Garantías para ser

El próximo veintiocho de junio se conmemora el día internacional del orgullo, en conmemoración de los eventos de abuso policial ocurridos en el bar “Stonewall Inn” en Nueva York, en contra de la población diversa que se estaba movilizando por sus derechos. Al mismo tiempo, se cumplirán tres años desde la presentación del Informe final de la Comisión de la Verdad, el cual contiene el tomo “Mi cuerpo es la verdad” dónde están plasmados los testimonios de violencia de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado.

Este tomo es un ejercicio de memoria que reconoce a las personas diversas como víctimas del conflicto con una afectación diferente por el prejuicio social del que han sido objeto históricamente. La Comisión concluyó que cada uno de los actores armados persiguieron a la comunidad LGBTIQ+ por sus orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.

La violencia en contra de las personas diversas no fue aleatoria o aislada, sino que estuvo dirigida a esta población por ser consideradas personas indeseables a raíz del prejuicio social que existe sobre ellas; buscando corregirlas, castigarlas, instrumentalizarlas, y en definitiva, aniquilarlas. La Comisión explica que para ganar la guerra, los actores armados tuvieron dos estrategias para ganar ventajas militares, controlar a la población imponiendo un orden moral y social y conseguir legitimidad social en los territorios. La persecución de las personas diversas cumplía con las dos estrategias, perpetuando un orden que mantenía la heteronorma, y teniendo mayor legitimidad en el territorio por el respaldo de la población civil a estas medidas.

Entérese también: Murió Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Esta fue la conclusión más incómoda del informe, la violencia hacia la diversidad se potenció en el conflicto armado, pero nació de la sociedad. La aprobación social de la violencia a las personas diversas fue determinante para que los actores armados vieran réditos en perseguirlas. El informe reconoce que estas agresiones se fundamentan en un prejuicio social que es herencia de la colonia española la cual impuso la heterosexualidad obligatoria y la imposición de las normas binarias de la sexualidad; lo cual se vio luego potenciado por la educación fundada en la moral judeocristiana que llegó a catalogar a lo diverso como pecaminoso e inmoral. La sociedad mantiene lo que la Comisión ha llamado un continuum de violencias, hechos violentos que son padecidos continuamente, en diferentes ámbitos y a lo largo de la vida de las personas diversas.

Sin embargo, las causas de la violencia hacia personas LGBTIQ+ no son solo sociales, el informe reconoció que hubo una impunidad estructural. En la persecución de los hechos violentos, los responsables no fueron condenados por los ataques violentos. Hubo una desprotección estatal general hacia la comunidad, no funcionaron los mecanismos para su protección, la institucionalidad también se volvió hostigadora y en definitiva, hubo una falta de garantías para la materialización de sus derechos.

La persecución hizo que se afectaran las construcciones identitarias de género y la sexualidad de las personas diversas. La Comisión halló que las víctimas se ocultaron y auto limitaron para encajar con los patrones impuestos socialmente, por temor a las repercusiones violentas a su libertad. En definitiva, a las personas diversas les faltaban garantías para ser.

Pero, a dos años de la elaboración del informe y del llamado de la Comisión para que no se repitan las violencias a la población diversa, ¿en Colombia hay garantías para ser?

Lamentablemente, todo parece indicar que no. En la última visita oficial a Colombia del experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Greame Reid, se advirtió la disparidad de cifras reportadas de violencia contra personas diversas, entre las manejadas por las entidades gubernamentales y las organizaciones sociales de base. Al respecto citó las cifras reportadas el año pasado de asesinatos por la Corporación Caribe Afirmativo - 164 - contra los apenas 52 registrados por la Defensoría del Pueblo. Esto impide una mínima diligencia en la persecución y efectiva judicialización de las personas que perpetran estos hechos violentos.

En este año con el reporte de casos como el de Sara Millerey Gonzalez el pasado abril, vemos que el continuum de violencias no se ha detenido, y que el conflicto se recicla con diferentes actores pero con la misma violencia de los grupos criminales que tienen como combustible al narcotráfico y se disputan constantemente el control de los territorios imponiendo un régimen de control social que elimina la diferencia, reafirmando al patriarcado y la heteronorma.

El informe final de la Comisión permitió ver el estado de las cosas en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, en un país donde el conflicto no termina, el legado de la Comisión no es inmóvil, es dinámico, es el constante recordatorio de la necesidad de cambiar los factores que han causado y permitido que el conflicto armado persista.

La comunidad LGBTIQ+ en Colombia hasta ahora ha existido desde las redes de cuidado y procesos colectivos que han encontrado en el activismo y la exigencia de verdad, justicia y reparación, una trinchera de resistencia. El orgullo debe ser no solo una celebración de la identidad diversa, sino sobre las formas históricas de resistencia y lucha de la comunidad a un conflicto y una sociedad que nos sigue tachando como indeseables.

Sin embargo, más allá del apañe colectivo, para que los cuerpos disidentes puedan seguir siendo resistencia y puedan expresar y visibilizar las diferentes formas de ser, es necesario que el Estado brinde las garantías necesarias para existir. Para que el orgullo se celebre y la identidad se visibilice, las personas diversas necesitan garantías para existir, garantías para ser.

*Laura Flórez, investigadora de Elementa DDHH

** Elementa es una organización de derechos humanos feminista con sede en Colombia y México que trabaja desde un enfoque socio-jurídico y político en temas de política de drogas y verdad, justicia y reparación.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.