En Colombia son cada vez más amplios los territorios dominados por poderes locales y regionales, que han hecho de la coerción armada y la intimidación un medio de control social y de recaudación ilegal de “impuestos”, remedo de artrópodos depredadores que superviven a contextos adversos con maravillosa capacidad adaptativa.
Mucho se está reseñando sobre las disidencias, los grupos armados organizados, los nuevos carteles de la droga, los mexicanos y todo tipo de estructuras herederas de la desmovilización, sin embargo, un mal mayor se cierne sobre los entornos locales y la realidad de las provincias, donde han hecho metástasis bandas armadas de diferentes tamaños y capacidades que aprovechan su experiencia para instituir organismos que materializan acciones de coerción y capital (Charles Tilly, 1992). En varios medios de comunicación regional y municipal e incluso en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se observa un angustiante mensaje sobre la consolidación y el reagrupamiento de antiguos combatientes en nuevos grupos que están rivalizando por el control del narcotráfico y un botín de igual valor, el control social, ya que configura un medio efectivo para el establecimiento de micro-monarquías de la criminalidad.
(Lea también: ¿Cómo los llamamos: paramilitares, disidencias, grupos residuales, terroristas?)
Esto, que en apariencia se presenta como un mal menor y de bajo impacto mediático, está abriéndose paso en zonas con difícil control institucional o de ausencia estatal; que tienen herencia histórica de violencia política y, que se han consolidado como santuarios de la ilegalidad. Sus nombres cambian según ubicación y varían en denominaciones como La Oficina, Los Muchachos, las Águilas Negras, los Clanes, Combos, Sayayines, Red de Seguridad Local y lo que las personas genéricamente nombran como “Paramilitares” estos, entre otros, se manifiestan como grupos delincuenciales que están integrados por antiguos excombatientes de las AUC o las FARC; venezolanos reclutados desde la frontera o en condición de migrantes; jóvenes que viven en precariedad y; en algunos casos, miembros activos y en retiro de la Fuerza Pública.
Este aterrador kraken, es el presente y futuro de la lucha contra la violencia y la criminalidad en los escenarios de posacuerdo que se manifiestan en Colombia. Algunos de estos se han dedicado a cooptar pasos estratégicos de las rutas de narcotráfico, lo que, infortunadamente, no es ninguna novedad, pero muchos otros están utilizando su experiencia en control social y amedrantación, para instituir monopolios como el del tomate, la papa, la cebolla, el turismo (caso de jóvenes asesinados en Palomino), la gasolina, autopartes, e incluso peajes clandestinos, entre otras actividades productivas, lo preocupante es que sus zonas de interés no son exclusivamente rurales, sino que han concentrado focos de acción en los entornos urbanos. La estrategia es la de siempre: se busca intimidar mediante amenazas, se dan dos o tres mensajes ejemplarizantes, se cobra una “contribución” por prestar servicios de “protección” al final estas acciones terminan normalizando la coexistencia entre la vida regulada por lo legal y la realidad local de lo ilegal.
Lo realmente preocupante, es que estas bandas no siempre se constituyen como organizaciones con alta estructuración de mando y estricta jerarquía vertical, sino que las hay de todos los tamaños
y capacidades, por eso han pasado inadvertidas a la sombra del Clan del Golfo, los Pelusos, el ELN, la disidencia de las FARC de Iván Márquez, la Columna Dagoberto Ramos y demás actores que se roban el debate público sobre la seguridad. Sin embargo, el problema acéfalo, parasitario y microcriminal, está constituyendo estructuras de control paralelas al Estado en lo local (barrio, comuna, vereda) en las que la gente queda presa, y que con el paso del tiempo termina naturalizando y potencializando. En ultimas, ¿para qué acudir a las autoridades si se sabe que son “los muchachos” los que solucionan el problema?
(Le puede interesar: Tierras, armas y frustración)
De ese modo, lo que inicialmente se manifestó como una acción invasiva para la promoción de intereses particulares, con el tiempo configura una transformación silenciosa y efectiva de la violencia como una forma de organización comunitaria, medio abreviado de poder y potencializador “natural” de éxito social. Lo que conlleva a que los más jóvenes se preguntaren ¿para qué la universidad si la “banda” me garantiza novia, armas, dinero y poder?
El reto mayúsculo está en que las instituciones en general y, la Policía Nacional en particular, no tienen los medios y personal para contener la avalancha de microcriminalidad que se está entretejiendo, ya que sus capacidades están concentradas en los espacios urbanos, el combate de los Grupos Armados Organizados y el crimen trasnacional. Y, aunque en efecto tuviera los medios necesarios, la solución no puede ser exclusivamente policiva, sino que requiere de una trasformación social-cultural.
Lamentablemente, este problema heredado del posacuerdo, es la clara manifestación de una mala transición, el panorama próximo se torna turbio, con certeza, en lo inmediato la criminalidad se verá disparada por el microtráfico y las nuevas formas de “seguridad privada”. La justicia por mano propia y el homicidio serán combustible para el caos, en tanto la paz sigue siendo esquiva. Se vienen tiempos difíciles.
jspachecoj@hotmail.com
En Colombia son cada vez más amplios los territorios dominados por poderes locales y regionales, que han hecho de la coerción armada y la intimidación un medio de control social y de recaudación ilegal de “impuestos”, remedo de artrópodos depredadores que superviven a contextos adversos con maravillosa capacidad adaptativa.
