La corrupción de los privados que no menciona ‘el ingeniero’

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Cuando se le ha cuestionado al candidato Rodolfo Hernández por su postura ante la implementación de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, ha contestado que si es elegido trabajará para cumplirlos, pero no entrega detalles de cómo lo hará. Como en casi todos los temas, Hernández reduce las causas del enorme conflicto social a la corrupción del Estado, pero jamás menciona la corrupción de empresarios tan presentes en el origen y la evolución de las violencias que ha vivido el país.

En Colombia la justicia se ha quedado muy corta a la hora de aportar a la verdad sobre las responsabilidades de empresarios de todo tipo en entramados de corrupción directamente ligados al conflicto armado. Son varios los casos documentados desde la prensa y denunciados por organizaciones sociales que muestran cómo intereses privados se asociaron a funcionarios públicos y/o grupos armados para enriquecerse a costa de las víctimas.

La guerra siempre ha sido un enorme negocio en Colombia y una de las principales fuentes de recursos que han ido a llenar los bolsillos de unos pocos empresarios y políticos han sido los recursos públicos. Todos estos actores de poder, aliados con estructuras criminales en lo que llamamos paramilitarismo, hicieron todo lo posible por capturar el Estado con toda su contratación a diferentes niveles. Por supuesto que políticos y funcionarios locales se enriquecieron con estos dineros, pero quienes facturaron por estos negocios manchados de sangre fueron los contratistas privados.

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El libro Justicia transicional y responsabilidad corporativa, publicado en 2020 y escrito por tres investigadores asociados a la Universidad de Oxford encontró que había 439 actores económicos reportados en el proceso de Justicia y Paz, la mayoría relacionados con grupos paramilitares. Aunque esta jurisdicción compulsó copias por estos casos a la justicia ordinaria, es muy poco lo que se ha hecho para conocer la verdad en estos casos.

Un claro ejemplo de cómo esta alianza criminal le apuntó a quedarse con miles de millones de pesos de recursos públicos es el despojo de tierras para el montaje de grandes proyectos agroindustriales. ¿Cuántos empresarios terminaron pidiendo préstamos que nunca pagaron al Banco Agrario para financiar proyectos con las tierras de las víctimas? El caso de Urapalma (Ver: Licencia para el despojo en el Urabá - Darién), uno de los pocos en los que ha actuado la justicia, mostró cómo hombres de negocios antioqueños y costeños terminaron aliados con funcionarios públicos y el mismo Vicente Castaño para montar un enorme proyecto palmero con plata de nuestros impuestos.

Todo esto sin contar con las empresas que se vieron favorecidas por las actuaciones de funcionarios públicos que legalizaron el despojo. Un puñado de apenas 30 empresas tienen concentradas cerca de medio millón de hectáreas en los Llanos Orientales, parte de ellas prácticamente robadas al Estado (especialmente a los pueblos indígenas) por personajes como Víctor Carranza (Ver Vichada: tierra de hombres para hombres sin tierra) y narcotraficantes como Leonidas Vargas. Todas estas operaciones aprobadas por aparatos de corrupción pública en la que participaron notarios, registrados y funcionarios del Incora y del Incoder, de la que evidentemente salieron ganando los grandes negocios de privados a costa de la Nación.

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Y por supuesto, también hay casos, como el del mismo Rodolfo Hernández, de empresarios que entran y salen del Estado por esa gran puerta giratoria que los vuelve funcionarios públicos con el poder suficiente para favorecer sus propios negocios con los recursos de los contribuyentes. Solo hay que revisar el caso Vitalogic, por el que está imputado el candidato para entender cómo funciona el negocio.

Pero de toda esta corrupción no habla Hernández. Sólo señala hacia lo público porque es un mensaje que cala muy fácilmente entre un electorado cansado de un Estado lleno de escándalos que muestran que se puede gobernar sin ética y con total impunidad. No se trata de generalizar y estigmatizar a los empresarios, pero es evidente que hay muchos actores económicos muy poderosos que han sacado una enorme tajada del conflicto social en el que vive el país hace décadas.

El mito de la empresa privada pulcra y el empleado público corrupto es recurrente en la política, especialmente cuando hay una fuerte crisis en la credibilidad de los actores estatales. Por supuesto, el mito viene acompañado de propuestas para reducir el Estado a su mínima expresión, pero el pasado nos muestra que esto no garantiza un buen uso de recursos públicos. También la historia ha puesto en evidencia que, casi siempre, para robar plata del Estado, se necesita la complicidad entre políticos y empresarios.