Una ventana de oportunidad para la transparencia en los presupuestos de la paz

La coyuntura actual de desfinanciación respecto a las discusiones en el Congreso sobre el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025, pone sobre la mesa que el erario requiere una transparencia en todas sus fases, desde los procesos de formulación y construcción, hasta la ejecución y veeduría a estos. Son varias las razones que hacen indispensable que para tomar decisiones con respecto a la asignación de los recursos públicos y la garantía de diálogo con la ciudadanía, también sea importante conocer los resultados del gasto público y así saber con certeza cuánto dinero ingresa al presupuesto y cómo se realiza su respectivo gasto.

La demanda por una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos ha crecido en todo el mundo. En Colombia, esta necesidad se ha vuelto aún más urgente, considerando los recientes hechos que se suman a una ya larga cadena de escándalos y abusos en el uso de los dineros públicos, la reducción del presupuesto de este año debido a la desfinanciación, la mala administración que ha afectado a diversas instituciones donde hay atraso en la ejecución de los recursos y los problemas en torno a la aprobación del presupuesto de 2025 en el Congreso. En este contexto, el proyecto de ley 175 de 2023 de la Cámara de Representantes, de presupuestos abiertos, surge como una oportunidad para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana en el gobierno, al ser posible entablar diálogos de concertación entre administración pública y ciudadanía. Iniciativa legislativa que se ha buscado en el país desde hace varios años teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de presupuestos abiertos.

Ha sido explorada la opción de incluir, en el ciclo presupuestal colombiano, algunas de las observaciones que realizan desde International Budget Partnership en el marco de su encuesta mundial de presupuestos abiertos, que en la última edición se realizó en 125 países y Colombia ocupó el puesto 61. En esta investigación se revisaron 3 variables: transparencia, vigilancia y participación ciudadana, donde se obtuvo un menor resultado en el tercer componente. Razón por la cual es clave que se fortalezcan las apuestas de participación para mejorar los resultados de ese componente.

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La iniciativa de presupuestos abiertos propone que todos los procesos relacionados con la formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto nacional sean accesibles al público. Esto implica no solo la publicación de documentos y cifras, sino también la creación de mecanismos de participación ciudadana que permitan a quienes lo soliciten opinar y contribuir a la asignación de recursos. Participación de la ciudadanía que se encuentra relegada en el proyecto de ley.

Además, es crucial que se creen espacios de participación efectiva. No se trata solo de informar, sino de involucrar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Esto puede incluir consultas públicas, foros de discusión y mecanismos para que la ciudadanía pueda presentar sus propuestas y preocupaciones. La participación ciudadana no debe ser un mero trámite o una inclusión efímera, sino que debe ser una parte integral del proceso presupuestario que acompañe los ciclos del presupuesto, de cara a que se incluyan mecanismos de participación dialogados con organizaciones de sociedad civil, con posibilidad realista y práctica de ser realizados. Espacios que sean fieles a los principios de la democracia participativa y no se conciban sólo desde la representativa.

Recientemente, el OCAD Paz ha sido objeto de denuncias por corrupción y falta de transparencia en la asignación de recursos del Sistema General de Regalías. Entre los casos más destacados, se encuentran proyectos con una mala calidad de las obras, proyectos finalizados con obras inconclusas, proyectos que no cumplían con el objetivo para el cual se pedían los recursos, malos manejos financieros, incumplimiento de lo planeado y la falta de sostenibilidad de los proyectos a largo plazo. Estos escándalos han generado un fuerte cuestionamiento sobre el uso eficiente de los recursos destinados a la paz, afectando con ello la confianza pública en las instituciones encargadas de la reconstrucción en los territorios más vulnerables.

Es por esto que para promover y garantizar que la participación de la ciudadanía sea efectiva en lo que respecta a los proyectos para la paz, es clave que el proyecto de Ley en mención garantice la transparencia presupuestal por varias razones. Primero, para fomentar la rendición de cuentas. Cuando los ciudadanos tienen acceso a información clara y comprensible sobre cómo se gastan los recursos públicos, pueden exigir responsabilidades de los funcionarios. Esto es crucial en un país como Colombia, donde la percepción de corrupción es alta y la confianza en las instituciones es baja. Para esto es clave que se precisen cuáles son los documentos de acceso público en todo el ciclo presupuestal, y que la información sea lo más detallada posible.

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Segundo, la transparencia en el uso de los recursos públicos puede mejorar la eficiencia en su asignación. Cuando el presupuesto es transparente y la ciudadanía puede no sólo observar cómo se distribuyen los fondos sino también tener voz a la hora de asignarlo, hay menos espacio para el despilfarro y la corrupción. Además, ello permite la posibilidad de proponer alternativas más efectivas y eficientes, lo que puede llevar a una mejor utilización de los recursos. Hay metodologías que facilitan esto, como lo son los presupuestos participativos. Es clave revisar cómo implementarlo en diferentes sectores, en especial en lo relacionado con el Acuerdo de Paz. Allí hay un compromiso del Estado colombiano, no solo con la otra parte firmante, sino con la población colombiana que ha vivido el conflicto por años.

Sin embargo, para que el proyecto de ley de presupuestos abiertos tenga un impacto real, debe apuntar a que no basta sólo con publicar datos. Es esencial que la información sea presentada de manera clara y accesible en varios formatos. Muchas veces, los documentos presupuestales son complejos y difíciles de entender para el ciudadano común. Por lo tanto, se deben implementar herramientas y plataformas que faciliten la comprensión y el análisis de los datos presupuestarios, y una alternativa es articular, o unificar en una sola, las diferentes plataformas de divulgación de información presupuestaria para que sea más sencillo operar un solo aplicativo y no revisar varios para revisar las asignaciones presupuestales.

En conclusión, el proyecto de ley de presupuestos abiertos representa un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas en Colombia, el cual no solo aplica con los asuntos de la paz sino con los demás temas y asuntos sectoriales. Pero su éxito dependerá de la implementación efectiva de sus principios y de la creación de un ambiente donde la ciudadanía se sienta verdaderamente empoderada para participar en la gestión de los recursos públicos. La transparencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir un gobierno más justo, eficiente y democrático. Es momento de que en Colombia se avance hacia un modelo de gestión pública que ponga a la ciudadanía en el centro y que priorice la honestidad y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

*Columna de la Fundación Foro Nacional por Colombia, escrita por Nicolás David Ulloa del Capítulo Foro Región Central.

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