recuerda que el 16 de octubre de 2021 estaban celebrando el cumpleaños de su hermano menor, Alejandro. Al día siguiente, en su trabajo, recibió una llamada en la que le aseguraban que su madre había muerto. A una cuadra y media de su casa, le señalaron, habían capturado al presunto responsable: la expareja de su mamá.

“Mi mami, incluso, lo había denunciado ante la Fiscalía y se había emitido una orden en la que decía que él no se le podía acercar a ella”, cuenta. “Cuando fui a poner la denuncia por el feminicidio, la Policía me subió en la misma patrulla donde estaba el asesino de mi mamá”.

Camila, de 22 años, quedó a cargo de su hermano, de 17, y tuvo que hacerse responsable de todo el proceso legal y de asistir a cada una de las audiencias; un proceso en el cual no contó con un acompañamiento psicológico y que, confiesa, es bastante desgastante y revictimizante. En este punto, dice Luis Andrés Torres, quien también perdió a su madre por un feminicidio, a pesar de que hay una ley, “el Estado sigue sin contar con un enfoque de género y termina siendo revictimizante, porque es volver a escribir los hechos y revivir ese recuerdo”.

En su caso, cuenta Luis Andrés, en menos de un año se vio obligado a volverse experto en leyes para lograr que el caso de su madre, Gladys Rodríguez, quien era rectora del colegio Liceo Pedagógico de Cundinamarca, no se investigara como suicidio, sino como feminicidio.

Para Adriana Cely, a quien le tocó volverse experta en temas de género y realizó una especialización en Ciencias Criminológicas y Penales tras el feminicidio de su hermana, Rosa Elvira, el Estado tiene una deuda pendiente con estos niños y niñas. En el artículo Los niños huérfanos de feminicidio y sus repercusiones en la familia en Colombia, aseguró que “el Gobierno debe garantizarles el acceso a la educación sin ningún costo porque ya no existe papá ni mamá. No cuentan con salud ni vivienda propia y merecen tener una vida diferente y digna”.

Unas estrategias que, un año después, sigue pidiendo. Para ello, dice a El Espectador, “se debería lograr establecer una ley que los cubra en todas sus necesidades. Se tiene que entender que son víctimas indirectas del feminicidio”.

En medio de este complejo escenario, en el que cada caso tiene particularidades y desafíos diferentes, la doctora Suárez advierte otro par de dificultades. Por un lado, dice, hacen falta especialistas con enfoque de trauma en el país.

Por otro lado, en algunas ocasiones los niños son atendidos por psicólogos que “les dan cita cada 25 días; los cambian después de tres sesiones. Para un tratamiento del trauma, no son unas condiciones satisfactorias”, advierte Suárez. A veces, añade, también terminan revictimizándolos o “no les creen o, simplemente, piensan que, como el niño tenía dos años al momento del feminicidio, no se va a acordar. Así no se puede hacer una reparación real de sus derechos, ni un manejo adecuado de sus casos”.

Casos de éxito en América Latina

Algunos países de América Latina han contemplado en sus leyes algunas estrategias para salvaguardar la protección de los menores de edad afectados por el feminicidio de sus madres. En Argentina, por ejemplo, el Gobierno creó la Ley Brisa o la Ley 27.452, luego de conocerse el feminicidio de Daiana Barrionuevo en 2014, quien murió por los fuertes golpes ocasionados por el padre de sus tres hijos.

En esta norma, el Estado brinda una reparación económica mensual para los huérfanos menores de 21 años equivalente a una jubilación mínima. Actualmente, ese precio es de un poco más de US$ 100, es decir, cerca de $500.000 (pesos colombianos).

En Ecuador, el Estado también entrega un bono a los menores de edad en situación de orfandad por este delito. El gobierno de Uruguay, por su parte, firmó un convenio para salvaguardar el bienestar de esta población y para ello publicó un manual en el que incluye recomendaciones de intervenciones inmediatas.

* Este reportaje fue realizado gracias al apoyo del Early Childhood Reporting Latin America Fellowship del Dart Center for Journalism and Trauma, un proyecto de Columbia Journalism School.

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