Mucho se está reseñando sobre las disidencias, los grupos armados organizados, los nuevos carteles de la droga, los mexicanos y todo tipo de estructuras herederas de la desmovilización, sin embargo, un mal mayor se cierne sobre los entornos locales y la realidad de las provincias, donde han hecho metástasis bandas armadas de diferentes tamaños y capacidades que aprovechan su experiencia para instituir organismos que materializan acciones de coerción y capital (Charles Tilly, 1992). En varios medios de comunicación regional y municipal e incluso en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se observa un angustiante mensaje sobre la consolidación y el reagrupamiento de antiguos combatientes en nuevos grupos que están rivalizando por el control del narcotráfico y un botín de igual valor, el control social, ya que configura un medio efectivo para el establecimiento de micro-monarquías de la criminalidad.
(Lea también: ¿Cómo los llamamos: paramilitares, disidencias, grupos residuales, terroristas?)
Esto, que en apariencia se presenta como un mal menor y de bajo impacto mediático, está abriéndose paso en zonas con difícil control institucional o de ausencia estatal; que tienen herencia histórica de violencia política y, que se han consolidado como santuarios de la ilegalidad. Sus nombres cambian según ubicación y varían en denominaciones como La Oficina, Los Muchachos, las Águilas Negras, los Clanes, Combos, Sayayines, Red de Seguridad Local y lo que las personas genéricamente nombran como “Paramilitares” estos, entre otros, se manifiestan como grupos delincuenciales que están integrados por antiguos excombatientes de las AUC o las FARC; venezolanos reclutados desde la frontera o en condición de migrantes; jóvenes que viven en precariedad y; en algunos casos, miembros activos y en retiro de la Fuerza Pública.
Este aterrador kraken, es el presente y futuro de la lucha contra la violencia y la criminalidad en los escenarios de posacuerdo que se manifiestan en Colombia. Algunos de estos se han dedicado a cooptar pasos estratégicos de las rutas de narcotráfico, lo que, infortunadamente, no es ninguna novedad, pero muchos otros están utilizando su experiencia en control social y amedrantación, para instituir monopolios como el del tomate, la papa, la cebolla, el turismo (caso de jóvenes asesinados en Palomino), la gasolina, autopartes, e incluso peajes clandestinos, entre otras actividades productivas, lo preocupante es que sus zonas de interés no son exclusivamente rurales, sino que han concentrado focos de acción en los entornos urbanos. La estrategia es la de siempre: se busca intimidar mediante amenazas, se dan dos o tres mensajes ejemplarizantes, se cobra una “contribución” por prestar servicios de “protección” al final estas acciones terminan normalizando la coexistencia entre la vida regulada por lo legal y la realidad local de lo ilegal.
Lo realmente preocupante, es que estas bandas no siempre se constituyen como organizaciones con alta estructuración de mando y estricta jerarquía vertical, sino que las hay de todos los tamaños
y capacidades, por eso han pasado inadvertidas a la sombra del Clan del Golfo, los Pelusos, el ELN, la disidencia de las FARC de Iván Márquez, la Columna Dagoberto Ramos y demás actores que se roban el debate público sobre la seguridad. Sin embargo, el problema acéfalo, parasitario y microcriminal, está constituyendo estructuras de control paralelas al Estado en lo local (barrio, comuna, vereda) en las que la gente queda presa, y que con el paso del tiempo termina naturalizando y potencializando. En ultimas, ¿para qué acudir a las autoridades si se sabe que son “los muchachos” los que solucionan el problema?
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De ese modo, lo que inicialmente se manifestó como una acción invasiva para la promoción de intereses particulares, con el tiempo configura una transformación silenciosa y efectiva de la violencia como una forma de organización comunitaria, medio abreviado de poder y potencializador “natural” de éxito social. Lo que conlleva a que los más jóvenes se preguntaren ¿para qué la universidad si la “banda” me garantiza novia, armas, dinero y poder?
El reto mayúsculo está en que las instituciones en general y, la Policía Nacional en particular, no tienen los medios y personal para contener la avalancha de microcriminalidad que se está entretejiendo, ya que sus capacidades están concentradas en los espacios urbanos, el combate de los Grupos Armados Organizados y el crimen trasnacional. Y, aunque en efecto tuviera los medios necesarios, la solución no puede ser exclusivamente policiva, sino que requiere de una trasformación social-cultural.
Lamentablemente, este problema heredado del posacuerdo, es la clara manifestación de una mala transición, el panorama próximo se torna turbio, con certeza, en lo inmediato la criminalidad se verá disparada por el microtráfico y las nuevas formas de “seguridad privada”. La justicia por mano propia y el homicidio serán combustible para el caos, en tanto la paz sigue siendo esquiva. Se vienen tiempos difíciles.
jspachecoj@hotmail.com