La desaparición forzada: el verdadero flagelo del conflicto colombiano

El próximo 30 de agosto se conmemorará el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, una fecha que siempre se quedará corta para recordar a los cientos de miles de personas que han sido desaparecidas en la historia reciente de Colombia.

Para 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) había logrado individualizar 111.640 personas víctimas de desaparición forzada, sin embargo, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) estima que, teniendo en cuenta el subregistro, entre 1985 y 2015, fueron desaparecidas alrededor de 210.000, en el marco del conflicto armado.

Bien sea que tomemos el número individualizado por la UBPD o la estimación de la CEV, nos encontramos frente a una problemática social y humana de gran magnitud. Para poner un poco en contexto, las estimaciones más pesimistas de la dictadura argentina, indican que durante este periodo fueron desaparecidas alrededor de 30.000 personas. De hecho, si sumamos los desaparecidos de todas las dictaduras del cono sur -Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil-, las víctimas de desaparición forzada en Colombia superarían las de todas estas dictaduras juntas.

Debido a la inmensa tragedia que significa contar desaparecidos por cientos de miles, es que en las conversaciones de paz con las FARC se acordó la creación de una entidad independiente que se dedicara exclusivamente a buscar a las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto. Es así como nace la UBPD, entidad que ha jugado un rol fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas en los últimos años, reivindicando los derechos de las víctimas y sus familias, y recordándonos la importancia de evitar que situaciones como las vividas en 2002 -fecha en que se alcanzó el pico de personas desaparecidas- se repitan en el país.

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No obstante, la creación de la UBPD no ha sido suficiente para identificar a todas las personas desaparecidas en el marco del conflicto, de hecho, hace 3 años, cuando la CEV publicó su informe de hallazgos y recomendaciones, proponía una serie de medidas adicionales para fortalecer esta importante tarea de encontrar a las personas desaparecidas, entre las cuales se encontraba la necesidad de mejorar la articulación entre la UBPD, la Fiscalía General, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la JEP; priorizar la identificación de los 25.000 cuerpos no identificados y garantizar políticas a nivel territorial y nacional para la custodia, preservación y dignificación de los cuerpos no identificados, entre otras.

En 2023, con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno incluiría algunas de estas recomendaciones, creando un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que, a su vez, estaría encargado de formular una política pública integral de protección de derechos de las víctimas para la prevención y erradicación de la desaparición forzada de personas.

Hasta el momento, el gobierno ha cumplido con la creación y reglamentación del Sistema Nacional de Búsqueda, una instancia importante, pues cuenta con la participación de las familias de las personas desaparecidas, y logró integrar lo que hasta el momento venía funcionando como 2 sistemas aparte: la UBPD y la Comisión Nacional de Búsqueda creada en el año 2000, pero con un alcance limitado, debido a que su funcionamiento dependía de la voluntad de las cabezas de las entidades que la componen.

Asimismo, en 2024, el gobierno lograría la aprobación en el congreso de la ley de mujeres buscadoras (ley 2364), cuya construcción contó con la participación activa de organizaciones de mujeres buscadoras como la Fundación Nydia Erika Bautista. Esta ley reconoce la importante labor que han realizado las mujeres buscadoras el país, por lo cual las reconoce como constructoras de paz y les garantiza derechos como el acceso a la información y a la justicia, el acceso a atención psicosocial, la protección y seguridad para realizar la búsqueda de personas desaparecidas y apoyos económicos no condicionados, así como medidas que faciliten su acceso a salud, educación y vivienda.

Si bien, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda y la expedición de la ley de mujeres buscadoras son logros importantes que apuntan a un fortalecimiento sustancial tanto de los mecanismos institucionales de búsqueda como del reconocimiento de la labor de las mujeres, familias y organizaciones que han liderado y apoyado la búsqueda de personas hace décadas, aún faltan pasos por andar, pues la falta de articulación a nivel nacional y territorial sigue siendo uno de los principales obstáculos en la búsqueda de personas, obstáculo que se esperaba superar, en parte, con la formulación de la Política Nacional de Búsqueda que planteaba el Plan Nacional de Desarrollo, pero que hasta el momento no se ha materializado.

De hecho, en el informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en abril de este año, este fue uno de los puntos a destacar, pues, si bien la ONU reconoció los avances que se han alcanzado en el marco normativo, resaltó que es importante garantizar el cumplimiento de estas normas, pero a la vez crear una política pública integral para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas en el país.

Así las cosas, si bien hay que aplaudir los avances importantes que han significado la ley de mujeres buscadoras y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, es importante que este gobierno no se conforme con esto, y formule una política pública que fortalezca los mecanismos de articulación, prevención y búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pues atender este problema es una necesidad urgente en materia de derechos humanos, más cuando se ha documentado un incremento importante de estos hechos en situaciones particulares de vulnerabilidad como el desplazamiento forzado y la migración, donde sólo en el Tapón del Darién la OIM documentó 536 desapariciones entre 2014 y 2024.

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