Durante 11 años, en las estanterías de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y del extinto Incoder reposaron las solicitudes para crear tres nuevas zonas de reserva campesina en Cundinamarca y en Meta, sin que su petición se atendiera de fondo. Tres periodos presidenciales de dilaciones, trabas y obstáculos que pusieron a esperar por más de una década a esas comunidades campesinas. Hasta hoy. Este viernes, el consejo directivo de la ANT decidió aprobar la constitución de esas tres zonas. A partir de este 30 de diciembre existen formalmente en Colombia las zonas de reserva campesina (ZRC) del Sumapaz (Cundinamarca), del Losada – Guayabero (La Macarena y Uribe, Meta) y del Güejar – Cafre (Puerto Rico, Meta).
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“Es un sueño que se vuelve realidad: se está haciendo justicia”, resume al otro lado de la línea Hernando Bejarano, vocero del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (Sintrapaz), que impulsó la creación de la ZRC en esa zona de la localidad 20 de Bogotá. Lo dice luego de recapitular lo que fueron estos 11 años de dilaciones injustificadas y también porque se está cumpliendo la orden que un juez le dio en enero de 2021 a la ANT para que constituyera esas tres zonas, luego de que esas comunidades tuvieran que interponer una tutela para proteger sus derechos.
Las zonas de reserva campesina son áreas geográficas que se crean para fomentar la economía campesina y donde se tienen en cuenta características ambientales, agroecológicas y socioeconómicas regionales que permitan superar las causas de los conflictos por la tierra que afecten a esas comunidades. Su principal objetivo es crear condiciones de justicia social en las áreas donde se delimiten. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, las ZRC permiten evitar la concentración de la tierra, aprovechar tierras baldías, facilitar la política de desarrollo rural, entre otras.
El proceso de esas tres ZRC empezó en 2011. Ese año, de forma independiente, las tres asociaciones campesinas (Sintrapaz, Ascal – G y Agrogüejar) solicitaron formalmente al entonces Incoder (hoy ANT) la constitución de esas zonas. Pese a que durante el trámite cumplieron todos los requisitos, la decisión de creación no llegó con el paso de los años.
Así lo explica Ana Jimena Bautista, investigadora de tierras y campesinado en Dejusticia, organización que representó a las organizaciones campesinas en la tutela contra la ANT: “En 2020 iniciamos el litigio con la tutela porque las tres ZRC estaban en situaciones similares: las tres habían empezado el proceso en 2011, ya habían atravesado los distintos pasos que exige la reglamentación para la constitución de ZRC, es decir la formulación del Plan de Desarrollo Sostenible, la audiencia pública y ya solo faltaba llevarlos al consejo directivo para la decisión. Lo que había pasado en los tres casos es que estaban suspendidos de hecho”.
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Para Bejarano, de Sintrapaz, “definitivamente en esto lo que ha faltado es voluntad política; el tema de las ZRC ha sido polémico, ha generado muchas interpretaciones y han entrado hasta posturas ideológicas”. Lo dice refiriéndose a sectores para los cuales esas zonas rememoran las que Álvaro Gómez Hurtado bautizó “repúblicas independientes” en la década de los sesenta. Según sostiene Bejarano, por ejemplo, el Gobierno Duque “nunca estuvo interesado en las ZRC”. En efecto, durante sus cuatro años de mandato no se aprobó la constitución de ninguna zona de reserva campesina en el país.
Para Elver Medina, representante legal de la Asociación Campesina del Losada Guayabero (Ascal G), la aprobación de esa ZRC – ubicada en los municipios de La Macarena y Uribe – “es muy importante teniendo en cuenta que las ZRC garantizan los derechos de los campesinos en un Estado en el que las comunidades campesinas hemos sido totalmente excluidas”.
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Sin embargo, afirma que en el territorio ya han venido funcionando como una ZRC de hecho, “porque ya tenemos todo un proceso histórico de organización tanto en temas con las juntas de acción comunal, con la conservación, tenemos unos acuerdos ambientales que llamamos normas”. La diferencia ahora, explica, es que el Estado debe avanzar en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Sostenible que diseñó la comunidad campesina y en todas las iniciativas que dejaron allí plasmadas.
Lo mismo plantea Bejarano, quien también explica que en el Sumapaz la ZRC funciona de hecho. “Lo que pasa es que el reconocimiento oficial nos permite acceder a fuentes de financiamiento para el Plan de Desarrollo Sostenible, aplicar políticas públicas que adopte el Gobierno Nacional y captar recursos ya sea del presupuesto nacional o de cooperación internacional”. Eso sí representa un cambio material en su situación porque hasta ahora “cuando uno va y pide, nos dicen: ¿Pero ustedes están reconocidos o no? Es una formalidad de la norma. Entonces esto va a permitir avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina del territorio”.
Hace apenas unos días, el consejo directivo de la ANT había aprobado también la constitución de la ZRC La Tuna, ubicada en Santa Rosa (Cauca), la primera que se aprobó en el gobierno de Gustavo Petro.
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“Esto tiene todo que ver con el reconocimiento del derecho a la territorialidad campesina y a que ese derecho se reconozca en estas zonas que durante tantas décadas han sido tan fuertemente estigmatizadas, sobre todo porque estamos hablando del Sumapaz, de La Macarena”, recoge Ana Jimena Bautista.
Y además de ese significado, para la investigadora el potencial de esta figura está en los planes de desarrollo sostenible que vienen con ella: “Son una herramienta de planeación construida de abajo hacia arriba, en donde lo que están diciendo las comunidades es ‘necesitamos que llegue el Estado para hacer esto, esto y esto’; es una gran oportunidad en términos de construir procesos de planeación agenciados por las mismas organizaciones sociales”.
