La publicación de un proyecto de decreto por parte del gobierno nacional, avivó el debate sobre las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), ya que por decisión de los gobiernos de turno, durante más de dos décadas el movimiento de ZRC sufrió un claro bloqueo político que mantuvo congelados varios procesos administrativos de constitución de estas áreas en todo el país. En la práctica, salvo por el piloto de implementación de finales de los 90, las ZRC no han tenido la oportunidad de ser una realidad. No solo la constitución de las ZRC ha estado bloqueada, la financiación de los Planes de Desarrollo Sostenible y de los Planes de Manejo Ambiental formulados por las comunidades campesinas también había quedado en el olvido.
Apenas en marzo de este año la Corte Constitucional reconoció que, al dilatar injustificadamente los procesos de constitución de tres ZRC, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “prolongó en el tiempo la imposibilidad para estas comunidades de mejorar sus condiciones de vida”; por lo tanto, protegió el derecho al debido proceso administrativo del campesinado y ordenó a la ANT decidir de fondo en un término perentorio.
Lea también: Tras 11 años de dilaciones, Colombia tiene tres nuevas zonas de reserva campesina
Pero en Colombia y en el mundo el panorama de los derechos del campesinado está cambiando. No solo las decisiones de las altas cortes favorecen al campesinado, la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos; la Observación General 26 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el informe de la Comisión de la Verdad y la modificación constitucional del artículo 64 crearon un ambiente propicio para que en Colombia, por fin, le demos una oportunidad a las ZRC.
Parece que la ministra Mojica y su equipo entienden esto muy bien. Hace pocos días publicaron un borrador de decreto reglamentario de las ZRC que representa un gran avance y que puede aportar al fortalecimiento, en particular, del movimiento campesino, y en general, de los territorios donde se constituya esta figura.
Dos de los principales obstáculos que tiene la reglamentación vigente se resolverán con la promulgación de este decreto. Por un lado, un procedimiento de constitución meticulosamente reglado que impida que se dilaten injustificadamente los procesos de constitución; y, por otro lado, la eliminación de la prohibición de constitución de ZRC en reservas forestales de Ley 2/59, son razones suficientes para desear su pronta expedición. Solo estos ajustes eliminarían dos de los principales sesgos anti-campesinos que persisten en el ordenamiento jurídico nacional.
Le recomendamos: Los baldíos que la Agencia de Tierras le pide al empresario Efromovich devolver
No obstante, hay algunos elementos de este proyecto que pueden mejorar.
1. Los Consejos Campesinos de Gobierno son una idea con mucha potencia. Es importante que se desarrolle su reglamentación, que se identifiquen mecanismos de protección, que se establezcan principios y mecanismos para garantizar la representatividad de su composición y renovación.
2. El tema de género y mujer campesina está flojo. Esta es una oportunidad para fortalecerlo, haciéndolo más visible en el PDS. ¿Es tiempo de pensar en un plan de cuidado campesino como componente mínimo de los PDS? ¿Deben tener todos los PDS un componente contra las violencias basadas en género? ¿Debe ser paritaria la conformación de los Consejos Campesinos de Gobierno?
3. El tema intercultural tal vez pueda tratarse de forma diferente. Las exclusiones del artículo 2.14.13.7 parecen ser razonables, no obstante, mantener una prohibición tajante se traslape de territorialidades campesinas e indígenas puede cerrar oportunidades de diálogo. Es importante recordar que al declarar la exequibilidad condicionada de las ZRC, la Corte Constitucional en la sentencia C-371/14, consideró que " la mejor forma” de armonizar ambos derechos es mediante un proceso de consulta en el que cada comunidad decida si la ZRC “puede promover o no sus intereses”. Cerrar esta puerta que abrió la Corte puede ser una oportunidad perdida para promover la interculturalidad.
También en la sección de analistas: “Retazos de Historia” de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz
4. Excluir las áreas de páramos que, conforme a su zonificación interna, no permitan usos agropecuarios es una directriz que ignora la dimensión ambiental del campesinado. ¿No será mejor armonizar la zonificación de estos ecosistemas con los Planes de Manejo Ambiental de las ZRC? ¿No son los campesinos unos buenos aliados para garantizar la eficacia de la zonificación de los páramos?
A pesar de los aspectos que flaquean en la propuesta, todo parece indicar que la ministra de agricultura está dispuesta a darle una verdadera oportunidad a las ZRC. Esperemos que sectores que se oponen a la figura, dentro y fuera del gobierno, entiendan que es tiempo de darle una oportunidad al campesinado.