El 26 de septiembre de 2022, Gilberto Ávila Llano, expolicía que había trabajado en la aspersión aérea con glifosato contra cultivos de coca, logró acceder a la eutanasia. Había sido diagnosticado con párkinson juvenil desde 2009 y su sufrimiento se había hecho insoportable.
El enfoque que ha caracterizado y contado al narcotráfico y sus efectos como el determinador fundamental del conflicto y lo ha convertido en una amenaza terrorista contra el Estado democrático es más que incompleto. El que lo ha reducido a un caso de estudio entre otros también ha sido equivocado. Es innegable que la “guerra contra las drogas” decretada por los Estados Unidos para sí y para sus aliados, ha sido determinante en la prolongación del conflicto armado en Colombia; en daños, crímenes y violaciones a los derechos humanos que nadie ha investigado, y en la imposibilidad de esa solución total que ahora se proyecta.
La Comisión de la Verdad se preguntó por la forma como la persecución del consumo de drogas ilegalizadas se convirtió en un factor clave en la degradación y persistencia del conflicto armado. Lo que halló es que bajo el prohibicionismo y con “la guerra contra las drogas” se han ejecutado “crímenes de discriminación” contra personas y poblaciones que por sus sufrimientos son víctimas; crímenes que más que con el despojo de tierras, la eliminación de la oposición política o la disputa de territorios de ubicación estratégica han tenido que ver con la legitimación de la presencia de los paramilitares y las guerrillas en determinados lugares. Violando los derechos humanos de consumidores o induciendo a otros al consumo se ha buscado el beneplácito de pueblos afanados por el orden y se han favorecido el reclutamiento y las ejecuciones extrajudiciales. Más allá, la Comisión halló una larga historia de consumo intrafilas que demuestra el uso de drogas sobre todo entre soldados oficiales que han tenido la orden de librar la “guerra contra las drogas”, paradójicamente.
En su discurso de posesión el Presidente Petro habló de la guerra contra las drogas como un elemento fundamental frente a la paz total. Mencionó la necesidad de cambiar esta guerra, fracasada, y la política que se desprende de esa orientación, por una política fuerte frente al consumo en las sociedades desarrolladas. Como el Presidente Santos cuando recibió el Premio Nobel de Paz, clamó ante las Naciones Unidas por el reconocimiento del fracaso de la guerra contra las drogas.
En los discursos mencionados se ha hablado de cerca de un millón de personas, la mayoría colombianas, asesinadas en el marco de la guerra contra las drogas. Sin embargo, es muy poco lo que sabemos de estas personas víctimas. Sí, se han emprendido procesos de esclarecimiento y memoria frente a las víctimas del narcotráfico, con ese enfoque recortado, pero la incapacidad para conocer los nombres, los rostros y testimonios de las víctimas de la guerra contra las drogas de manera amplia ha significado que no se comprenda masiva y profundamente la magnitud de su fracaso. Ni qué decir sobre casos como el de Gilberto Ávila, que reclamó su condición de “víctima olvidada del conflicto”, denunciado que “nadie habla de esto, nadie nos tiene en cuenta”.