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Como cada 26 de junio, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Drogas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su Informe Mundial sobre Drogas 2025, una publicación esperada anualmente por gobiernos, académicos y las organizaciones de la sociedad civil, que no solo proporciona datos actualizados sobre las tendencias del mercado global de drogas, tanto de la oferta como de la demanda, sino que permite comprender las transformaciones, urgencias y contradicciones de la política global de drogas.
Este año, como en los anteriores, el informe alerta sobre un punto crítico: el consumo de drogas continúa aumentando de manera sostenida —316 millones de personas usaron alguna sustancia en 2023, lo que equivale al 6 % de la población global entre los 15 y 64 años— y, con ello, también ha crecido la proporción de personas que desarrollan trastornos por uso de sustancias.
El informe estima que alrededor de 64 millones de personas en el mundo presentan este tipo de trastornos, lo que representa el 20 % de quienes consumen drogas, una cifra significativamente mayor que las reportadas en años anteriores, cuando se estimaba entre el 11 % y el 13 %. Este incremento es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el acceso a servicios de salud, tratamiento y cuidado sigue siendo precario, desigual y profundamente limitado: apenas 1 de cada 12 personas con trastornos por consumo recibe atención, y en el caso de las mujeres, solo 1 de cada 18.
A esta situación se suma la información sobre la carga de enfermedad atribuible al consumo de sustancias. En 2021, se estimaron cerca de 500.000 muertes relacionadas con el consumo de drogas y la pérdida de 28 millones de años de vida saludable, principalmente por enfermedades hepáticas vinculadas a la hepatitis C y por sobredosis asociadas al uso de opioides, especialmente sintéticos como el fentanilo, cuyo impacto ha sido alarmante en países del norte global.
Persisten además riesgos elevados entre personas que se inyectan drogas, con altas prevalencias de VIH y hepatitis C, especialmente en regiones de África, Asia y Europa del Este. A pesar de esta carga sanitaria, el informe ofrece escasa información sobre el acceso real a estrategias para mitigar estos daños. No se profundiza, por ejemplo, en la disponibilidad de tratamientos antivirales de acción directa para la hepatitis C, en la cobertura de terapia antirretroviral para personas con VIH, o en la distribución de naloxona, un medicamento esencial para revertir sobredosis por opioides.
La omisión de estos aspectos refleja una preocupante desconexión entre el diagnóstico del problema y la discusión sobre las respuestas concretas que pueden ayudar a mitigarlo y sobre todo ayudar a proteger y salvar vidas.
La disparidad en el acceso a tratamiento responde a múltiples barreras estructurales que perpetúan la exclusión: el estigma social, la escasez de servicios, la concentración geográfica de la oferta en zonas urbanas, los costos directos e indirectos del tratamiento, la falta de personal capacitado y la casi total ausencia de servicios adaptados a poblaciones específicas como mujeres con responsabilidades de cuidado, la población indígena o las personas en zonas rurales.
El informe refleja que las barreras de acceso a tratamiento (y a otras alternativas de intervención) se han convertido en una forma de violencia institucional que desatiende de manera sistemática a quienes más necesitan apoyo, y refuerza los ciclos de marginación y vulnerabilidad que la política de drogas debería justamente transformar.
Además, a pesar de que la reducción de daños fue reconocida por primera vez en una resolución histórica durante la 67.ª Sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND67, marzo de 2024), ese logro político no ha sido acompañado por un respaldo institucional real. Como se señaló previamente, el informe apenas hace referencia a estrategias de reducción de daños, sin mencionarlo más allá de los programas de mantenimiento con agonistas opioides. Este silencio revela que, aunque ahora tenemos reconocimiento formal del enfoque, seguimos lejos de considerarlo una alternativa prioritaria.
La reducción de daños, entendida como un conjunto de estrategias basadas en evidencia, que buscan prevenir y mitigar las consecuencias adversas del uso de drogas sin exigir la abstinencia, tiene beneficios claros: reduce muertes por sobredosis, transmisión de VIH y hepatitis, y mejora el acceso a servicios de salud, sin incentivar el consumo. Su rol, contrario a lo que muchos piensan, es complementario a la prevención y el tratamiento (y es clave para revertir la lógica punitiva que tanto daño ha causado), por lo que las mediciones sobre el acceso a estas estrategias también debería ser incluido en este informe.
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Tras décadas de esfuerzos por alcanzar un “mundo libre de drogas”, los datos del Informe Mundial sobre Drogas 2025 confirman, una vez más, el fracaso de ese paradigma. Hoy enfrentamos niveles históricos tanto en la oferta como en la demanda de sustancias, y lejos de acercarnos a la utopía de su erradicación, hemos profundizado sus consecuencias más graves: muertes evitables, enfermedades prevenibles, desigualdad estructural y exclusión social. Este escenario exige dejar atrás el enfoque prohibicionista y avanzar hacia soluciones pragmáticas, centradas en las personas, que reconozcan la complejidad del fenómeno del consumo y respondan con estrategias de salud pública, justicia social y garantía de derechos.
Colombia, lejos de ser ajena a estas tensiones globales, ha asumido un papel protagónico en el impulso de una reforma internacional de la política de drogas, cuestionando los enfoques punitivos tradicionales y promoviendo una visión más progresista. La adopción de la Política Nacional de Drogas 2023–2033, que incorpora el enfoque de reducción de daños y plantea la regulación responsable de ciertos mercados, representa un avance significativo en esa dirección. Sin embargo, este giro estratégico no puede quedarse en el plano discursivo o normativo: debe traducirse en transformaciones concretas en los territorios, especialmente en aquellos históricamente atravesados por la violencia, la exclusión y el abandono estatal.
A pocos meses de un nuevo cambio de gobierno, resulta urgente consolidar acciones que hagan tangible esta política en el nivel local y asegurar que los avances logrados sean sostenibles en el tiempo, más allá de los ciclos políticos.
Los resultados del Informe Mundial sobre Drogas 2025 no pueden seguir siendo leídos como simples estadísticas anuales; deben convertirse en una herramienta para tomar conciencia de la urgencia de un viraje en la política global de drogas.
La evidencia acumulada exige abandonar los enfoques punitivos que han demostrado ser ineficaces y avanzar hacia estrategias centradas en el cuidado. No se trata solo de reconocer que el paradigma actual ha fallado, sino de actuar en consecuencia, fortaleciendo políticas basadas en evidencia que respondan a la complejidad del fenómeno y a las necesidades reales de las personas y comunidades afectadas.
Carolina Pinzón Gómez*
*Directora del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública Educación. Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas - CESED